La nueva Policía Metropolitana

Los Ayuntamientos conurbados de Guadalajara alistan la que será la nueva Policía Metropolitana, con la que reemplazarán al actual modelo estatal de Fuerza Única, una corporación que en los hechos fue inhabilitada desde hace un año. 

La Fuerza Única Metropolitana (FUM) que creó el Gobierno de Jalisco del PRI con una integración mixta nunca tuvo el respaldo de los gobiernos del Partido Movimiento Ciudadano (PMC),  por lo que estos le retiraron a sus policías apenas tomaron protesta en 2015. 

“Se le indica que a partir del 1 de octubre de 2015 todos los elementos aportados por los municipios de la Zona Metropolitana se incorporaron nuevamente a los Ayuntamientos”, detalló la Fiscalía General, en el folio de transparencia 02295715. 

Esta decisión de los gobiernos que lidera el alcalde tapatío Enrique Alfaro fue un golpe al corazón de la FUM, que dependía en su operación de un estado de fuerza mayoritariamente municipal: el 66 por ciento de sus 450 agentes totales eran municipales.

La FUM, cuyo arranque lo encabezó el gobernador Aristóteles Sandoval el 15 de diciembre de 2013, tenía 123 oficiales de Guadalajara, 71 de Zapopan, 37 de Tlaquepaque, 28 de Tonalá, 25 de Tlajomulco, 12 de El Salto, y solo 154 de la Policía Estatal de Fiscalía.

Solo un año nueve meses operó ese modelo de la FUM, mientras que su vertiente Regional para el interior del Estado hoy enfrenta la sospecha por las órdenes supuestas que el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera “El Mencho”, habría dado a uno de sus mandos –si bien el audio divulgado no ha sido autentificado-. 

Existe ya una propuesta de “Convenio de Coordinación y Asociación Intermunicipal para el Ejercicio de las Funciones de Seguridad Pública y Policía Preventiva”, que sustentará a la nueva Policía Metropolitana, y al cual tuvo acceso Reporte Indigo. 

Ahí se detalla la constitución del organismo público descentralizado Agencia Metropolitana de Seguridad, que tendrá a la Policía Metropolitana con la fusión de los recursos humanos, financieros y administrativos que aportarán los Municipios.

Son nueve Ayuntamientos que suman 6 mil 428 elementos en sus Policías, de los que 32 son de primer nivel, mil 81 intermedios y 5 mil 315 operativos –más 246 administrativos- con mil 962 vehículos, de acuerdo con el INEGI. 

Mando compartido

El mando sobre la operación de la Agencia y su Policía Metropolitana no será facultad exclusiva de los alcaldes, sino que estará compartido con el gobernador y su fiscal, Eduardo Almaguer Ramírez, que integrarán con aquellos la Junta de Gobierno del organismo. 

La cláusula cuarta dice que “Los Municipios acuerdan que ejercerán el mando sobre la Policía Metropolitana por decisiones aprobadas por mayoría de los presentes durante sus sesiones en la Junta de Gobierno”, pero la cláusula primera, fracción V, precisa: 

“Los acuerdos serán válidos por efecto de mayoría simple de votos. Los presidentes municipales y el fiscal tienen derecho de voz y de voto. El Gobernador tiene derecho de voz, derecho de voto, y en caso de empate su voto será de calidad”.

El gobernador incluso podrá vetar las decisiones de la Agencia: “El Gobernador, en moción particular debidamente motivada, tendrá derecho de veto sobre los acuerdos adoptados por mayoría en el seno de la Junta de Gobierno”.

La Agencia contará además con dos órganos desconcentrados: la Unidad Interna de Investigación para vigilar el actuar policial; y el ombudsman que velará por los derechos de los policías, ambos con la “autonomía técnica” que requieren. 

Dinero para la Agencia

Los municipios transferirán a la Agencia sus bienes muebles e inmuebles, y los recursos financieros, administrativos y humanos para su operación, incluyendo fondos federales de seguridad.

Por ejemplo, su Subsidio para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública (Fortaseg, antes Subsemun) sumó en 2016, 221.5 millones de pesos, y el de Prevención (Pronapred), 93.6 millones. 

En la declaración décima octava se indica que el funcionamiento de la Agencia estará  soportado en “contribuciones proporcionales de las contrapartes”, y la cláusula octava agrega que administrará:

“Las participaciones y todos aquellos recursos que las instituciones de seguridad municipales e instancias de coordinación metropolitana perciban en nombre propio para la materia de seguridad, policía y prevención”.

Cualquier municipio podrá salir de la Agencia cuando lo desee, dice la cláusula décima segunda, pero implica una especie de penalización: 

“La terminación unilateral anticipada no extingue las obligaciones nacidas con anterioridad a esta (…) ni extingue el consentimiento del municipio renunciante para que sean afectadas sus participaciones federales, estatales y aportaciones que reciba hasta por la cantidad equivalente necesaria para solventar las obligaciones”. 

El tiempo se ha vuelto un problema para la puesta en marcha de la Policía Metropolitana, la ciudad está por cumplir un año sin una corporación intermunicipal tras la cancelación del respaldo a la FUM.   

En la cláusula décimaprimera se fija el objetivo de que el convenio entre en vigencia en el 2016, con plazo de seis meses más para iniciar operaciones. 

En agosto el convenio se remitió para su revisión al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), por la que aún no se aprueba, y la fusión material de recursos aún ni siquiera inicia. 

El escenario se complica con la reforma constitucional que modificará el modelo policial del país, aprobada por el Senado en junio –aún no por diputados-, y que prevé expedir una Ley General de Seguridad en no más de un año a partir de que se concrete. 

La duda policial

El convenio de la Policía Metropolitana asume que los nueve municipios seguirán ejerciendo funciones de combate al delito, como hoy lo hacen, pero no hay garantía de ello. 

El dictamen del Senado fijó que solo las Policías municipales que sean certificadas por el SESNSP 

tendrán atribuciones de reacción, prevención e investigación de los delitos; las que no, se limitarán a las faltas administrativas. 

El artículo 115 constitucional, fracción III, inciso h, sería modificado para quitarle a los Municipios la función de “seguridad pública” y “policía preventiva”, y diría: “Policía de proximidad y tránsito, con competencia para la aplicación de los bandos de policía y gobierno e imposición de sanciones por infracciones administrativas”.

De los nueve municipios en el convenio, hay cinco con estructuras de seguridad sumamente pequeñas que podrían no ser certificadas: Juanacatlán, con 40 miembros; Ixtlahuacán de los Membrillos, 61; Zapotlanejo, con 94, y El Salto, 281.

A diferencia de las cinco más grandes: Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco.  

Elementos

La Fuerza Única Metropolitana estaba conformada de la siguiente manera:

123 Guadalajara

71 Zapopan

37 Tlaquepaque

28 Tonalá

25 Tlajomulco

12 El Salto

154 de la Policía Estatal de Fiscalía