País sin memoria

El Estado mexicano impone por decreto una desmemoria para que sus secretos se vayan a la tumba con él.

La aspiración de los mexicanos por conocer la verdad histórica queda justo en eso: en tan solo un deseo no ejercido que se desvanece con las decisiones del Gobierno federal que van en contra de la transparencia, la rendición de cuentas y el derecho a la verdad.

Los archivos -que hasta hace un tiempo eran reservados- fueron dados de “baja documental”.

Los registros reservados, de acuerdo con información en poder de Reporte Indigo, fueron destruidos de los archivos, lo que los hace imposibles de consultar.

Documentos en poder de este diario con respuestas a más de 60 solicitudes de acceso a la información dan cuenta de que el Poder Ejecutivo Federal a través del Archivo General de la Nación (AGN) desapareció de los archivos los documentos del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi) que depende de la Procuraduría General de la República (PGR).

En este centro se coordina y evalúa la estrategia contra los cárteles del crimen organizado, se reúne la información y se dirigen las acciones de las policías encargadas de encarar a la delincuencia organizada y se agrupa la información de las fuerzas armadas. Es decir, este brazo de la PGR coordina la estrategia federal.

Se trata de expedientes con información relacionada con la planeación, información, evaluación y políticas, programas de seguimiento y documentos de las reuniones de coordinación del Programa Nacional para el Control de las Drogas, reportes especializados, partes informativos e informes especializados sobre delincuencia.

Reporte Indigo solicitó al Cenapi la información de 62 expedientes de los archivos ya desclasificados. En esta condición estaban 20 piezas desde el año 2010, 37 archivos desclasificados desde el año 2014 y cinco más cuya desclasificación fue apenas el año pasado, desde el 30 de junio de 2016.

Todos los documentos están dados de “baja documental” ante el Archivo General de la Nación, encargado del resguardo de los archivos una vez que terminan las administraciones federales. Para la baja documental se le asignó el número 0951 y fue avalado por la directora del Sistema Nacional de Archivos, Araceli Alday García.

La ley establece que la “baja documental” es la eliminación de la documentación que haya prescrito en sus valores administrativos, legales, fiscales o contables, y que no contenga valores históricos.

De acuerdo con los Lineamientos generales para la organización y conservación de los archivos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en los plazos de conservación de los archivos “se tomará en cuenta la vigencia documental así como, en su caso, el periodo de reserva correspondiente”.

En el caso de estos documentos, algunos fueron reservados hasta por 12 años, otros por 10 años. Al momento de su solicitud ya estaban liberados.

En el caso de los expedientes del Cenapi, algunos se desclasificaron el 30 de junio de 2016, es decir, tendrían que cumplir un año fuera de reserva. Sin embargo, fueron dados de baja desde 2011.

“Con las formalidades de rigor y a instancia del oficio SCA/125/11 de fecha 25 de mayo de 2011, suscrito por la ingeniera Ma. Teresa Osalde Rivera, subdirectora de Correspondencia y Archivo, del inventario anexo de 48 fojas, la ficha técnica y la declaratoria de prevaloración firmada por la licenciada Silvia González Campos, subdirectora de Seguimiento y Archivo, y por el teniente Miguel Ángel Solano Ruíz, director general adjunto de Planeación, dése de baja el archivo vencido de la Cenapi, dependiente de PGR”, indica la respuesta.

El expediente de la PGR, de acuerdo con la respuesta, está “integrado por documentación administrativa en original y copias de los años 1989 a 1999 y de 2001 a 2007, con un peso aproximado de 2 mil 600 kilogramos”.

Ese 25 de mayo de 2011, se desaparecieron las decisiones de dos sexenios. Los lineamientos generales para el trato de estos documentos refieren que “los servidores públicos están obligados a garantizar la integridad y conservación de los expedientes y documentos, facilitar y controlar su uso y destino final, así como permitir la adecuada conformación de la memoria institucional de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”.

Otro apartado de la ley indica que “los inventarios de baja documental autorizados por el Archivo General de la Nación, deberán conservarse en el archivo de concentración por un plazo de cinco años, contados a partir de la fecha en que se haya autorizado la baja correspondiente. Este plazo se incluirá en el catálogo de disposición documental”.

La reserva de algunos de estos expedientes apenas concluyó el año pasado, sin embargo, ya fueron dados de baja. La respuesta no refiere si la información es consultable en otras fuentes o si existen archivos electrónicos con esta información. Tampoco se orienta a la consulta de libros blancos.

