Con 205 votos a favor y 168 en contra, la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen de una nueva Ley de Comunicación Social, impulsado por el Partido de la Revolución Institucional (PRI).
La legislación responde al mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que instó a crear una ley reglamentaria al artículo 134 de la Constitución, que fue reformado en 2014.
Los votos a favor de la Ley se contaron entre diputados del PRI y Nueva Alianza; PAN, PRD, MC y Morena se pronunciaron en contra.
ARGUMENTOS A FAVOR Y EN CONTRA
De acuerdo con la versión del PRI, entre los beneficios de la Ley de Comunicación Social se cuentan:
Englobar la propaganda gubernamental en el concepto de comunicación social
Buscar que la publicidad del gobierno no influya en la equidad de los procesos electorales
Reducir el gasto de comunicación social que realiza el gobierno
Garantizar la libertad de expresión
El diputado Ricardo García Portilla del PRI señaló que “en suma, estableceremos más controles democráticos sobre la contratación y mejor vigilancia del gasto de comunicación social sin necesidad e crear nuevos órganos que sólo impliquen más burocracia y más gasto público.
Por el contrario, se ubicaron los posicionamientos de PRD, PAN y Morena:
Jorge Triana del PAN dijo que “lo que vamos a votar en este momento no atiende un problema de comunicación gubernamental en nuestro país, no hay criterios claros para la asignación de recursos públicos emanados de los impuestos de la gente”.
Jesús Zambrano, del PRD, hizo un llamado a escuchar las voces de la sociedad civil y expertos.
Por su parte, Ernestina Godoy de Morena criticó que “este dictamen convierte en Ley el derroche del dinero público, el culto a la personalidad, el financiamiento discrecional a medios y locutores que repiten la narrativa oficial”.
En redes sociales, las protestas no se hicieron esperar.
En Twitter, el hashtag #LeyChayote se posicionó como tendencia.
Entre los quejosos se contaron los integrantes de la organización ARTÍCULO 19, quien acusó que la Ley “no resuelve la arbitrariedad, la opacidad y el uso propagandístico de la publicidad oficial”.
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