Impunidad infinita

En el Senado les está costando trabajo pasar del discurso de combate a la corrupción, a los hechos.

Por cuarta vez, la Cámara alta pospuso el nombramiento del Fiscal Anticorrupción, quien será el encargado de investigar y perseguir los delitos de corrupción que sean cometidos en el país.

El año pasado, los políticos no dejaban de hablar de su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el castigo a los corruptos.

Ahora que ha llegado el momento de poner manos a la obra, los senadores han decidido no cumplir con la parte que les toca y decidieron ampliar un mes más el nombramiento del nuevo Fiscal.

El debate interno en el Senado no es solo sobre quién ocupará ese lugar, sino sobre el diseño de la Fiscalía en sí; hay legisladores que saben que, tal como está, la Fiscalía no cumplirá con las expectativas que se tiene sobre ella.

Y vaya que urge un Fiscal que pueda actuar contra los corruptos; y para muestra un botón.

Además de los escándalos de corrupción, la semana pasada la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer el Informe de la Cuenta Pública 2015, en la que se documentaron irregularidades por 165 mil millones de pesos. El propio auditor reconoció que es difícil recuperar lo que se han robado.

“Difícilmente se puede recuperar 100 por ciento de esto. Son observaciones que, en muchos casos, no hay forma de recuperarlos. ¡Ya se los llevaron! Y aunque se pueda meter a la cárcel a alguien, ¿cómo se le quita el dinero?”, expresó Juan Manuel Portal, titular de la ASF.

La elección de este Fiscal se está posponiendo desde el 2014, cuando se lanzó la primera convocatoria –a la luz de la reforma político electoral- y cuyo proceso fue desechado.

En noviembre del 2016 se volvió a lanzar una convocatoria, ahora para conformar los órganos del Sistema Nacional Anticorrupción.

En un primer momento, se dijo que se elegiría al titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción a finales de noviembre.

No se pudieron alcanzar los acuerdos y se pospuso nuevamente hasta el 15 de febrero, fecha que llegó sin el nombramiento.

Ahora, la Junta de Coordinación Política acordó mover la fecha nuevamente hasta el 14 de marzo, cuando las comisiones que evaluarán los perfiles deberán presentar una lista con los nombres de los candidatos que consideren idóneos para el puesto.

A partir de esa lista, la Junta de Coordinación Política –órgano donde están los coordinadores de cada una de las cinco bancadas en la Cámara alta- será donde se determine quién será el elegido. Ese nombre, pasará a votación en el pleno del Senado, que debe aprobarlo por dos terceras partes.

El acuerdo, pues, estará en los coordinadores de los grupos parlamentarios. Esa negociación se realizará en privado.

En la lista se encuentran 31 aspirantes que se anotaron al proceso de selección y los senadores han adelantado que de no encontrar el perfil idóneo, volverán a reponerlo, lanzando una nueva convocatoria.

Fiscalía sin dientes

La imagen que envían los senadores es que no quieren nombrar a quien podría perseguirlos a ellos y a todos los servidores públicos por haber cometido algunos delitos de corrupción.

“(El fiscal) tendrá tres funciones esenciales: recibir las denuncias penales que le presenten ciudadanos e instituciones públicas por hechos de corrupción; investigar estas denuncias; y realizar investigaciones de oficio sobre hechos que lleguen por otras vías a su conocimiento para integrar expedientes completos que permitan la identificación de posibles responsables y defender cada caso a nombre del Estado mexicano frente al Poder Judicial de la Federación”, explica un documento del Instituto Mexicano de la Competitividad y Transparencia Mexicana.

Por ello, desde otros órganos y la sociedad civil se ha llamado a que se le dé celeridad a su nombramiento porque la población espera resultados en el combate a la corrupción.

Sin embargo, lo cierto es que los senadores se debaten entre nombrar a un fiscal con facultades limitadas o impulsar una reforma para darle más dientes para que combata la corrupción.

Laura Rojas, senadora por el PAN y una de las principales impulsoras de las reformas de transparencia y anticorrupción, señaló que no ha habido un acuerdo porque el propio diseño institucional de la Fiscalía podría no ser exitoso.

