Bajan candidaturas de aspirantes a presidentes municipales de Oaxaca que buscaban llegar como ‘trans’
El Instituto Electoral local encontró inconsistencias en las candidaturas que promovían la política de paridad de género obligatoria y decidió no avalarlas
Indigo StaffEl Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) resolvió cancelar de manera definitiva el registro de 17 candidaturas trans en el estado, luego de determinar que las coaliciones y partidos que las promovieron violaron principios constitucionales en materia de paridad de género.
El escándalo se desató en el estado sureño luego de que el Colectivo por la Ciudadanía por las Mujeres denunciara que los candidatos, pertenecientes a los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza fingieron ser transgénero para cumplir con la política de paridad de género obligatoria.
Los sujetos, registrados como mujeres trans, buscaban competir por 10 presidencias municipales del estado y siete buscaban ser suplentes de presidente municipal.
En un primer momento el IEEPCO recibió 25 postulaciones de personas que buscaban ser consideradas con identidad de género femenina para ocupar un cargo de elección popular. El organismo electoral desechó tres candidaturas del Partido Verde (PVEM) y sus suplencias pues se comprobó que en realidad no eran transgéneros.
De las postulaciones quedaron 19 pero ahora con la baja definitiva de 17, sólo dos personas buscan llegar como transgéneros a un puesto de elección popular en el estado.
El consejero presidente del IEEPCO Gustavo Meixueiro Nájera expuso que resulta indispensable que actores y partidos políticos eviten malas prácticas cuyo único resultado es el incremento en el desencanto de la ciudadanía con un sistema de gobierno que ha costado mucho construir a todos.
Subrayó la tarea de las asociaciones civiles oaxaqueñas que condenaron socialmente y denunciaron estos actos, cuyo propósito fue hacer un fraude a la ley, y añadió que por lo tanto era necesaria una sanción institucional para evitar que en el futuro se intente dar un uso contrario a una medida de nivelación.
“Respetar las leyes es una obligación, porque vivir en sociedad implica actuar con valores y convicciones democráticas, porque eso representa un beneficio colectivo”, dijo.
