Critican cinismo y opacidad

La desaparición o “baja documental” de los archivos que contenían la estrategia federal contra el narcotráfico es una muestra del cinismo de la Presidencia para ocultar la información que los llevó a tomar ciertas decisiones, afirmó el especialista Leopoldo Rodríguez, director general de Gesec, empresa dedicada a la consultoría en gerencia pública.

“Mi primera impresión es de asombro ante el terrible cinismo que tiene el Estado mexicano en general, el gobierno en particular, sobre la manera en que le da el tratamiento a toda la documentación oficial, donde si bien tenemos una Ley de Acceso a la Información desde la época de Vicente Fox, es una ley que no opera de manera adecuada (…) A mí me parece que esto es un ilícito.

“Me deja una profunda tristeza (…) Darnos cuenta de que estas decisiones aparentemente inocuas, como una decisión administrativa, de oficio, tengan en el fondo repercusiones sumamente graves”, señaló Rodríguez.

Dijo que lo peor del caso es que no vamos a conocer de primera mano cuáles fueron los elementos, las circunstancias y la coyuntura particular que llevaron a esas acciones.

“Esto parece ser una política deliberada por ocultar una decisión que nos ha acarreado un baño de sangre en este país. Es triste vivir en un país en el que las autoridades no solo asesinan a sus ciudadanos, sino además ocultan toda la documentación que pueda fincarles alguna responsabilidad”.

El especialista también criticó el nulo accionar del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ante este caso.

“Se supone que el INAI -que es más un elefante blanco que otra cosa- debería tomar cartas en el asunto. Sancionar a quien tenga que sancionar y en su caso darle vista al Ministerio Público. Pero ahí (…) el Presidente, como la alta burocracia en este país, tienen un interés particular en ocultar toda la información que tiene que ver con seguridad porque se documentaría, entre otras cosas, la terrible cantidad de decisiones estúpidas y absurdas que han tomado y que no han servido para nada”, expresó.

“Seguramente el INAI va a tomar una justificación de índole técnico diciendo que está justificada la destrucción de los documentos”, añadió el experto.

Por su parte, el director del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas, criticó la opacidad institucional ante la “baja documental” de los archivos reservados.

“Me parece desafortunado que desaparezcan un documento que en realidad hoy como hoy no tendría que ser ya reservado. Si algo está en investigación se puede entender que no pueda ser revelado, sin embargo, para el resto de las situaciones no parece entendible el que no nos quieran rendir cuentas sobre por qué se tomaron ciertas decisiones, desde qué óptica se tomaron, quiénes las tomaron (…)”, afirmó.

Rivas consideró que la autoridad de nuevo “queda a deber algo” y  que “si ya fue destruida la información no podemos hacer más que tratar de que alguien se responsabilice por los hechos”.

Agregó que las instancias obligadas deben tener un resguardo adecuado de la información, sobre todo cuando se trata de hechos de interés público como la estrategia de combate a la delincuencia organizada.

“La transparencia por sí sola no sirve del todo. Si la información que nos quieren dar no es toda, no está adecuadamente resguardada, o cuando nos la dan ya no sirve de nada, necesitamos que ésta sea, como establece la ley, entregada en tiempo y forma, oportunamente, gratuitamente, y eso sigue sin cumplirse”.

Informes sobre delincuencia

Reporte Indigo solicitó  al Cenapi la siguiente información:

>> 62

Expedientes de los archivos ya desclasificados

>> 20

Piezas desclasificadas del 2010

>> 37

Archivos desclasificados del 2014

>> 5

Registros cuya desclasificación fue el 30 de junio del 2016

Sistema de archivos está disperso

En México hace falta una ley para la protección de los archivos, ya que el sistema que se encarga de su resguardo “está disperso”, afirmó la senadora Cristina Díaz.

En la Cámara Alta se trabaja una iniciativa para atender la obligación constitucional de expedir una Ley General de Archivos. Actualmente se analiza, junto con la sociedad civil, una propuesta a cargo de los legisladores Laura Rojas, Alejandro Encinas, Zoe Robledo, Héctor Larios y la propia Cristina Díaz.

“En el proyecto hemos consultado a expertos especialistas de la archivística, el Senado ha convocado a foros, ha sido una discusión amplia sobre la necesidad de regulación en materia de archivos, si consideramos que no existe un sistema, que está disperso, por lo tanto, el propósito es una ley que establezca la organización y administración homogénea de archivos, así como el establecimiento del Sistema Nacional de Archivos”, aseguró la senadora.

También señaló que se trabaja en una ley que incida en la rendición de cuentas y en la transparencia como el umbral al sistema, en el que el Archivo General de la Nación se mantendrá como el encargado de resguardar los documentos federales.

“De manera transversal se dispondrá que el Archivo General de la Nación sea el ente rector en materia patrimonial documental, debe realizar investigaciones, custodiarlo y promoverlo en aras de la cultura archivística de nuestro país”, indicó Díaz.