El Gobierno de Nuevo León que encabeza Jaime Rodríguez Calderón redujo en 87 por ciento las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Sin embargo, los organismos descentralizados han recibido varios señalamientos.
Una revisión de cumplimiento forense menciona que la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) debe aclarar un posible daño al erario de 45 millones 188 mil 178 pesos, de acuerdo con la Tercera Entrega de Informes de la ASF.
La UANL utilizó un esquema similar al de la llamada Estafa Maestra, en la cual 11 dependencias del Gobierno federal realizaron un fraude de 7 mil 670 millones de pesos. Los recursos se triangularon de ocho universidades públicas a 186 empresas.
83.34
En esta última entrega de la Cuenta Pública 2018, siete nuevas instituciones universitarias provocaron un daño al erario por más de 745 millones de pesos. Se trata de la Universidad Autónoma de Chapingo (UACh), la Politécnica de Huatusco (UPH), la Politécnica de Sinaloa (UPSin) y la Tecnológica de Campeche (UTCam), los institutos de Especialistas en Recursos Naturales y Tecnológico Superior de Cosamaloapan (Itsco) y la UANL.
La Máxima Casa de Estudios de Nuevo León realizó 25 Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos desde los ejercicios fiscales de 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 con la Administración Pública Federal, los cuales representan un universo de 493 millones de pesos. La muestra analizada fue de 407.9 millones de pesos, distribuidos en 10 convenios.
La subcontratación como esquema
La Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nuevo León menciona que la institución tiene como fin crear, preservar y difundir la cultura en beneficio de la sociedad.
Sin embargo, la UANL se había comprometido a proveer de servicios de tecnología solicitados por dependencias como el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Secretaría de Educación Pública (SEP).
También iba a realizar la ejecución del Proyecto de Salvamento Arqueológico al interior del lago de Texcoco para el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM).
Pero la universidad pública neoleonesa no manifestó las capacidades técnicas y humanas que dijo tener y subcontrató a terceros.
Las empresas reportan el mismo domicilio en la Ciudad de México, donde es la Oficina de Representación de la universidad
“En las revisiones forenses realizadas con anterioridad, se han identificado que además de no tener la capacidad para cumplir con los servicios requeridos y de carecer de elementos que permitan sustentar su elección en las mejores condiciones del mercado, los resultados y la evidencia obtenida a través de dichas revisiones, demuestra que subcontratan a terceros para la realización de 100% de los servicios”, menciona la auditoría.
La UANL pagó a tres empresas: DPM Business, S.A. de C.V., Comercializadora Dankal, S.A de C.V. y Proyectos Tecnológicos Do It, S.A. de C.V., que a su vez contrataron a personas físicas de cuyos trabajos no hay evidencia.
“Por un total de 339,902.1 miles de pesos, la UANL subcontrató a personas morales que, a su vez, subcontrataron personas físicas para el desarrollo de los servicios, además de realizar pagos por concepto de estímulos a personal”, dice el informe.
Las tres compañías están en el mismo domicilio, en Nuevo León número 254, piso dos, colonia Hipódromo, delegación Cuauhtémoc, donde se ubican las oficinas de representación de la UANL en la Ciudad de México.
+300 mil
Además, la Máxima Casa de Estudios neoleonesa llevó a cabo la subcontratación de personas morales por un monto que excede el 49 por ciento permitido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público hasta 83.34 por ciento.
La institución se escuda ante informe de ASF
Apenas la ASF publicó la tercera entrega de sus informes, la UANL aclaró que el proceso de fiscalización aún no concluye y que está presentando la documentación correspondiente para solventar las observaciones.
En un comunicado, la UANL sostuvo que sólo ha presentado la documentación que acredita 79 por ciento de las observaciones. El resto será aclarado en un plazo no mayor de 30 días.
“Respecto al 21 por ciento restante nuestra institución realizará las aclaraciones pertinentes y presentará información adicional una vez que la ASF haya notificado el Informe Individual”, dice el boletín.
Sobre el quebranto de más de 45 millones de pesos detectados en la auditoría forense, la UANL se limitó a decir que solamente 9 por ciento quedó pendiente por aclarar respecto al universo seleccionado.
