El cuerpo colegiado que conformó el Gobierno de Jalisco para analizar la permanencia del estado en el pacto fiscal federal se presenta a sí mismo como una instancia ciudadana que actuará con autonomía, pero una parte de sus miembros tienen o han tenido nexos con entes gubernamentales.
El 13 de noviembre pasado, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez anunció la creación de esta instancia que tendrá entre sus principales funciones la preparación de la consulta a través de la cual los jaliscienses podrán decidir si Jalisco se queda en el pacto fiscal de la Federación o lo abandona.
Será una instancia cien por ciento ciudadana que incluirá a mujeres y hombres comprometidos con la discusión del futuro del pacto fiscal, el cual será ajeno al proceso electoral o intereses de partido, con el estricto ánimo de privilegiar el debate y la consulta ciudadana
Esta mesa llamada “Nuevo Pacto: Equidad y Solidaridad Fiscal” quedó integrada por 12 miembros, pero no cumple con el calificativo de “cien por ciento ciudadana”, pues al menos cinco de sus integrantes son parte de instancias gubernamentales, tienen nexos partidistas o recibieron contratos públicos en el pasado inmediato.
Por ejemplo, Isaura Matilde García Hernández también es parte del gabinete del gobernador Alfaro Ramírez, pues actualmente es la titular de la Comisión Estatal Indígena de Jalisco.
En el organismo también figura Javier Hurtado González, presidente del Colegio de Jalisco, un cargo que alcanzó con el impulso que recibió del gobierno del exmandatario del PRI, Aristóteles Sandoval Díaz.
Cuando Hurtado González tomó las riendas del Colegio de Jalisco en 2016, recibió críticas muy duras del Gobierno de Guadalajara, presidido en ese entonces por el actual gobernador Alfaro Ramírez.
“El presidente del Colegio debe contar con la confianza de la comunidad, su nombramiento debe ser irrefutable, no puede tratarse de un personaje que desacredite a la institución por su trayectoria. Javier Hurtado no cubre con estas características mínimas, basta recordar su actuación como miembro del cuarto de guerra de un partido político en la pasada elección y su papel como opinador a favor del oficialismo”, dijo Alfaro el 23 de febrero de ese año.
Contratos gubernamentales
El gobernador Enrique Alfaro le asignó la coordinación de esta mesa al analista político Enrique Toussaint Orendáin, quien recibió seis contratos de la administración alfarista en 2019 y 2020 por 254 mil 833.33 pesos, para la “Conducción y producción de contenidos del programa ‘Contrastes’ del SJRT (Sistema Jalisciense de Radio y Televisión)”.
Estos contratos tuvieron vigencia de julio de 2019 a septiembre de 2020, según lo informa el SJRT, y se establecieron a través de la empresa Grupo Arquitectos Toussaint y Orendáin, según el folio de transparencia 08315520.
Esa no fue la primera vez, sin embargo, que la empresa Grupo Arquitectos Toussaint y Orendáin recibió un contrato de un gobierno del partido Movimiento Ciudadano. En el 2016, el Gobierno de Zapopan le otorgó el contrato del “Proyecto Ejecutivo de la renovación y ampliación del Museo de Arte de Zapopan”, con clave DOPI MUN RM PROY AD 185 2016, por 986 mil 034.80 pesos.
Y en el 2018 recibió un contrato del Gobierno de Jalisco, entonces encabezado por el priista Aristóteles Sandoval Díaz: el de clave SIOP-E-OSROP-03-AD-0468/18, para la “Construcción del parque Bienestar Centro Interactivo de Ciencia e Innovación y Planetario (proyecto arquitectónico de adiciones y complementos de instalaciones y equipamiento)”, por el que se le pagó a Grupo Arquitectos Toussaint y Orendáin un millón 500 mil pesos.
Finalmente, en la mesa del pacto fiscal también figuran dos funcionarios de la Universidad de Guadalajara (UdeG): primero, Carlos Iván Moreno Arellano, titular de la Coordinación General Académica y de Innovación, con un sueldo bruto mensual de 102 mil 714.16 pesos; y Mauricio Merino Huerta, director del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de la UdeG, con un sueldo bruto mensual de 76 mil 649.02 pesos.
El retorno de Almaraz en el pacto fiscal
Entre los miembros de la mesa del pacto fiscal que no dependen de instancias gubernamentales locales ni tienen nexos partidistas figura Lucía Almaraz Cázarez, hasta hace poco presidenta del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción de Jalisco, quien destacó por sus cuestionamientos al poder público.
También María Marván Laborde, quien fue Consejera Presidenta del IFE y Comisionada presidenta fundadora del IFAI; las empresarias Marisa Lazo Corvera y Carmen Villarreal Treviño; los académicos, Armando Cruz Covarrubias, doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, y Carlos Moreno Jaimes, doctor en Políticas Públicas por la Universidad de Texas; y la activista, Cecilia Díaz Romo.
Este 14 de diciembre, el coordinador de la Mesa, Toussaint Orendáin, anunció que se integrarán tres comités: Constitucional, Fiscal y de Comunicación.
“Quienes integren estos comités tendrán una experiencia y una integridad probadas. Su labor será remunerada, a partir de donaciones que provendrán de la sociedad civil y la iniciativa privada. Dichas aportaciones tendrán un tope razonable para garantizar nuestra autonomía”.
