El nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), Jorge Alejandro Ortiz Ramírez –quien fue seleccionado a través del Comité de Participación Social Anticorrupción–, ha encontrado deficiencias serias al interior de esa institución que ahora encabeza, y que debería ser clave para el éxito del Sistema Estatal Anticorrupción.
Ortiz Ramírez, quien fue el candidato a la ASEJ mejor evaluado por el Comité de Participación Social, fue nombrado en diciembre de 2017 para suceder la gestión de Alonso Godoy Pelayo, concluida tras 12 años en 2016, y seguida por un breve interinato de Teresa Arellano Padilla durante casi todo 2017.
Ahora, el nuevo auditor del Estado advierte en su primer Plan Institucional de la Gestión Pública 2018-2025, sobre las debilidades que encontró a su arribo a la ASEJ, entre las que destaca que “no se cuenta aún con infraestructura tecnológica para el proceso de fiscalización”.
A esta carencia de soporte tecnológico para desarrollar su labor, se suman limitaciones respecto al personal, pues “no hay un diagnóstico que permita conocer si las y los integrantes de la ASEJ cumplen con el perfil idóneo para llevar a cabo los procesos que les son encomendados”.
La institución destina anualmente cerca de 264.9 millones de pesos en nómina, para sus 376 empleados, de un presupuesto total que ronda los 289.5 millones de pesos.
El nuevo auditor también detectó que se carece de la implementación de servicio profesional de carrera, así como una deficiente cultura de transparencia y una “estructura organizacional inadecuada y que no permite cumplir en forma eficiente con atribuciones de nuevas reformas legales”.
Finalmente, acusó de que hay “insumos deficientes, nulos y a destiempo para la fiscalización; son insuficientes los recursos de la ASEJ para ampliar el nivel de auditorías y sujetos auditados; nula respuesta para la colaboración con las partes interesadas; poca interacción entre entes públicos y sociedad; existe percepción de impunidad ante actos de corrupción; los sujetos
auditables o fiscalizables no cuentan con programas internos de capacitación”.
