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Organizaciones buscan que se establezca que los responsables de desapariciones pueden ser cualquier ‘agente del Estado’, y no solo ‘servidores públicos’
Los pocos avances para frenar la desaparición forzada han sido producto de la insistencia, la denuncia y la movilización social de las víctimas y organizaciones sociales”
A dos años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la legislación contra la desaparición continúa pendiente en el Congreso de la Unión.
A pesar de haber sido uno de los compromisos que el presidente Enrique Peña Nieto asumió después de la noche de Iguala, el tema continúa negociándose en las comisiones del Senado.
El debate se encuentra empantanado por desacuerdos en algunos temas; el asunto, sin embargo, no ha sido soltado por las organizaciones civiles, que siguen de cerca el proceso y han llevado incluso iniciativas al Legislativo.
El plazo constitucional para aprobar esta ley se venció el 6 de enero del 2016. Los 265 días de retraso han provocado que, incluso la ONU, se haya pronunciado por aprobar esta legislación a la brevedad, pues el tema es de vital importancia para el país.
Según los datos más recientes del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), al 31 de julio de este año había mil 44 desaparecidos del fuero federal, y 27 mil 428 del fuero común.
Un reporte del Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República, señala que México tiene un problema de desapariciones del nivel de Siria, que está sumido en una guerra civil desde el 2011.
El análisis toma como base cifras del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTDFI) –dependiente de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU-, que revelan que Siria y México tienen la misma cantidad de “casos transmitidos”.
Los casos transmitidos se refieren a casos denunciados por familiares o amigos de una persona desaparecida que son presentados al Grupo y éste, después de examinar la información de cada caso, la “transmite” al Estado para su esclarecimiento.
México ha tenido 136 casos transmitidos desde 2008, lo mismo que Siria. Paquistán ha tenido 144 en el mismo periodo y Egipto, 91. A excepción de México, en todos estos países ha habido guerras en esos años.
La legislación, empantanada
La Ley que castigará la desaparición forzada y la desaparición a manos de particulares está detenida en comisiones del Senado de la República.
El punto principal por el que existe desacuerdo es que el Gobierno federal se ha pronunciado por crear dos clasificaciones: por un lado, de personas “no localizadas”; y por otro, de personas “desaparecidas”.
Las personas “no localizadas” serían quienes no aparezcan por un corto periodo de tiempo, pero que varios días después regresen a su hogar, sin que esto sea reportado por las autoridades.
Una persona ilocalizable pasaría a ser “desaparecida” si no aparece después de cierto tiempo o si se tiene certeza de que su ausencia es producto de la desaparición a manos de terceros o de fuerzas del orden.
Organizaciones integradas en la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada piden que se comience a buscar de inmediato a las personas ilocalizadas pues, además de que se fomenta el prejuicio de que una persona desaparecida “se fue a otro lado”, se pierden minutos valiosos en la búsqueda, que debería comenzar en las 5 horas posteriores a que se registró el último contacto.
Buscan que existan Fiscalías especializadas en desaparición en cada uno de los estados.
Las organizaciones también se han manifestado porque la búsqueda de personas desaparecidas se realice en cualquier lugar donde puedan estar privadas de su libertad, sea en cárceles civiles o militares, centros clandestinos de detención, estaciones migratorias, centros de salud u otros donde se presuma que puedan estar.
Y, sobre todo, que se defina con claridad la tipificación de los delitos de “desaparición forzada” y “desaparición cometida por particulares”, así como las sanciones para cada uno de ellos.
Buscan también que se abra el espectro de responsables de desapariciones y se establezca que los responsables puede ser cualquier “agente del Estado” y no solo “servidores públicos”, pues en esa definición entrarían miembros de las Fuerzas Armadas y otros.
La Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada entregó hace un par de semanas una iniciativa de ley al Senado para que integre a los debates sobre el tema.
En su iniciativa, la Campaña establece que todos los agentes del Estado que sean acusados de participar en el delito de desaparición forzada sean procesados en juzgados civiles, sin importar que sean miembros del Ejército o la Marina.
Solicitan, además, la creación del Instituto Nacional Autónomo de Investigación Forense Mexicano, donde se realizarían todas las investigaciones forenses y que tendría a su resguardo un Banco
Nacional de Información Genética, una Base de Datos Nacional Ante-Post Mortem y un Registro
Nacional de Restos Mortuorios No Identificados.
Además piden que haya un registro de todas las fosas comunes en el país.
ONU pide aprobar Ley
La semana pasada, una comitiva de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se reunió con algunos de los padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
Estos representantes acudieron a la Normal de Ayotzinapa, en Guerrero, y desde ahí lanzaron un llamado a aprobar a la brevedad la Ley.
“No es que una ley vaya a cambiar inmediatamente todo en México, pero es importante que se discuta. Vamos a insistir en que esta ley se adopte en una forma fuerte, porque da una posición importante a las familias de las personas desaparecidas y porque hay muchas otras en toda la República Mexicana”, citó a Jan Jarab, representante de la Oficina, el diario La Jornada.
Al llamado se han unido también organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
