El 5 de diciembre Claudia Sheinbaum cumple dos años al frente del Gobierno de la Ciudad de México, en el contexto de un año atípico marcado por la pandemia de COVID-19.
Aunque en 2020 la atención a la contingencia ha sido el tema prioritario, existen logros como una reducción generalizada de 36 por ciento en delitos de alto impacto como el homicidio y los asaltos a transeúnte en comparación con 2019, dio a conocer el 10 de noviembre pasado el Gobierno local.
Otro logro que destacó la administración capitalina fue el apoyo brindado a la población por la emergencia como Mi Beca Para Empezar que se entregó a todos los menores estudiantes sin distinción a partir de este año.
También se fortalecieron las acciones a favor de las mujeres como los senderos Camina Libre, Camina Segura; y se inició el proyecto de renovación integral de la Línea 1 del Metro que será la primera gran intervención que tendrá este medio de transporte y que costará 37 mil millones de pesos, dicho proyecto se realizará durante los próximos 19 años.
Sin embargo, especialistas consideran que hay dos temas en su gestión en los que se debe corregir el rumbo de cara al tercer año: la política económica y la atención a la violencia de género.
Respecto al tema de la economía, afirman que se debe romper la inercia de seguir la línea que dicta el Gobierno federal para que la ciudad tenga un crecimiento más eficiente.
Mientras que en violencia de género, señalan que las acciones deben ser integrales y hace falta que atiendan el principal lugar donde se dan las agresiones contra las mujeres que es en el núcleo familiar.
Gobierno de Claudia Sheinbaum debe romper inercia
El Gobierno de la Ciudad de México a cargo de Claudia Sheinbaum debe tomar medidas económicas de manera autónoma y dejar de seguir la línea del Poder Ejecutivo federal para que exista una recuperación económica más pronta, dice Artemisa Montes Sylvan, directora del Observatorio Mexicano de la Crisis y académica de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle.
La crisis económica en la metrópoli, derivada de la suspensión de actividades económicas de marzo a junio por la pandemia de COVID-19, ha provocado el cierre de 35 mil empresas, según estimaciones de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) dadas a conocer el 23 de noviembre.
Además, el 24 de junio de 2020, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) informó que hasta esa fecha se habían perdido 220 mil empleos por la contingencia sanitaria.
Montes Sylvan explica que desde 1997, cuando Cuauhtémoc Cárdenas fue electo como el primer jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, la capital del país ha tomado su propio camino en materia económica, independiente de la administración federal.
La académica apunta que ahora que el Gobierno de México y el de la CDMX son del mismo origen partidista, la administración local se alinea a las decisiones del Ejecutivo Federal.
“A la ciudad le había funcionado tener un manejo independiente de la política social y económica de la del Gobierno federal. Ahora podemos ver que ambas administraciones tienen la misma línea, se están aplicando las mismas medidas de austeridad, en lugar de que la capital tome su propio camino”, declara.
Como ejemplo, explica la especialista, en la capital no se han dado apoyos a los empresarios a pesar de que es una medida que podría impulsar la economía local, esta política se equipara a las determinaciones a nivel federal.
“Se necesitan acciones directas para apoyar a la economía”, enfatiza.
Violencia de género sin atención integral
Las acciones tomadas en la capital del país como consecuencia de la declaratoria de la Alerta de Género del 25 de noviembre de 2019, no son medidas integrales que ayuden a reducir la violencia contra las mujeres, afirma Lucía Núñez, académica del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
En coincidencia con la falta de medidas para contener las agresiones, las cifras oficiales indican que los delitos en contra de las mujeres aumentaron durante este año. De enero a octubre se registraron 61 víctimas de feminicidio en la capital, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
De dicho número, 26 asesinatos de mujeres por razones de género tuvieron lugar de marzo a junio; es decir, el 42 por ciento ocurrió durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19.
Núñez considera que pese a la declaratoria de la Alerta de Género y de que se aprobaron leyes como la Olimpia contra la violencia digital y la del registro público de agresores sexuales, aún no se atiende de manera integral la problemática.
La investigadora del CIEG explica que dichas leyes están hechas para identificar agresores sexuales y de mujeres en el supuesto de que son personas desconocidas y que están fuera del círculo cercano.
No obstante, señala, la violencia de género ocurre regularmente en el núcleo familiar y social íntimo.
“Estas medidas no contemplan que los mayores agresores están dentro del hogar y un registro público se está pensando en un agresor de afuera”, afirma.
En 2019 el Inegi dio a conocer en un comunicado que el 43 por ciento de las mujeres víctimas de agresiones por razones de género en el país eran violentadas por su pareja.
La Ley del Registro Público de Agresores Sexuales fue aprobada por el Congreso local en marzo; sin embargo, afirma Núñez, hasta el momento se desconoce cuál es su avance en la implementación.
Por lo que ambos factores hacen suponer que esta ley fue una medida reactiva a las protestas feministas pero que no atiende el problema real y lo que se debe hacer es tomar medidas que enfrenten la situación desde la familia.