Durante las últimas horas se ha incrementado la presencia policial en el parque Arboledas del Sur, al sur-poniente de la Zona Metropolitana de Guadalajara, luego de que se obtuviera una suspensión de las obras que buscan derribar el arbolado y la futura construcción de vivienda en la zona.

“Lo único que queremos es que no continúen dañando esto. Porque esto no se va a terminar, no se va a hacer”, señalaba una vecina ante la presencia del director de bosques urbanos, Jorge Israel García Ochoa y el comisario del polígono nueve de Guadalajara, Aldo Monjardin Díaz.

Desde la tarde de ayer, la presencia de la policía se enmarcó con un pic nic de la comunidad que se organizó para reunir a más personas solidarias con su causa, en donde los vecinos han criticado fuertemente al municipio y al ex alcalde, Enrique Alfaro Ramírez, por haber permitido las obras durante su gestión.

El Ayuntamiento de Guadalajara se ha empeñado en continuar con los trabajos que buscan hacerse de 2.5 hectáreas de bosque urbano. A pesar de que desde el pasado 7 de junio se obtuviera una resolución del Primer Tribunal Colegiado de distrito en Materia Administrativa, derivado de la queja 185/2018 y el amparo 1545/2012.

No obstante, la autoridad municipal se ha amparado en que no se les ha notificado la resolución del Tribunal Colegiado, por lo cual han optado por continuar con las obras, mientras los cubre un cordón de policías que resguarda la maquinaria desde la mañana de este lunes.

De acuerdo con estas resoluciones, la suspensión se otorgó a favor de la comunidad indígena de Santa María Tequepexpan, pues reclama los predios como parte de su comunidad, de tal forma que los predios no pueden ser vendidos y la supuesta posesión en actas presuntamente espurias no prescriben.

“Nosotros vamos a continuar con la obra”, expresó García Ochoa ante los vecinos que le cuestionaron sobre los procesos de consulta y socialización de un proyecto que incluye la destrucción de una parte del bosque y la construcción de vivienda por parte de Desarrollos Inmobiliarios 10.

El tema ha sido arrastrado desde las administraciones de Fernando Garza (2001-2004) y Ramiro Hernández (2013-2015). Sin embargo, la actual administración le retiró la condición de área verde al predio y eso facilitó el traite para la empresa inmobiliaria.

Expertos en el tema urbano han destacado que el reciente caso viene a sumar la serie de favoritismos que la presente administración ha tenido con las empresas constructoras e inmobiliarias. Pues este caso reproduce los mismos amedrentamientos como en los casos de El Dean, Huentitán y San Rafael donde se pone en peligro los espacios públicos y las áreas verdes en beneficio de proyectos de vivienda.