Autoridades insensibles

Luego de interponer una denuncia contra su marido tras ser víctima de violencia familiar, una mujer debió esperar cerca de un año para recibir atención de las autoridades estatales.

El pasado mes de abril la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) presentó la recomendación 15/2016 en el cual se señalaba a las autoridades Carlos Antonio Zamudio Grave, fiscal regional, y a Felipe de Jesús Jiménez Bernal, presidente municipal de Tequila.

Esto como un llamado de atención al violar el derecho a la legalidad y a la igualdad, por un ejercicio indebido de la función pública y falta de perspectiva de género en la procuración de justicia, como lo detalló el propio titular de la Comisión, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián.

Aunque fue desde el 12 de mayo del 2015 que la mujer interpuso la queja ante la CEDHJ, contra el personal de la agencia del Ministerio Público y de la Comisaría de Seguridad Pública del municipio de Tequila.

Parte de los motivos principales que la quejosa describió fue que dichas autoridades no le habían brindado la ayuda necesaria para salvaguardar su integridad, ni las medidas necesarias a su favor después de haber sido violentada de diversas formas por parte de su esposo.

Además de que las autoridades de procuración de justicia abonaron a que la mujer fuera revictimizada, entrando en la queja, de igual forma, dos funcionarios públicos del Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM) que tampoco atendieron a las solicitudes de la víctima.

“(La denuncia) fue consignada por violación equiparada, lesiones y violencia intrafamiliar y posteriormente se liberó la orden de aprehensión, se cumplimentó y una vez que declaró mi esposo el juez cambió los cargos a solamente lesiones y violencia intrafamiliar, por lo que le fijó una fianza para que saliera en libertad, cosa que pasó”, declaró la víctima a la CEDHJ.

Aunado a eso, el esposo de la víctima violó en diversas ocasiones la restricción de acercamiento, y a pesar de que ésta denunció ante las policías la reiterada violación a las estipulaciones del juez, nunca realizaron acciones bajo el argumento de que no podían actuar o ser denunciados.

La inseguridad no sólo era por la violación a la restricción de acercamiento que tenía el denunciado con la víctima, sino de las amenazas de muerte que ésta última recibía y que en varias ocasiones denunció ante las autoridades.

“Me quejo porque he llegado a tratar de denunciar a mi esposo por las amenazas de muerte y me dicen: ‘ya retírele los cargos y así se arreglan más pronto’, ‘nosotros no le dijimos que se casara con ese loco’”, señaló la víctima.

En el cuerpo de la queja interpuesta ante la CEDHJ también se señaló a personal que labora en el IJM a quienes se acusó de haber negado el apoyo a la víctima, ya que le respondieron que sus servicios sólo se ofrecen en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Problema de fondo

Este caso muestra la falta de coordinación y capacitación en el que hasta la fecha no se han realizado acciones concretas.

A excepción de las capacitaciones realizadas por el Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM), pero de acuerdo con instancias como la Comisión Legislativa de Equidad de Género, estas sólo se han enfocado a servidores públicos de oficinas municipales e instituciones estatales.

“Se realizará una serie de peticiones a dicha institución (el IJM) a efecto de que se garantice debidamente el apoyo a las mujeres víctimas de violencia en el interior del estado”, manifestó la CEDHJ en la recomendación.

Al mismo tiempo el instituto autónomo señaló que hubo omisiones por parte del juez encargado del caso, por lo cual tendrán que tramitar un procedimiento correspondiente ante el Consejo de la Judicatura del estado.

Como lo ha publicado Reporte Indigo a partir de la emisión de la Alerta de Violencia contra las Mujeres en Jalisco, el 8 de febrero pasado, las instituciones han quedado rebasadas ante el problema que representa la falta de seguridad para las mujeres.

Con el Centro de Justicia para las Mujeres rebasado en su capacidad, que pasó de 70 casos al día a atender a 200 usuarias, y una burocracia que carece de sensibilidad y perspectiva de género para la solución efectiva de los procedimiento de violencia contra ellas.

“Un deficiente sistema de capacitación no abona a mejorar la cultura institucional con perspectiva de género entre el personal que labora en el Gobierno del Estado de Jalisco ni a su desarrollo profesional”, advirtió desde el 2013 el Diagnóstico de Cultura Institucional con Perspectiva de Género elaborado por el gobierno estatal y el Instituto Nacional de las Mujeres.

La Alerta cambió la actuación de las instituciones que la tienen que implementar; la titular del IJM, Erika Loyo Beristáin, reconoció que la demanda de atención se disparó.

“No quisiera usar la palabra pero es un acto natural, porque cuando visibilizas un problema, cuando lo haces del conocimiento público, hay más conciencia de cuándo las mujeres están siendo violentadas”, declaró Loyo Beristaín a Milenio Radio el 16 de abril pasado.

La duda es si en verdad hay un alza en los casos de violencia contra las mujeres o, debido a la falta de atención en años pasados, un descubrimiento y apertura de demandas que no habían sido revisadas, como en el caso de la recomendación 15/2016 donde la CEDHJ resolvió un caso de queja que tenía en sus archivos desde el 12 de mayo de 2015.

En este caso son el grueso de las instituciones las que quedan evidenciadas en su falta de coordinación tras la alerta, y como lo manifiesta la propia CEDHJ en su recomendación, se hace evidente el difícil camino de las mujeres para acceder a la justicia.
“El presente es un caso emblemático de las dificultades que tienen las mujeres para acceder a la justicia. Tanto a la actuación del personal involucrado de la agencia del Ministerio Público como de la Comisaría de Tequila que generaron un clima de violencia institucional, dejando en evidencia el imaginario social que parte de estereotipos para tolerar la violencia contra la mujer”, concluye la recomendación 15/2016.