El problema de los autos chocolate no implica solo legalizar los millones de carros que circulan en la frontera norte del país, sino combatir a las organizaciones que han lucrado con ellos durante años.
Varias asociaciones civiles se han dedicado a empadronar a los autos ilegales, prometiéndoles que no pueden ser detenidos ni remolcados al corralón.
No solo los apuntan en una lista, también otorgan placas o engomados sin ninguna validez oficial. Por estos trámites cobran una cuota que va de los mil a los 5 mil pesos anuales.
Al empadronarse, los vehículos son incluidos en un amparo federal que los protege de ser detenidos y remolcados por elementos de tránsito.
Las asociaciones cobran un refrendo anual, cual si fuera una tenencia estatal, para mantenerlos dentro del amparo y que sigan circulando.
Las organizaciones otorgan placas o engomados sin ninguna validez oficial, por las que cobran una cuota que va de los mil a los 5 mil pesos cada año
Además de su actividad como empadronadores, han hecho durante años labores de cabildeo a nivel estatal y federal para conseguir la regularización de los autos chocolate.
Estas organizaciones engañan a sus clientes diciendo que los autos que se regularizarán serán los que estén en su padrón, lo que provoca que más personas tramiten sus engomados.
A más largo plazo, el problema es que legalizar los autos chocolate no terminaría con el negocio de estas empresas disfrazadas de organizaciones de protección ciudadana, pues al anotarse como propio el triunfo de la legalización, ganarían confianza de la gente para que en el futuro empadronen más vehículos que entren de manera ilegal al país.
Protección y placas ilegales para autos chocolate
“¿Tienes vehículo americano? Afíliate, no arriesgues tu patrimonio”, dice el slogan de la Asociación Nacional de Proteccion al Patrimonio Familiar (Anappafa), que opera en Mexicali, Baja California.
Al otro lado de la línea telefónica, la voz de la encargada del local de Anappafa da instrucciones claras: para empadronar un auto —Honda 1999—se debe llevar el título de propiedad, una identificación y un comprobante de domicilio; se pagan mil 530 pesos al año.
“Lo que nosotros le otorgamos es un amparo federal para que pueda circular aquí sin que la molesten”, dijo la encargada.
Con el pago de la cuota, se otorga un engomado para el auto y una credencial de la organización. Con ello se permite circular en la franja fronteriza del país.
Como esa asociación, decenas han lucrado con quienes poseen un auto sin placas, cobrándoles cuotas anuales con la condescendencia del gobierno.
Algunas tienen representación en varios estados y se basan en engaños para que las personas les paguen por el empadronamiento.
Uno de esos casos es el de la Organización Nacional de Protección al Patrimonio Familiar AC (Onappafa Patrimonio Familiar), que presume tener un permiso de la Secretaría de Economía para emitir placas.
“Nuestra organización es la única que ha logrado que la Secretaría de Economía, a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, le autoriza portar placas metálicas de identificación vehicular de procedencia extranjera”, presume la organización en su página de Facebook, mostrando el oficio de un registro oficial.
En realidad se trata del registro de marca de Onappafa, realizado ante el IMPI, que entre uno de sus giros está la venta de “placas de identificación metálicas”, pero no de registro vehicular.
“Hay organizaciones que han llegado a engañar a la gente diciéndoles que emplacan sus carros y como la gente sueña con tener placas, se van con la finta y pagan todo lo que les pidan estas organizaciones, pero es un engaño”, acusa en entrevista Francisco Javier Reyes, representante de la Organización Nacional de Ciudadanos Emprendedores y presidente de la Comisión de Vigilancia de Onappafa AC.
Reyes explicó que en Onappafa hubo una escisión entre un grupo que pretendía cobrar por darles placas falsas a los propietarios de autos chocolate, y otra que solo los incluye en un amparo y les da engomados.
“Nosotros solo les damos engomados porque no queremos violar la ley; dar placas es como si ya hubiera un Estado dentro de otro Estado, eso no solo es engañar a la gente, es un delito”, comentó.
‘Al pobre todos le roban’
Para Eraclio Rodríguez, diputado federal de Morena, resolver el problema de los autos chocolate es un asunto urgente porque no hacerlo crearía una crisis social en las comunidades.
Esos carros no podemos quitárselos a las familias porque en muchos casos es el único patrimonio que tienen; habría una crisis social muy fuerte
Además, la urgencia es también para frenar el negocio de estas organizaciones que cobran impuestos paralelos a los del Estado pues, desde su punto de vista, es evidente que hay contubernio entre las organizaciones y los gobiernos.
“A los pobres todo el mundo les quiere robar. Roban los empresarios, el gobierno, los particulares que nos venden papeles falsos. Por eso nosotros vemos la necesidad de regularizar y legalizar todos estos vehículos para que no suceda eso.
“Porque las familias nos convertimos en rehenes de los más ‘pillos’, empezando por los tránsitos y los policías y luego venden un amparo y le dicen a la gente que con eso tienen. Pero un amparo no es la legalización del vehículo; eso nada más es patear el bote”, indicó Rodríguez, quien preside la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, de la Cámara de Diputados.
Rodríguez indicó que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se comprometió con los legisladores de Morena a sacar adelante el tema de los autos chocolate este año, pero se atoró en el Senado.
El legislador apuntó que hay alrededor de tres millones de autos chocolates en México y no 18 millones, como se dijo con anterioridad.
El Senado frenó ayer la legalización de los autos chocolate, en la discusión de la Ley de Ingresos Federal 2020
