La comunidad LGBT+ avanza con pasos firmes en el país, pese a la oposición de los sectores más conservadores.
San Luis Potosí e Hidalgo han sido las dos últimas entidades en cambiar su normatividad local para avalar por ley el matrimonio igualitario, sumando ya 17 entidades de 32 en todo el país.
Ayer, con 14 votos a favor, 12 en contra y una abstención, el Congreso potosino reconoció los matrimonios entre personas del mismo sexo en medio de la discusión simultánea de dos dictámenes totalmente opuestos.
“Fue un hecho histórico, ya que se presentaron dos iniciativas, dos dictámenes en el que uno fue en contra y otro a favor pero, más allá de esto, es darle esa voz a ese sector porque al final de cuentas es una lucha de ellos.
El legislador señala que el hecho de que en un estado como el suyo se haya decidido aprobar el matrimonio igualitario manda un mensaje a las entidades donde aún no se han realizado las modificaciones para hacerlo.
“¿Cómo es posible que en un estado conservador como San Luis Potosí se haya logrado?”, cuestiona.
Mientras que dos días antes, el martes 14 de mayo, en una controversial sesión en la que se confrontaron bandos a favor y en contra e incluso se llamó dos veces al orden a los asistentes, los diputados hidalguenses también avalaron el matrimonio igualitario en esa entidad.
El avance en el reconocimiento de derechos se da a pesar de las resistencias, no solo de los grupos profamilia, sino de la propia clase política.
En Nuevo León, por ejemplo, los legisladores locales se resistían a acatar una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que invalida artículos que impedían estas uniones.
Y en Yucatán, hace unas semanas, el Congreso local votó en contra de reformar una ley para reconocer estas uniones, a pesar del pronunciamiento del máximo tribunal a favor del matrimonio igualitario.
Para Ricardo Baruch, colaborador de la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF por sus siglas en inglés), se debe al miedo de los legisladores al costo electoral que creen que puede tener el apoyar este tipo de temas.
Baruch recordó que hace tres años el entonces presidente Enrique Peña Nieto propuso que el matrimonio igualitario fuera reconocido en el Código Civil Federal para que fuera legal en todo el país pero la iniciativa no fue aprobada.
“Hubo un enorme rechazo por parte de los sectores conservadores el cual además coincidió con un estrepitoso fracaso en muchas elecciones locales por parte de PRI. Entonces fue en ese momento que muchos consideraron que no era electoralmente rentable apoyar estos temas”, dice Baruch.
Sin embargo, el activista e investigador mexicano en temas de derechos humanos y salud señala que algunos congresos donde Morena es mayoría ya se empieza a aprobar el matrimonio igualitario, algo que tarde o temprano tendrán que hacer las 32 entidades del país.
“Todavía vemos también situaciones como lo que ocurrió en Yucatán hace apenas unas semanas, donde a pesar de que se tenían todos los recursos jurídicos y legales para que pasara pues en realidad los diputados locales votaron en contra”, agrega.
En sentido contrario a casos como el de Yucatán, se toman decisiones en el ámbito federal y estatal; ejemplo de lo anterior es lo ocurrido ayer en San Luis Potosí que coincidió con el anuncio del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien instruyó a todos los consulados a garantizar el matrimonio entre personas del mismo sexo a personas mexicanas en el extranjero.
Los pendientes
La aprobación del matrimonio igualitario es un gran avance para la comunidad LGBT+, pero aún hay deudas importantes por saldar.
“Todavía nos falta tener leyes de identidad de género, inclusión laboral, acabar con los altos índices de violencia contra la comunidad LGBT+ en todo el país y con las ‘terapias de conversión’”, dice Enrique Torre Molina.
Otro de los temas fundamentales y que ha quedado muy rezagado es el reconocimiento legal de la identidad trans, señala Ricardo Baruch.
“Este tipo de reconocimiento en general tiene mucha menos oposición que el matrimonio igualitario, porque simplemente es que las personas transgénero, ya sean hombres o mujeres, puedan rectificar sus documentos legales y esto solamente es posible hasta el momento en cuatro estados de la república”, explica el colaborador de la IPPF.
Otras cuestiones que Baruch considera fundamentales es que la implementación de la educación integral de sexualidad incluya temas de diversidad y de no violencia.
“El establecer mecanismos de no discriminación a las personas LGBT, hemos visto que por ejemplo, a muchos años de que en la Ciudad de México se creó el Copred (Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación), en la mayoría de los estados de la República todavía no hay consejos para combatir la discriminación y este es un gran pendiente que realmente debería atenderse, para que existan mecanismos más formales para denunciar todo tipo de violencia y en este caso no solo por orientación sexual e identidad de género, sino también por otras causas”, expone.