“Hay que hablar de las razones por las cuales no se ha podido hacer ese nombramiento y una de las razones principales es que el actual diseño de la Fiscalía; hay un desequilibrio entre el diseño actual de la Fiscalía, con el resto de las instituciones que forman parte del Sistema, que están muy fortalecidas, como el Tribunal (de Justicia Administrativa), como las nuevas facultades que le dimos a la Auditoría Superior de la Federación.

“Entonces, hay una discusión interna muy fuerte sobre, incluso, aspirantes de muy buen perfil que han dicho ‘yo aquí no le entro’. Y lo quiero poner en la mesa porque es algo que me parece que tenemos que hacernos cargo todos e intentar resolverlo. Porque sí, en efecto, la Fiscalía como está ahora pues se queda muy corta en función de las propias expectativas de la misma Fiscalía y en comparación con el resto de los organismos que forman parte del Sistema”, expuso Rojas.

Los senadores han pedido al Comité de Participación Ciudadana del SNA para que les ayuden a construir una ruta crítica y hacer una reforma que verdaderamente fortalezca y dé autonomía a la Fiscalía Anticorrupción.

“Los mejores perfiles que hemos entrevistado, al menos en mi grupo parlamentario, nos han dicho ‘yo aquí no le entro, la Fiscalía así no va a generar los resultados que se esperan’; y pues yo no me voy a prestar a eso”, insistió la senadora panista.

Lo que se persigue con la reforma es darle mayor autonomía a la Fiscalía Anticorrupción, pues tal como está ahora, dependerá directamente de la Fiscalía General.

Desde el Comité de Participación Ciudadana del SNA, el llamado al Senado ha sido a que el nombramiento se haga a la brevedad y buscando a una persona que realmente vaya a combatir estos delitos.

“Nuestra propuesta es que en puestos claves, como puede ser el fiscal, los magistrados del nuevo Tribunal o los contralores, o los jueces o los ministerios públicos, no se elijan ya por dedazo y en lo oscurito”, ha dicho José Octavio López, miembro del Comité Ciudadano del SNA.

Poco tiempo

El nuevo fiscal Anticorrupción estará en su cargo hasta el 30 de noviembre del 2018.

Es decir, si es nombrado en marzo, solo tendrá poco más de un año y medio para arrancar con su tarea de combate a la corrupción.

Este plazo se estableció desde el 2014, cuando fue aprobada la reforma político electoral donde se creó la figura de esta Fiscalía.

Han pasado tres años sin que el Senado se haya puesto de acuerdo sobre este primer nombramiento que cae en su responsabilidad.

A partir de esa fecha, el siguiente nombramiento ya quedará en manos de quien sea el Fiscal General de la República.

Es decir, aunque en el papel la Fiscalía Anticorrupción tiene cierta autonomía, lo cierto es que al final dependerá de la Fiscalía General, que podrá hasta removerlo del cargo.

Para este primer nombramiento, los 31 aspirantes –había 32, pero Ximena Puente de la Mora, presidenta del INAI, decidió retirar su candidatura- deberán comparecer ante las comisiones de Justicia y de Anticorrupción y Participación Ciudadana para una entrevista. En esas conversaciones participarán los miembros del Comité de Par

icipación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, quienes acaban de empezar sus labores este mes.

La Comisión de Justicia es la encargada de emitir la convocatoria; pero dicho órgano estará en transformación esta semana, pues su todavía presidente, el senador panista Fernando Yunes, pedirá licencia para buscar la alcaldía de Veracruz en las elecciones de junio próximo.

El top de los delitos

El informe de 2002 a 2016 de la SFP revela los delitos que más se presentan en la Administración Pública Federal.

1

Enriquecimiento Ilícito 

34

Denuncias

2

Fraude 

44

Denuncias

3

Uso Indebido de Atribuciones y Facultades 

42

Denuncias

4

Peculado 

16

Denuncias

5

Ejercicio Indebido de Servicio Públicos: 

14

Denuncias

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