Desde el anuncio en la adquisición de una pieza artística de José Fors para la ciudad de Guadalajara por parte del Ayuntamiento, el Programa de Arte Público ha sido objeto de críticas diversas.
Académicos y expertos han argumentado opacidad, mientras un sector de la población se mostró recientemente agraviada por la temática de una de sus piezas.
El arte en Guadalajara sigue en polémica, ya que la mañana del miércoles 13 de agosto la escultura Sincretismo, de Ismael Vargas, fue encontrada con cruces blancas grafiteadas en los cuatro lados de la base de la obra.
Reporte Indigo ha dado cuenta de las muestras de fanatismo que esta obra ha causado en su intento por mezclar la cultura prehispánica y la figura religiosa de la Virgen de Guadalupe.
Aunque ahora son las mismas instituciones quienes se han sumado al debate, pero bajo el argumento del uso de los recursos públicos para esta tarea, siendo los regidores del Ayuntamiento de Guadalajara y los diputados del Congreso Local quienes protagonizan este episodio en la cultura del alfarismo.
Los ediles del PAN en Guadalajara piden para ser incluidos en la decisión de dónde serán colocadas las próximas esculturas del programa, piezas clave de la polémica.
“(Existen) varias dudas respecto a esta determinación por lo que considero obligación de la administración pública, en un verdadero ejercicio de rendición de cuentas, aclararlas”, expresó el coordinador de la fracción panista, Alfonso Petersen Farah.
Agregando a su crítica, por un lado, el monto de los recursos destinados a este rubro, y la necesidad de contar con el respaldo del grueso del Pleno del Ayuntamiento, pues dijo que se debería contar con la opinión de las comisiones edilicias de Cultura y la de Centro, Barrios Tradicionales y Monumentos, mismas que podrían solicitar el apoyo de especialistas.
Los diputados priistas Rocío Corona Nakamura y Hugo Contreras Zepeda presentaron una iniciativa en el Congreso local para que el arte urbano sea financiado por entes privados
Sospechas de sobreprecio
El uso de los recursos públicos ha sido un dolor de cabeza para la administración, pues la forma en la que fueron presentadas las obras y su posterior aprobación por la Comisión de Adquisiciones no fue la más adecuada para un buen ejercicio de rendición de cuentas.
En 2016, el Ayuntamiento había anunciado una bolsa presupuestal de 29 millones de pesos para el Programa de Arte Público, aunque un año después, con la polémica de la pieza de José Fors, la Dirección de Cultura de Guadalajara dio a conocer que el monto presupuestado era de 42 millones de pesos. Esto generó suspicacias respecto a la existencia de un sobreprecio en las obras seleccionadas, por lo que Susana Chávez y Adrián Guerrero, titular de la DCG y jefe de área de Proyectos del Espacio Público, respectivamente, dieron una entrevista al diario local El Informador para negar tal sobreprecio, bajo el argumento de una fluctuación económica que ha hecho variable el precio en las piezas.
“No se está pagando ningún sobreprecio, nosotros tenemos una idea de cuánto cuestan sus piezas y ninguna está en desfase, pero es verdad que conforme pasa el tiempo hay esculturas que se pueden gestionar y fondear más rápido, esas topan en el momento, pero las otras probablemente sigan teniendo un ajuste en la medida que los materiales suban”, dijo Chávez Brandón.
Ante las dudas que persisten, el regidor del PRI en Guadalajara, Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes, presentó este miércoles un acuerdo con carácter de dictamen para que comparezca la titular de la DCG y dé un informe detallado.
Agravio a los artistas
A propuesta de los legisladores del PRI, Rocío Corona Nakamura y Hugo Contreras Zepeda, el pasado 24 de agosto se presentó una iniciativa en el Congreso local para buscar que el arte urbano sea financiado por entes privados.
La iniciativa que crea la Ley de Adquisición de Arte Público y reforma algunos artículos de la Ley de Austeridad y la Ley de Ahorro, contempla que las administraciones municipales y estatal no eroguen del erario recursos para financiar este tipo de proyectos.
Sino que sólo sirvan como mediadores en un proceso que deberá ser cubierto por la iniciativa privada. Además de contemplar la creación de un Comité de Adquisición de Arte Público que sea el encargado del lugar en el que se pondrán las obras artísticas.
Esto ha generado polémica incluso en instituciones culturales, como el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, que en un comunicado del pasado 5 de septiembre expresa que se atenta contra los derechos humanos y que el arte público debe ser también parte de las tareas gubernamentales en términos presupuestarios pues “no debe considerarse únicamente los patrocinios o donaciones”.
“El Consejo Estatal para la Cultura y las Artes considera esta propuesta como un agravio a los derechos de los creadores, así como a la ciudadanía en general; el Estado es quien debe proveer de Arte Público y garantizar el acceso a la cultura como un derecho Humano y debe respetarse.
“Pedimos al Congreso del Estado valoren, estudien, analicen e investiguen las consecuencias de ésta y tomen en cuenta la opinión de la comunidad cultural y creativa del estado”, se lee en el comunicado.
“Dudas respecto a esta determinación por lo que considero obligación de la administración pública, en un verdadero ejercicio de rendición de cuentas, aclararlas”