La información contenida en estos expedientes fue sujeta de solicitudes de información, pues varios usuarios la solicitaron durante el periodo de gobierno de Felipe Calderón y se negó entonces, en algunos casos, por asuntos relacionados con la seguridad nacional, por eso se reservó y antes de que cumpliera su reserva y fuera -en teoría- posible su consulta, fueron destruidos.

Sin datos del por qué

En México es una costumbre de los políticos no ofrecer datos del por qué de las decisiones que llevaron a ejecutar la violencia y para muestra las matanzas de estudiantes del 68 y del 71, los asesinatos de la llamada Guerra Sucia, las matanzas de Acteal y Aguas Blancas y el crimen de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, entre otros hechos de violencia en los que está implicada la mano del Estado.

En uno de los casos más recientes, que es la guerra contra el narcotráfico que inició el presidente Felipe Calderón, las decisiones de gobierno han sido fuertemente cuestionadas por la opinión pública y organismos civiles, que reclaman que fue una estrategia muy violenta y que dejó pocos resultados.

“Hasta el momento, no se ha puesto a disposición pública ningún diagnóstico oficial que justifique este cambio en la política nacional. Se han expresado diversas narrativas sobre los motivos que tuvo el Ejecutivo federal para desplegar operativos simultáneos en varios estados de la República pero, hasta ahora, no se han liberado datos oficiales que den sustento a estas narrativas”, critica un estudio del Instituto Belisario Domínguez sobre la discusión de la Ley de Seguridad Interior publicado en enero.

“El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, donde se debieron plasmar los motivos de esta decisión, no incluyó datos de diagnóstico, con niveles y tendencias, que justificaran la nueva política nacional”, señala la instancia perteneciente a la Cámara de Diputados.

Las carencias de información hacen imposible la valoración de las estrategias, aunque algunos datos públicos dan cuenta de las fallas, de acuerdo con el estudio oficial.

“Algunos datos oficiales muestran que este cambio político implicó cambios en las relaciones de convivencia entre el Ejército y las poblaciones donde se desplegaron los operativos. Por ejemplo, se tuvo un notable aumento de quejas formales en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por presuntas violaciones a derechos humanos: de 182 quejas recibidas en 2006 en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se pasó a 367 quejas en 2007 y a mil 230 en 2008. Desafortunadamente, no se tiene información oficial pública que permita evaluar a cabalidad el desempeño y los resultados de los operativos permanentes iniciados en 2006-2007”, sentencia.

La guerra contra el narcotráfico que inició Felipe Calderón no tenía razón de ser, asevera el estudio.

En el ámbito del estudi¡o de las iniciativas para la Ley de Seguridad Interior, el Instituto de la Cámara estudió la presencia de las fuerzas armadas en el ámbito de la seguridad pública.

En el periodo presidencial de Felipe Calderón es cuando se presentan las tasas más altas de homicidios por cada 100 mil habitantes, sobre todo en Baja California, Chihuahua, Durango, Guerrero, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas.

“Los datos oficiales indican que entre 2006 y 2007 ocurrió un parteaguas en la manera de concebir, administrar y atender el problema de la criminalidad en México. No es difícil identificar que este quiebre de tendencias coincide con el arranque de una política nacional de combate frontal al narcotráfico basada principalmente en el despliegue de las Fuerzas Armadas en operativos de carácter permanente”, señala el estudio Seguridad interior: temas para el debate.

Así es como archivos de asuntos relacionados con violencia contra la población civil, como el del movimiento estudiantil del 68 y ahora la guerra contra el narcotráfico, pierden en los anaqueles o en su extinción la última oportunidad de conocer qué pasó y quién dio la orden para disparar contra la gente que presuntamente protegen.

Archivos, memoria del Estado

Documentar, guardar, conservar y mantener los archivos de las decisiones del gobierno es una tarea de Estado.

Con esa visión, el Senado se encuentra trabajando en una nueva Ley General de Archivos que modernice la visión con que son recolectados y resguardados los documentos, no solo que son la memoria histórica del país, sino que deben documentar el día a día de las decisiones hechas desde el poder.

A raíz de la reforma en materia de Transparencia que se hizo en el 2014, se determinó en la Constitución Política que el Estado debe garantizar el acceso a la información (artículo 6). Y para esto, se determinó que debe trabajarse no solo en la conservación de los archivos, sino en toda la cadena: desde la producción de los documentos, su validación, su registro, su disposición y su resguardo.

