Una vez que se abrió la puerta a la regularización de los autos chocolate, en un trimestre estarían listas las reglas para su legalización.
En la Ley de Ingresos del 2020 se adicionó un artículo transitorio que abre la puerta a este ordenamiento.
“Para los efectos de las obligaciones previstas en la Ley Aduanera, en un plazo máximo de ocho meses contados a partir de la entrada en vigor de esta Ley, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos aplicables, a efecto de solucionar la problemática de la posesión de vehículos importados usados localizados en territorio nacional que no hayan cumplido con las obligaciones de la Ley Aduanera”, se lee en el 15 transitorio de esa ley.
Sin embargo, aunque el plazo establecido es de ocho meses, que vencería en agosto del 2020, los legisladores que impulsan el tema calculan en dos meses tener ya modificada la Ley Aduanera, con los mecanismos, requisitos y la operación de la regularización de los autos chocolate.
Por ello, el cabildeo en el Senado sobre los autos chocolate está en su apogeo. De cara a la discusión de la Ley de Ingresos para el 2020, quienes están a favor y en contra de la medida buscan convencer a los senadores de las bondades o los perjuicios que puede traer al país.
Lo cierto es que la presencia de autos chocolate en los estados de la frontera norte es un problema añejo.
Algunos circulan con placas —ya vencidas— de los Estados Unidos. Otros portan alguna identificación provisional otorgada por alguna de las decenas de organizaciones civiles que se dedican a empadronarlos con la promesa de que en algún momento se legalizarán.
Algunos circulan con placas —ya vencidas— de los Estados Unidos. Otros portan alguna identificación provisional otorgada por alguna de las decenas de organizaciones civiles que se dedican a empadronarlos con la promesa de que en algún momento se legalizarán.
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Los autos chocolates son vehículos que han sido adquiridos en los Estados Unidos y fueron internados en México sin documentos legales.
Son distintos de aquellos que ya pasaron por la importación y legalización, que son autorizados para circular solamente en la franja fronteriza libre de impuestos, 30 kilómetros al interior de México, con placas que se les conoce como “fronterizas”.
Y también son diferentes de aquellos vehículos que son vendidos por las empresas automotrices, a los que se les otorgan placas para circular por todo el país.
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) prometió desde su campaña que revisaría el tema de los autos chocolate.
Ya como jefe del Ejecutivo, López Obrador afirmó que la regularización es estos vehículos ya se analizaba, pues recibía información de que eran utilizados en actos indebidos.
“No solo por la regularización, por los ingresos que puedan obtenerse de la regularización. Sino porque en el caso de los delitos, se utilizan vehículos irregulares.
“Se está analizando, porque tenemos que buscar un equilibrio. Mucha gente adquiere estos carros por el precio; se ayudan, no podrían comprar carros nuevos”, dijo el mandatario en abril pasado.
Opiniones a favor y en contra han sido expresadas por esta medida. La última palabra la tendrá el Senado, que debe aprobar la Ley de Ingresos a más tardar el 31 de octubre próximo.
Puntos encontrados por los autos chocolate
Para Teresita de Jesús Vargas Meraz, diputada de Morena por Chihuahua, la regularización de los autos chocolate será un gran triunfo si se concreta en el Senado.
“Vamos por el tema de que los aranceles bajen para que podamos regularizar estos automóviles y la idea es facilitar el trámite, que es donde muchas personas se atoran, tanto a la hora de parar como a la hora de hacer el trámite. Se trata de desatorar este tema”, expuso Vargas en entrevista.
La regularización aplicaría para los autos que ya estén en territorio nacional al momento de la legalización, pues se busca evitar que entren más vehículos a partir de este anuncio.
“Se busca ayudar a los más pobres y no hacer un negocio. Sabemos que hay quienes lucran con este tema, y nuestra postura es que vamos a ayudar a la gente que tiene un carro en estas condiciones por necesidad, y no que entren autos de lujo.
“Esto tiene que estar muy claro: nosotros vamos por la regulación de los autos que tienen las personas por necesidad”, indicó la legisladora.
Vargas se dijo consciente del planteamiento de la industria automotriz de que habrá afectaciones a las ventas del sector, pero se dijo comprometida con sus electores.
“Aunque no les parezca a ellos (a los empresarios), nosotros tenemos que defender esto porque es una necesidad de nuestros representados”, sentenció Vargas.
Para Guillermo Rosales, director adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores (AMDA), es un error que se legalicen los autos chocolate porque la baja en las ventas de autos nuevos sería estrepitosa; acusó un uso político del asunto.
“Esto se ha venido incrementando a partir de 2016, con procesos electorales en Tamaulipas, en Baja California, en Chihuahua, que son los estados donde hay mayor incidencia de este fenómeno.
“Con el cambio de gobierno se ha tenido una presión muy fuerte de gobiernos, políticos, legisladores de estos estados fronterizos y de personas que promueven la comercialización de estos vehículos de trabajo, pidiendo al presidente que se lleve a cabo (…) nosotros le pedimos al presidente que no ceda a estas presiones”, expuso Rosales en entrevista.
El sector empresarial automotriz busca frenar la regularización de coches chocolate por considerar que la adquisición de nuevas unidades disminuirá
Desde sus cálculos, la venta de vehículos nuevos podría bajar a menos de 1 millón, lo que significaría una caída de más del 40 por ciento respecto al 2016, cuando se vendieron 1 millón 600 mil carros nuevos.
“Se están haciendo modificaciones en la ley para equiparar la emisión de facturas falsas a la delincuencia organizada y para combatir el contrabando. Obviamente esto de los carros chocolate es contrabando. Traer los vehículos, utilizarlos, venderlos, es contrabando.
“Sería un contrasentido total y absoluto del presidente López Obrador, por un lado poner más obstáculos a la inversión privada, y por otro legalizar el contrabando”, acusó Rosales.
La AMDA se ha pronunciado por no permitir, en absoluto, que se lleva a cabo esta legalización y analiza ya las vías legales con las que podrían proteger a la industria. Otras organizaciones como la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) o la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) también se han sumado a las manifestaciones en contra de esta medida.
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