Bajan cuentas de Medina y Margarita
La Comisión de Hacienda del Estado del Congreso local, que encabeza el diputado del PRI Eugenio Montiel Amoroso, bajó ayer las cuentas polémicas de los exgobernadores Natividad González Parás y Rodrigo Medina.
La Comisión negó pasar estos ejercicios fiscales al periodo extraordinario, que inicia hoy, en donde se rechazarían o aprobarían las cuentas públicas.
El presidente de la Comisión de Hacienda del Estado, Eugenio Montiel Amoroso, consideró imposible dictaminar unas 239 cuentas en un tiempo tan corto.
La Comisión de Hacienda del Estado del Congreso local, que encabeza el diputado del PRI Eugenio Montiel Amoroso, bajó ayer las cuentas polémicas de los exgobernadores Natividad González Parás y Rodrigo Medina.
La Comisión negó pasar estos ejercicios fiscales al periodo extraordinario, que inicia hoy, en donde se rechazarían o aprobarían las cuentas públicas.
El presidente de la Comisión de Hacienda del Estado, Eugenio Montiel Amoroso, consideró imposible dictaminar unas 239 cuentas en un tiempo tan corto.
Argumentó que el dictamen del Centro de Estudios Legislativo, que encabeza Ricardo Eduardo Lavín Salazar, determinó que no era factible revisar todas las cuentas públicas estatales, motivo por el cual sugirió esperar hasta un periodo ordinario.
Sin embargo, el coordinador de la bancada del PAN, Arturo Salinas, sacó un as bajo la manga y propuso que sólo se dictaminaran 16 cuentas del Gobierno estatal y empresas paraestatales.
Y fue considerado a votación.
Cuando parecía que podrían dictaminarse el ejercicio fiscal de Medina y González Parás, surgió un problema: La ausencia de Karina Barrón Perales, diputada independiente y con licencia por embarazo, y de Sergio Arellano Balderas, del Partido del Trabajo.
Su falta fue determinante para que las cuentas no pasaran al pleno del Congreso en este periodo extraordinario.
Por lo pronto las cuentas polémicas estarán un rato más en la congeladora.
… Y las cuentas de Margarita igual
La Comisión Primera de Hacienda y Desarrollo Municipal, que encabeza el diputado priista Juan Francisco Espinoza Eguía, ni siquiera ha sesionado a votación para dictaminar las cuentas públicas de la alcaldesa Margarita Arellanes.
El ejercicio fiscal municipal está congelado en la Comisión, por lo que mañana no podrá subir al pleno en el periodo extraordinario para su rechazo o aprobación.
Héctor García, diputado de la bancada del PRI, al considerar que sería inconstitucional votar cuentas públicas en un periodo extraordinario, decidió interponer una controversia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En el recurso, el diputado priista pide a la Corte que, mientras ésta no resuelva sobre la legalidad o no del periodo extraordinario, se suspenda la revisión de las cuentas públicas.
Esta controversia aparentemente se sustenta en la ilegalidad por la convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones, en la que se establece que en éste deberán analizarse las cuentas públicas de Rodrigo Medina y de Margarita Arellanes, así como las de Natividad González Parás.
Divide PAN por Arellanes
La bancada del PAN del Congreso local estuvo a punto de enfrentar ayer un conflicto de interés.
Esto en caso de que las cuentas públicas de la exalcaldesa Margarita Arellanes se revisaran en el periodo extraordinario.
Un bloque conformado por siete legisladores panistas, quienes tienen de una u otra manera un compromiso laboral y moral con la exedil regia, habrían contemplado excusarse para no votar a favor de rechazar el ejercicio fiscal regio.
Se trata de los exfuncionarios del Municipio de Monterrey y ahora diputados, Yanira Gómez García, Sergio Pérez Díaz, Itzel Castillo Almanza y Marcos Mendoza Vázquez.
Así como los legisladores Laura Paula López, Myrna Grimaldo Iracheta y Marcelo Martínez Villarreal, quienes lograron que sus familiares trabajaran en el Ayuntamiento regio durante la gestión de Arellanes.
Documentos en poder de Reporte Indigo revelan por ejemplo que el diputado Marcelo Martínez Villarreal llevó a su hermana Maricarmen Martínez Villarreal a la Dirección de Relaciones Interinstitucionales y Turismo del Municipio regio.
Mientras que la legisladora Myrna Grimaldo Iracheta solicitó una atención para su hermana Zulema Rocío Grimaldo Iracheta, quien estuvo como directora de Recaudación Inmobiliaria.
Y la diputada Laura Paula López logró acomodo para sus hijos Luis Mario Linares López, como auxiliar administrativo del Parque España; Bernardo Hernán Linares López, auxiliar del Parque Tucán, y Mauricio René Linares López, como promotor en Secretaría de Salud municipal.
Ante esta postura de los diputados, Mauro Guerra, dirigente estatal del PAN, convocó a una reunión urgente en el Comité con los legisladores la mañana del pasado lunes.
El mensaje del dirigente estatal fue muy claro: votan en contra o el partido les comenzará proceso de expulsión a los diputados que intenten rebelarse.
Guerra sospecha que los legisladores albiazules, ligados con la administración de Arellanes, habían adelantado que no votarían en contra de la panista y se abstendrán en la votación.
El posible argumento
Un grupo de diputados de la bancada del PAN estudiaba una jugada perfecta para abstenerse a votar, en caso de que pasaran las cuentas polémicas de la exalcaldesa Margarita Arellanes en el periodo extraordinario.
Se trata de los panistas Yanira Gómez García, Sergio Pérez Díaz, Itzel Castillo Almanza y Marcos Mendoza Vázquez, todos exfuncionarios del Municipio regio.
Todo apuntaba a que se acogerían al artículo 45 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, con la intención de zafarse de las cuentas públicas.
“Cuando algún miembro de cualquiera de las comisiones tuviere interés en el asunto que les haya sido turnado para su estudio, se excusará y la asamblea designará a la persona que deba sustituirlo para ese asunto.
“Excepción hecha en aquellos casos en que la comisión conozca de un proyecto o iniciativa suscrito mediante acuerdo legislativo por unanimidad”, dice el artículo.
Pero no sólo esto podría impedir a los diputados panistas no votar por las cuentas.
En el artículo 50 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, señala que un exfuncionario podría excusarse de cualquier trámite o resolución.