El proceso de selección para elegir presidente o presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) por los siguientes cuatro años comienza a verse turbio por los aspirantes.
Un total de 19 personas se inscribieron a través de la convocatoria aprobada en el Pleno por diputados del Congreso local el 14 de julio. Pero existen candidatos cuya defensa a los derechos humanos está en duda.
En caso de que avancen en las diferentes etapas que presenta esta convocatoria, el proceso podría quedar manchado, además de que la auscultación de la sociedad y el parlamento abierto ya no fueron permitidos en esta selección.
La Comisión de Desarrollo Social y Derechos Humanos, que preside el diputado de Movimiento Ciudadano Luis Donaldo Colosio Riojas, propondrá una terna ante el Pleno para su votación y la posterior elección de la persona que dirigirá este órgano. El legislador emecista informó que el 4 de agosto, último día de la convocatoria, 12 aspirantes se inscribieron.
Entre ellos están la juez de control, María del Socorro Pérez Córdova, quien fue removida de su cargo en mayo de 2017 por dejar en libertad a tres supuestos violadores, tras argumentar que no se justificaba su detención. Pérez Córdova intentó llegar a la titularidad de la CEDHNL en 2015, pero no fue elegida.
Catalina Teresa Rivera Díaz, quien fungió como la primera visitadora general de la CEDHNL en 2013, fue acusada de acoso laboral por una exempleada de este organismo.
En la lista también está José Luis Prado Maillard, exdirector la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, quien en 2008 fue señalado por su esposa, Gina Jaqueline Prado Carrera, de tráfico de influencias, revela un acta de la propia CEDHNL.
También se registraron candidatos y candidatas que han trabajado como funcionarios públicos. Se trata de Guillermo Carlos Mijares Torres, excomisionado de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información (Cotai); Eusebia González González, del Poder Judicial, y José Alberto Leal Garza, quien fue nombrado como contralor del Concejo Municipal de Monterrey.
La ventaja de Sofía en la CEDHNL
La convocatoria para la elección del nuevo titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) establece que los aspirantes tendrían que contar con experiencia en esta materia.
Sofía Velasco, expresidenta de esta Comisión y quien busca la reelección, sería la carta más fuerte de la ciudadanía para ocupar este cargo de nueva cuenta, pues la avalan cuatro años de lucha por los derechos humanos de la población neoleonesa. El último día en el que estuvo abierta la convocatoria entregó su solicitud en el Congreso local.
“Vine a solicitar mi ratificación que es un derecho que tengo y que incluso lo señala claramente la convocatoria. Traje cartas de apoyo de 22 organismos públicos de derechos humanos y de 26 organizaciones de la sociedad civil”, manifestó a las afueras del órgano legislativo.
Pero su gestión, que terminó el 13 de abril, ha sido criticada por organizaciones pro familia luego de que interpuso una controversia constitucional por la modificación al artículo 1 de la Constitución, que crea la llamada Ley Antiaborto.
Su candidatura podría ser bloqueada por la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), sobre todo por la diputada Claudia Caballero, quien llamó a Velasco asesina por interponer este recurso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Myrna Elia García Barrera, directora de Equidad de Género y Protección a Grupos Vulnerables del Poder Judicial, sería una opción fuerte que podría competir con la candidatura de Sofía Velasco e incluso quedarse al frente de la CEDHNL.
Familias Fuertes tras los candidatos
La organización Familias Fuertes Unidas impulsa a tres aspirantes para que ocupen el cargo de la presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Nuevo León.
Se trata de José Guzmán Quiroga, Rosa Leal Garza y Zandra Villarreal, quienes son considerados perfiles pro familia. Además de contar con el apoyo de esta organización, tienen cercanía con la bancada del PAN en el Congreso local.
Estos aspirantes no se han deslindado de Familias Fuertes Unidas. La organización, apoyada por grupos religiosos, ha emprendido una presión a diputados del Congreso local para aprobar el pin parental, penalizar el aborto y estar en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo.
