‘Anarcos’ vs. GDF: Se declara la guerra

“Un alcalde y su esposa asesinan a seis estudiantes, desaparecen a 43 y solamente son arraigados, 11 jóvenes se manifiestan contra eso y son consignados a penales de máxima seguridad. El país está de cabeza”.

Con esta frase grupos de apoyo a los detenidos durante la manifestación del pasado 20 de noviembre reclaman al Gobierno local y federal el envío a penales federales de Veracruz y Nayarit a 11 detenidos durante los disturbios de ese día.

Es la segunda ocasión que el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, está en el centro de la polémica y se le acusa de permitir detenciones arbitrarias durante protestas efectuadas en la capital.

Mancera y su administración quedaron marcados luego de las masivas detenciones del 1 de diciembre de 2012 durante la toma de protesta de Enrique Peña Nieto como presidente de México.

La inconformidad arreció ayer luego que la Procuraduría General de la República (PGR) aplicó mano dura en contra de 11 de los detenidos, a quienes acusó y consignó por asociación delictuosa, tentativa de homicidio y motín, razón por la cual fueron trasladados a penales federales.

Cuatro detenidos más fueron enviados a reclusorios locales por delitos del fueron común.

“Organizaciones de la sociedad civil exigen al Gobierno federal no utilizar el sistema de justicia para inhibir la protesta. Además que se lleven a cabo las investigaciones conforme a derechos humanos y las garantías del debido proceso”, manifestó el grupo que apoya a los detenidos. 

Más de 100 organizaciones pro derechos humanos de todo el país, exigieron que se garanticen derechos fundamentales como la libertad de reunión y de asociación pacífica, así como la libre expresión durante las marchas.

Además pidieron que no se permitan abusos por parte de las fuerzas de seguridad y que se apliquen las sanciones correspondientes.

Y es que tres días de la mega marcha nacional del 20 de noviembre para exigir la aparición con vida de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, existen dudas no aclaradas de la supuesta participación de militares vestidos de civil infiltrados en la movilización.

Nadie ha aclarado las fotografías con las que se pudo comparar a hombres vestidos de civiles que fueron captados en vehículos militares la mañana del viernes, con otras imágenes donde presuntamente aparecen provocando y causando destrozos durante las protestas.

La falsa alarma

A través de las redes sociales (por donde principalmente se comunican los llamados anarquistas) se difundió una sentencia condenatoria contra un grupo de siete detenidos desde junio de 2013 por ataques a la paz pública y ultrajes a la autoridad, entre ellos Carlos Esteban Jiménez Martínez, promotor de Andrés Manuel López Obrador y dirigente de juventudes del Partido del Trabajo (PT).

El 19 de noviembre, horas antes de la mega marcha nacional, circuló un documento con la sentencia en contra de estos siete hombres que fueron detenidos el 10 de junio del año pasado por causar disturbios durante la marcha por conmemoración al llamado “halconazo” de 1971.

De acuerdo con ese documento, el juzgado que llevó el caso determinó que Diego Mora Cardoso o Diego Morán Alonso, Fredy Rosete Arizpe, Diego Jacob Rodríguez Lara, Carlos Esteban Jiménez Martínez, Jorge Alejandro Velázquez Picazo, Carlos Vázquez Martínez y Luis Siddhartha Barrera Fuentes son “penalmente responsables de los delitos de ataques a la paz pública, ultrajes a la autoridad en pandilla y daños a la propiedad diversos”.

Debido a lo anterior, les dictó una pena de cuatro años, cuatro meses y tres días de prisión, la suspensión de sus derechos políticos por un año y una multa de 116 días de salario mínimo.

Además de obligarlos a la reparación del daño derivado del delito de daño a la propiedad doloso, cometido en agravio del Gobierno del Distrito Federal (GDF) por la cantidad de 3 mil pesos y de la Secretaría de Seguridad Pública del DF, por la cantidad de 8 mil 300 pesos.

La sentencia cayó como bomba entre el grupo de familiares y amigos, algunos de los cuales son señalados como parte del grupo de anarquistas que continuamente se confrontan con granaderos y preventivos de la SSPDF.

En el grupo de los sentenciados está, Carlos Esteban Jiménez Martínez, quien fue ubicado durante el 2013 como uno de los principales activistas que encabezaba las provocaciones y encontronazos con los uniformados.

Jiménez Martínez fue dirigente de la Juventudes del PT pero también uno de los principales promotores entorno a la figura de Andrés Manuel López Obrador.

Fue a partir de que las autoridades capitalinas comenzaron a rastrear las actividades del llamado “Bloque Negro” que se logró la identificación de este joven en las movilizaciones violentas y de protesta en el DF.

Al difundirse la de la supuesta sentencia, horas antes de la movilización del 20 de noviembre que terminó en el encontronazo entre policías y encapuchados, un grupo de los considerados “anarquistas” juró vengar a sus presos durante la movilización.

Sin embargo, el documento que circuló y que encendió los ánimos no aclaraba que pese a dicha sentencia el grupo logró salir de prisión mediante fianza.

Carlos Esteban Jiménez efectivamente fue procesado por ataques a la paz pública y ultrajes a la autoridad; sin embargo, el 17 de junio de 2013 salió provisionalmente bajo fianza.

La historia se repite

De nueva cuenta Miguel Ángel Mancera y Enrique Peña Nieto enfrentan la acusación de permitir las detenciones arbitrarias.

En este ambiente de convulsión, defensores de derechos humanos, anarquistas y políticos piden que el Estado Mexicano revise las aprehensiones y libere a los jóvenes.

Mientras, los padres de familia de los jóvenes de Ayotzinapa amagan: si no aparecen…tomarán las armas.