Los seis estados fronterizos del norte del país han registrado repuntes de la violencia muy por encima de la tasa media nacional, por lo que urge que la autoridad federal rediseñe una estrategia más eficiente de seguridad para la zona norte, que sea diferente a la que se ha realizado en el resto de las entidades.

Lo anterior está considerado dentro de la Propuesta del Observatorio Nacional Ciudadano en Materia de Seguridad Fronteriza, en donde se revela que las acciones del gobierno federal para el combate a la delincuencia en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, no están dando el resultado esperado.

Al hacer un balance de las cifras que aporta el propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el Observatorio Nacional Ciudadano refiere que la tasa de homicidios dolosos y feminicidios aumentó durante el primer trimestre de 2018 en un 18.41 por ciento con relación al mismo periodo de 2017.

Pero esta cifra queda reducida al observar el comparativo del incremento de homicidios y feminicidios por estado solo en el primer trimestre de este año, estableciendo que en Baja California este delito creció en 170 veces la tasa media nacional, en Sonora el incremento fue 5.7 por ciento, en Tamaulipas fue de 170 por ciento, en Chihuahua se registró un incremento del 123.2 por ciento, y en Nuevo León del 201.9 por ciento mayor que la nacional.

Otro delito que hace la viable la posibilidad de reconsiderar la estrategia de seguridad nacional en los estados fronterizos del norte, es el de narcomenudeo, el que tuvo un incremento en la tasa nacional del 35.77 por ciento en el primer trimestre de este año, pero que fue superado por las cifras registradas en las entidades fronterizas.

El narcomenudeo en Baja California y Tamaulipas, según refiere el Observatorio Nacional Ciudadano, creció en una proporción de 350.34 veces más que la tasa media nacional, en tanto que en Chihuahua creció a razón de 495.79 por ciento, en Coahuila este delito aumentó 201.98 por ciento, mientras que en Nuevo León el aumento fue del 39.5 por ciento.
Por esta razón, la organización que encabeza Francisco Rivas lanzó un decálogo de acciones a los candidatos que aspiran a ocupar la presidencia de la Republica, a fin de que se consideren acciones a partir del primero de diciembre próximo, que incidan en la seguridad fronteriza, el combate al crimen transnacional y los derechos de los migrantes, principalmente en la zona norte del país.

El planteamiento propone, entre otras acciones, la creación de la Subdivisión Fronteriza de Seguridad Regional (SF), que estaría integrada por personal de la División de Seguridad Regional, de la Unidad de Inteligencia de Policía Federal, así como de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de aduanas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

También se plantea la profesionalización del personal del Instituto Nacional de Migración (INM) y de aduanas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), lo cual conlleva la generación de un certificado único individual en el cual se concentrarán las acreditaciones en materia de capacitación, los controles de confianza y el régimen disciplinario de cada uno de los integrantes de dichas dependencias.

Se pide la reingeniería del Instituto Nacional de Migración (INM) mediante la creación de un mecanismo de transparencia y rendición de cuentas, que incluya un comité ciudadano que supervise el cumplimiento de las recomendaciones en materia de derechos humanos, una contraloría interna independiente, así como la depuración y capacitación de sus integrantes.

Así mismo se busca el establecimiento e implementación de un protocolo de actuación policial en los aeropuertos del país, en el cual se especifique que el único personal que operara al interior de estos debe ser personal certificado de Policía Federal y que las cámaras de seguridad estarán a cargo del Centro de Control y Mando de Policía Federal (CONTEL).

Es este mismo decálogo se pide que se reconozca el desplazamiento forzado mediante un marco normativo a partir del cual se le pueda brindar seguridad a las víctimas; se puedan resarcir los daños de quienes tuvieron que abandonar sus hogares a través del apoyo integral para su inserción en los lugares de destino, y mejorar las condiciones de seguridad en sus lugares de origen.

También se plantea una nueva política migratoria que privilegie la seguridad de los migrantes en tránsito por México y la defensa de sus derechos humanos, en lugar de su detención y devolución a sus países de origen, y se propone que ante el incremento de la detención de niños migrantes que viajan solos por México se desarrolle una estrategia que garanticen su seguridad.

De igual forma se busca que se asuma como estrategia de seguridad fronteriza un programa de inserción social y laboral de los migrantes retornados y devueltos por autoridades de los Estados Unidos, con la finalidad de disminuir las condiciones que los harían más vulnerables ante la delincuencia organizada.

Como parte de la política de seguridad también se propone una nueva política de colaboración con Estados Unidos, cuyos ejes estratégicos sean: mayor intercambio de inteligencia para combatir la delincuencia organizada y el lavado de dinero; compromiso para reducir la disparidad regulatoria en materia de armas de fuego y para inhibir su respectivo tráfico, así como una política de combate al consumo y tráfico de drogas.

El Observatorio Nacional Ciudadano también plantea una nueva política de combate al tráfico, comercio y uso de armas de fuego y el diseño de la política de drogas con perspectiva de salud pública, desarrollo social, a fin de hacer más segura la zona fronteriza del norte del país.