La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) analiza por primera vez en su corte un caso de desaparición forzada cometida en México.
El hecho ocurrido en 2009 en Chihuahua pasó en el contexto de la guerra contra el narcotráfico que se inició en el país durante el sexenio de Felipe Calderón.
Las tres víctimas Nitza Paola Alvarado Espinoza, Rocío Irene Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera, fueron privados de su libertad presuntamente por soldados, así se ha logrado determinar con elementos y testigos, después no se supo más de ellos.
El caso Alvarado podría marcar un antes y un después en este tipo de casos en México, según las recomendaciones que emita la Corte las cuales podrían darse este viernes 27 de abril.
La audiencia pública comenzó este jueves a las 9:00 horas, sesión que terminará aproximadamente a las 18:30, y que continuará al día siguiente, con la presencia de familiares de la tres víctimas y expertos que le han dado seguimiento al tema, así como representantes de las autoridades.
Durante la primera parte de la audiencia, el perito Federico Andreu expuso que las quejas por presunta desaparición forzada pasó de 186 en 2006, inicio del sexenio calderonista, a mil 791 en 2009, por lo que la tendencia ha marcado un aumento.
También el jurista destacó los obstáculos que han encontrado por parte de miembros del Batallón 35, señalados en el caso, así como el aislamiento de la investigación.
Sobre la Ley de Seguridad Interior, Andreau expresó su preocupación por la “nebulosa” frente a los poderes que se le pueden otorgar a las Fuerza Armadas.
Por su parte, los representantes de la autoridad, entre ellos la Ministerio Público, Marina Colín Ayala, defendió ante la CIDH que fueron miembros del crimen organizado, vestidos de militares, quienes cometieron la desaparición de los Alvarado, ya que justificó que en esa zona de Chihuahua ya no había presencia militar.