Así, todos los sujetos obligados por la nueva legislación, desde los tres niveles de gobierno, los tres poderes de la Unión hasta los órganos autónomos o los partidos políticos, estarían obligados a documentar sus decisiones y a conservarlas.

Es lo que se busca con la Ley General de Archivos: que todo el proceso de la documentación de decisiones sea establecido por una ley que rija a nivel federal y local, con los mismos procesos que deberán ser seguidos por todos los sujetos obligados.

Alejandra Ríos Cázares, catedrática del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y experta en el tema de archivos, considera que todo lo relacionado con los archivos se trata de una de las tareas fundamentales de cualquier administración, sin importar el partido del que se trate.

“No se trata de un pequeño capricho de querer tener los documentos ahí; al final, cada decisión pública, cada decisión donde abra la boca un presidente, un gobernador, un director general o un director de área, cada vez que lo hacen, son decisiones de Estado. Y nosotros como ciudadanos tenemos el derecho de conocer cuáles son las decisiones que a nuestro nombre se están tomando”, comentó en entrevista.

En otros países, esta discusión ni siquiera existe. Se toma como un hecho de facto que todas las decisiones y actividades de quienes tienen el poder, deben estar sustentadas en papel.

Al tener documentada cada decisión de los servidores públicos, y con la aplicación de protocolos establecidos para su resguardo y conservación, se estaría en posibilidades no solo de tener mayor transparencia, sino de trabajar en proyectos que trasciendan a los gobiernos porque se tendrá claridad absoluta del camino que se tomó.

“Se está dando mucho énfasis a la cuestión histórica, pero hay temas de la gestión cotidiana de gobierno del día a día que, aunque se proyectan como memoria histórica, también nos regulan el hoy por hoy. Porque si esto (la Ley General de Archivos) no funciona, ni el Sistema de Fiscalización ni el de Transparencia, ni el de Contabilidad, ni ninguno otro va a funcionar”, sentenció Ríos.

Esta Ley General de Archivos deberá responder a retos que enfrentan los sistemas de archivos hoy día: ¿dónde se va a almacenar la información? ¿en qué formato? ¿con qué protocolos se va a guardar? ¿cómo se va a conservar? Y, sobre todo, ¿quién va a dirigir toda esa labor?

Actualmente, los encargados de los archivos son burócratas de un nivel menor que no participan en la decisión de qué hacer con los documentos; eso se determina en los Comités de Transparencia.

Además, no tienen ningún poder para llamar a las oficinas donde se toman las decisiones para pedir que les sean enviados los archivos.

“Se requiere dar un mayor nivel a las oficinas de control de archivos. Ellos deberán ser funcionarios que tengan el conocimiento de cómo conservar los documentos y cómo decidir si uno de estos documentos debe resguardarse, bajo qué criterios, o cuándo debe destruirse”, explicó la académica.

El otro gran reto son los espacios donde se deban resguardar estos archivos. Además del mantenimiento cotidiano, se debe prever la acción de factores externos como la humedad o el control de la temperatura a fin de resguardar los documentos.

“No contar con controles de temperatura y humedad propician la invasión de plagas propias del hacinamiento de papel o material de archivo que afectan la perdurabilidad de los materiales (por ejemplo, la pérdida por hongos del diario de debates de las últimas dos décadas del siglo XIX de un estado del sureste); o bien, la aparición de plagas propias de la región (como la infestación de murciélagos en un archivo del poder judicial de una entidad en el sureste mexicano).

“Los archivos son particularmente vulnerables a los desastres naturales y México es un país que resiente cada vez más los efectos agresivos del cambio climático. Los daños a los archivos usualmente resguardados en inmuebles no aptos suelen ser de amplias proporciones; por ejemplo, la responsable de archivo de un municipio del noreste del país comentaba que después del paso de un huracán por la ciudad, el techo de la bodega donde se resguardaba el archivo de concentración municipal se vino abajo haciendo casi imposible el rescate de la documentación, de tal suerte que procedió a ‘dar[la] de baja ante contraloría’”, describe Ríos en su “Diagnóstico de los archivos documentales en México” (CIDE: 2016).

Si a nivel federal la situación es más o menos salvable, en los estados y municipios sí se requiere un trabajo titánico para que se dé la importancia necesaria a la tarea de archivar las decisiones y documentos que dar forma diariamente a las tareas de Estado.