Los órganos autónomos de la Ciudad de México continúan sin adaptarse ni acatar las normas de austeridad.
Recientemente, los tres nuevos consejeros del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Érika Estrada Ruiz, Sonia Pérez Pérez y César Ernesto Ramos Mega, impugnaron su sueldo para recibir el mismo salario que sus homólogos, quienes ingresaron a trabajar antes de diciembre de 2018, cuando entraron en vigor las reformas a la Ley de Austeridad y Transparencia en Remuneraciones local.
Según el marco legal capitalino, los tres nuevos consejeros deben percibir un sueldo de 77 mil pesos, mientras que sus compañeros reciben 121 mil, cifra superior al salario de la jefa de Gobierno.
Especialistas consideran que se deben hacer más reformas a la ley para evitar que los órganos autónomos continúen pasando por encima de los principios de austeridad, porque no es la primera vez que sus miembros impugnan su salario.
El 21 de noviembre del año pasado, Armando Ambriz Hernández, magistrado del Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX), quien en ese entonces recién tomó protesta en el cargo, impugnó su remuneración ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Al igual que en el caso de los consejeros del IECM, Ambriz Hernández recriminó en su querella que por realizar el mismo trabajo que sus colegas magistrados, iba a recibir un sueldo menor a 151 mil pesos.
La máxima autoridad electoral del país falló a su favor y el juez gana más que la titular del Gobierno local.
Impugnación incongruente
Los nuevos consejeros del IECM, Érika Estrada Ruiz, Sonia Pérez Pérez y César Ernesto Ramos Mega, tomaron protesta ante la autoridad electoral el pasado 1 de octubre.
Seis días más tarde, el 7 octubre, sin haber realizado una sesión ordinaria, los representantes del órgano impugnaron su sueldo ante el TEPJF, como consta en el juicio electoral JE16/2020.
No obstante, al participar por el cargo durante el proceso de selección que encabezó el Instituto Nacional Electoral (INE), los tres actuales funcionarios ya conocían que iban a ganar menos de 120 mil pesos, por lo que es incongruente la impugnación, considera Sonia Juárez Moreno, especialista en Derecho y académica de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Si yo me postulo para un empleo en el que sé que el sueldo es de 10 mil pesos, no puedo decir después que quiero cobrar más. (…) Ellos ya sabían que existía un acuerdo para que aquellos servidores públicos que entrarán posterior a su publicación, no podían ganar más que la jefa de Gobierno
En enero de 2020, el pleno del órgano local aprobó el acuerdo IECM-JA009-2020 en el que se estipula que ninguno de sus funcionarios podían ganar más que la titular de la administración gubernamental local, documento que va en concordancia con la Ley de Austeridad y Transparencia en Remuneraciones, y es el motivo de la impugnación.
“Ya tenían el conocimiento de cuál era la remuneración y nunca se les engañó (…) Tanto la ley como el acuerdo son constitucionales”, explica.
Además, señala que también es poco ético, pues antes de demostrar eficiencia en el cargo o justificar que realizan el mismo trabajo que sus compañeros, buscan ganar igual.
La reforma a la austeridad
Sonia Juárez Moreno considera que se debe hacer más estricta la ley para evitar que los miembros de los órganos autónomos continúen ignorando las disposiciones de austeridad.
“Tendríamos que hacer leyes más estrictas, más específicas en el tema”, dice.
Explica que se necesita una reforma directa al artículo 60 de la Constitución de la capital para que en el caso de nombramientos como los de los consejeros y magistrados de los órganos autónomos, se hagan inimpugnables las disposiciones de austeridad.
“Se necesita que los principios de austeridad en los autónomos no se queden solo en acuerdos, necesitan ser ley, por ahí deben ser las reformas”, señala.
El juicio interpuesto por los integrantes del pleno del IECM aún está en proceso y se desconoce cuándo tendrá resolución.
Salarios ofensivos en pandemia
La diputada local e integrante de la Comisión de Participación Ciudadana (ante la que comparece el IECM), Donají Olivera Reyes, acusa que la impugnación no corresponde a la realidad del país y de la ciudad, que se encuentra con una economía debilitada por la pandemia de COVID-19.
Además, se ha tenido que recortar el presupuesto de las secretarías locales 10 por ciento y también el de las alcaldías para enfrentar la contingencia sanitaria por el nuevo coronavirus.
“El amparo no debería ser aplicable, no están defendiendo sus derechos fundamentales, sino los sueldos ofensivos que se tienen en un país donde las necesidades básicas de la mayoría de la población se ven vulneradas por la crisis económica”, considera.
También opina que los únicos que sí respetan los principios de la austeridad son los mandos medios de los órganos autónomos.
La legisladora local hace un llamado a los magistrados del TEPJF a respetar las disposiciones de la ley y a no aprobar el aumento de salario a los nuevos representantes de la autoridad electoral.
