Autoridades no responden

La información y las versiones sobre la situación de los detenidos en la marcha del 1 de diciembre del año pasado, están mezcladas, enredadas y modificadas por los que acusan. 

Hasta la fecha, aunque el Ayuntamiento de Guadalajara diga lo contrario, no se han retirado los cargos contra los detenidos en aquella manifestación contra el presidente electo Enrique Peña Nieto. 

Y ni Televisa ni el PRI han mostrado la intención de retirar sus acusaciones. 

Porque sí hubo un grupo de jóvenes que lanzó piedras y dañó las fachadas de los edificios de ambos, y aunque algunos asistentes de la marcha pidieron que fueran detenidos en flagrancia, los policías no lo hicieron

Desde aquel primero de diciembre las versiones han sido modificadas, los cargos aumentados y los expedientes fabricados. Porque los detenidos señalan que muchas de las acusaciones de los oficiales no son verídicas. 

En primera porque las rindieron oficiales que no participaron en el operativo y en segunda porque hay declaraciones que están duplicadas. 

Dichas acusaciones son las únicas pruebas que la Procuraduría General de Justicia de Jalisco recabó en contra de los 25 detenidos que siguen en proceso. 

En los videos e imágenes de dicho día que hay en la red se muestra que casi ninguno de los provocadores fueron detenidos; el único sustento para las detenciones fue el dicho de los uniformados. 

A pesar de las inconsistencias en sus declaraciones, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara indicó que la identidad de los policías que participaron en la marcha no puede ser revelada.  

Y es que en una solicitud de información que realizó el reportero de este medio se pidió el listado de policías que participaron en el operativo, para poder cotejar sus nombres con los que aparecen en las declaraciones contra los detenidos.  

Textualmente se solicitó: “el listado con nombre, fotografía y cargo de los policías que participaron en el operativo realizado el 1 de diciembre del 2012, en el que a las afueras de la Expo Guadalajara fueron detenidas 25 personas que participaron en una manifestación. 

“También se pide el listado de patrullas que estuvieron en dicho operativo especificando los patrulleros asignados a cada unidad”.

La solicitud se realizó el 4 de enero y está registrada con el folio 00009913. 

Pero la respuesta de la autoridad fue negativa. 

El Ayuntamiento de Guadalajara indicó que dicha solicitud es “improcedente” porque pone en riesgo la vida de personas y la seguridad del Estado, según el citado artículo 41 de la Ley de Información Pública de Jalisco y sus Municipios. 

De este modo el 14 de enero la Unidad de Transparencia de Guadalajara clasificó la información como “reservada”. 

Luego de eso se interpuso un recurso de revisión ante el Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco (ITEI), que a la fecha está en proceso. 

El 25 de enero se interpuso dicho recurso, y a la fecha no se ha recibido respuesta ni del ITEI ni del Ayuntamiento de Guadalajara. 

Un delito más 

A más de dos meses de la polémica marcha del 1 de diciembre, aunque el Ayuntamiento de Guadalajara ya dijo públicamente que se desistiría de los cargos contra los detenidos, y ya se dijo que se castigaría a los policías que cometieron excesos en el operativo, la situación jurídica de los que fueron aprehendidos no es muy distinta. 

De hecho, el municipio incrementó los cargos contra los acusados. 

A 40 días de la marcha,  agregó el cargo de “robo calificado” de implementos de algunos policías que participaron en la marcha. 

Se reporta que les fueron robados cartuchos de arma de fuego y un escudo antimotines.  

Y en el caso de esta acusación en concreto, aunque el Ayuntamiento de Guadalajara se desista, el delito puede ser perseguido de oficio. 

En el Código Penal del Estado de Jalisco se establece en el primer capítulo “Robo” del título decimoséptimo, se establece la diferencia entre “robo simple”  (estipulado en artículo 235) y “robo calificado” (en artículo 236). 

En la normativa se establece que el primero “se perseguirá por querella de parte”, mientras en el segundo de los casos solo se establecen excepciones para que se persiga tras una denuncia o querella. 

Pero en general el robo calificado es perseguido de oficio, por lo que luego de acreditarse de este modo el cargo, la autoridad estaría obligada, si así lo acreditase, a continuar con las investigaciones incluso si se retira la acusación. 

Además cabe señalar que en el caso del robo simple las sanciones van de 6 meses a 5 años de cárcel,  mientras que en caso del robo calificado van de 2 a 15 años de prisión. 

Por lo tanto un acto de desistimiento o perdón podría dar una buena imagen al Ayuntamiento de Guadalajara, pero no significará que los procesos penales –respecto a las acusaciones del municipio- terminen. 

Con ello, la entrada de la nueva administración estatal podría significar un tira y afloja en los expedientes de los detenidos que muy seguramente seguirán abiertos de aquí al paso de estafeta. 

Parece un juego mediático en el que el Ayuntamiento de Guadalajara –priista- está alargando hasta que la PGJ esté en manos de su partido, y entonces negociar, pero ¿qué? 

En las reuniones de los detenidos abunda la confusión. Los del movimiento #yosoy132GDL piden una cosa, los que no forman parte piden otra, pero todos coinciden en la falta de claridad de la postura del Ayuntamiento de Guadalajara. 

Y es que a la fecha las autoridades tapatías prometen, dicen actuar, pero siguen sin escuchar, de hecho ni siquiera dejaron leer el posicionamiento del movimiento que se buscó exponer en el foro 6 Ciudades; así las cosas, la interlocución parece estar rota. 

La versión de los detenidos

Por Esteban Contreras 

La criminalización de la protesta es la trama detrás de la ampliación de la denuncia que presentó el Ayuntamiento de Guadalajara contra los detenidos el 1 de diciembre de 2012.

Eso aseguran cuatro de los 25 jóvenes que hasta el día de hoy están libres bajo caución.

Y es que a pesar de que las autoridades por un lado dicen haber retirado los cargos, lo cierto es que la Dirección Jurídica del Ayuntamiento agregó más, como el daño a los escudos y robo de cartuchos.

Elena Barragán, quien fue detenida en la manifestación, insiste en que de ser cierto el robo de municiones eso también traería consecuencias negativas para los elementos policiacos.

“En la descripción del oficio aparecen daños a escudos, pérdida o robo a dos cartucheras con municiones útiles. Cosa muy negativa para ellos porque habla de la violación de los protocolos porque la policía acudió a una movilización pacífica”, dice la integrante del Frente Amplio de Jalisco.

Y aunque los cargos no están adjudicados teme que por la desinformación se tomen represalias y se adjudiquen a cualquiera de los 25 detenidos en la manifestación.

Sobre la actitud del ayuntamiento tapatío de salir a declarar ante los medios que había retirado los cargos señala que existe un doble discurso porque la denuncia se amplió.

“Hemos sido utilizados, de alguna manera se nos prometió un retiro de cargos que no ha sido cumplido cabalmente y se desatan nuevas represalias que es lo que nos tiene más preocupados”. 

Alfredo Romero, detenido e integrante de #Yosoy132, señala que los cargos son ridículos y que “de alguna forma están tratando de callar la voz libre de la gente que decide manifestarse”.

Amedrentar, asustar y alejar a la gente del movimiento social es el objeto de la represión que sufrieron pues manifestarse “es algo que puede darle energía al país para mejorarlo”, afirma.

Para Evelyne Herrera, de #Yosoy132, y Michel Zurita, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), no se debe criminalizar la protesta ni señalar a los movimientos sociales e insisten en que no todos los que se manifestaron el 1 de diciembre son parte de #Yosoy 132.