Asegura que alcaldesa conocía investigación

El nuevo secretario de Administración regio, Miguel Ángel Treviño Sandoval, asegura que la alcaldesa Margarita Arellanes conocía y justificaba la investigación llevada contra él desde que la edil se desempeñaba como delegada de la Sedesol.

El recién nombrado funcionario municipal es acusado de haber incurrido en un posible daño patrimonial cuando era subdelegado de Administración de la dependencia federal, por un contrato a una empresa que presentó la propuesta económica más alta.

“(Arellanes) tenía conocimiento, incluso desde que era delegada, sabía cómo había sido el procedimiento, sabía que estaba hecho conforme a derecho, entonces ella me decía: ‘Simplemente vamos a responder lo que en realidad fue’”, asegura.

“Más allá del tema de decir por qué se están imputando cargos o no, ella lo que me decía era: ‘Yo conozco este procedimiento, yo sé que se hizo de forma correcta y, por ende, se va a responder como tal’”.

El Municipio de Monterrey oficializó el nombramiento de Treviño Sandoval el pasado 15 de agosto, mismo día en que compareció por escrito dentro de la indagatoria que se sigue en el Órgano de Control Interno de la Secretaría de Desarrollo Social, en la Ciudad de México.

Aunque el procedimiento de responsabilidad data de 2011, al exsubdelegado le extraña que se haya reactivado recientemente, justo antes de que él asumiera funciones en la administración regia. 

Pero aún así, el funcionario evita profundizar en que esta coincidencia tenga una implicación política o partidista.

“Resulta extraño las formas y los tiempos en que se da”, se limita a expresar, “son muchas casualidades.

“Cuando quiero reintegrarme a la administración pública después de haber estado en la Iniciativa Privada un año y diez meses, sale este procedimiento y me citan casualmente un día antes de que entre a la administración”.

A Treviño Sandoval se le imputa que cuando se desempeñó como subdelegado favoreció a la empresa Arquitectos Constructores Asociados del Noreste, por la contratación de 700 letrinas ecológicas en zonas marginadas de los municipios de Doctor Arroyo, Aramberri y Zaragoza.

El exsubdelegado le adjudicó un contrato de casi 10 millones de pesos, pese a que hubo otra compañía que presentó una oferta más económica.

Esto se tradujo en un daño patrimonial de 1 millón 500 mil pesos para la delegación de la Sedesol en Nuevo León, cuando estaba encabezada por Margarita Arellanes. 

La sociedad favorecida recibió el contrato, aunque su oferta era un 19 porciento más cara que la que presentó su competidor, Ingeniería Ecología y Proyectos.

Sin embargo, Treviño Sandoval manifiesta que el precio del servicio fue sólo uno de los indicadores a evaluar en la adjudicación y que hubo otros elementos que se tomaron en cuenta.

“La metodología de evaluación que se utilizó era de puntos y porcentajes. Uno de los indicadores era el precio, pero se toman otros indicadores, como la experiencia del personal, la experiencia de la empresa, los tiempos de entrega”, detalla.

La Secretaría de la Función Pública, afirma el secretario, observó que el puntaje por experiencia profesional se dio de forma equivocada, pues no se especificaron los documentos que tenían que presentar los competidores para obtenerlo.

El proveedor ganador presentó la currícula de sus trabajadores y acreditó los puntos, mientras que el perdedor no mostró nada y no obtuvo la calificación correspondiente. 

El Órgano Interno de Control señaló esta irregularidad, así que la delegación repuso el procedimiento y los participantes no obtuvieron esa puntuación en particular.

De todas formas, Arquitectos Constructores Asociados del Noreste resultó favorecida por el contrato de 9 millones 347 mil pesos.

La Secretaría de la Función Pública también le acusan a Treviño Sandoval haber desacatado la orden de cancelar la contratación impugnada, pues por disposiciones del funcionario se mantuvieron vigentes dos contratos por una misma licitación.

El administrador regio asegura que nunca existió esta duplicidad contractual porque el Órgano de Control Interno suspendió una de las adjudicaciones y además él firmó una terminación anticipada con función retroactiva, a finales de 2011.

“Realmente nunca hay dos contratos: primero porque ellos legalmente habían suspendido uno y se entiende que cuando tú lo suspendes carece de fundamento legal.

“Y, por el otro lado, después en la terminación anticipada del 14 de noviembre menciono que el 10 de octubre ya está cancelado este procedimiento”.

Treviño Sandoval afirma que esta semana brindó a la Secretaría de la Función Pública los elementos de prueba para defenderse de los hechos que le atribuyen.