En los últimos dos sexenios la banca de desarrollo incrementó y orientó su financiamiento a cubrir deuda pública, se quedó limitada a las actividades crediticias secundarias y se convirtió en emisora de avales crediticios.
A más de una década de distancia, los resultados saltan a la vista.
Hoy las instituciones de segundo piso están francamente desmanteladas y alejadas de su objetivo final.
Las cifras hablan por sí mismas. En 2001 con el gobierno de Vicente Fox el crédito otorgado por la banca de desarrollo significaba el 3.27 por ciento del PIB y para 2011 representó solo 1.84 por ciento.
Si bien en ese mismo año se incrementaron los recursos financieros totales como porcentaje del PIB en 4.73 puntos porcentuales, la mayor parte de los recursos se destinó a cubrir endeudamiento público, rubro que absorbió 3.28 puntos porcentuales de dicho incremento.
Esa tendencia fue la tónica de las dos administraciones pasadas. De acuerdo con datos oficiales de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el colapso crediticio de la banca de desarrollo se debió a un retroceso de la intermediación en 1.84 por ciento del PIB en 2010, siendo que estos bancos tenían una oferta crediticia, una década anterior, de 3.27 por ciento del Producto.
Ello obedeció al saneamiento largo y costoso de este sector tras la crisis financiera de 1994.
Situación que se acrecentó por una violenta desregulación que se dio a partir de 1989.
A partir de entonces, comenzaron a expandir su cartera de crédito riesgoso aprovechando las lagunas de la ley crediticia.
Esta tendencia a la sobreexpansión crediticia se vio reforzada por los cambios regulatorios fiscales. La Auditoria Superior de la Federación (ASF) hizo un amplio análisis sobre este sector en el documento “La Banca de Desarrollo y las Tendencias del Financiamiento Total en México”.
En el estudio advirtió que en los últimos tres años se sobredimensionó la evolución del crédito en la banca de desarrollo y se concentró al negocio financiero de corto plazo, dejando de lado el cumplimiento de su función social.
Financiera Rural
La Auditoria Superior de la Federación (ASF) detectó facturas de dos acreditados por 4.4 millones de pesos reportadas al SAT para la adquisición de ganado y un mastógrafo, mismas que resultaron apócrifas.
LA ASF ya levantó dos denuncias de hechos por desvío de recursos. Observó un encarecimiento del crédito por parte de las Empresas de Intermediación Financiera que otorgaron créditos con tasas de interés que iban del 13 al 60 por ciento.
Financiera Rural no estableció indicadores de gestión y desempeño para medir el impacto del financiamiento que otorgaba y el aumento en la productividad. Se identificó a 24 hoteles y un restaurante que fueron contratados por tres empresas que ofrecían sus servicios a esta entidad para la realización de foros de capacitación, mismos que no se realizaron.
Las tres empresas recibieron de Financiera Rural 9.4 millones de pesos y se identificaron retiros inmediatos a través de cheques que fueron abonados a nueve personas morales y una física.
Todas las personas morales tienen la misma dirección fiscal y el mismo representante legal.
Las empresas ya fueron denunciadas penalmente por no haber prestado los servicios que se les pagaron.
Pero esas mismas empresas ya habían sido denunciadas en 2009 y Financiera Rural las volvió a contratar.
Bancomext
Incumplimiento de metas de los indicadores de programas prioritarios como el financiamiento para la exportación.
La ASF hará un seguimiento de los créditos –de los que se recibieron cesiones en dación-, para que la recuperación sea en las mejores condiciones.
Considera que el incumplimiento de las metas deberá repercutir en la definición del monto programado de presupuesto de la entidad.
Banobras
La Auditoria detectó un desempeño deficiente en el Programa Nacional de Inversiones y el Fondo Nacional de Inversiones (Fonadin), baja rendición de cuentas y falta de información de los proyectos recuperables y no recuperables.
De 2008 a 2011 el Fonadin solo apoyó 25 proyectos, con recursos aportados por 13 mil 459.5 millones de pesos que significaron apenas 8.8 por ciento de los asignados al Programa Nacional de Infraestructura. De los 209 proyectos que se integraron a este Fondo en 2011, 156 fueron no recuperables por 82 mil 385 millones de pesos.
Nafin
El programa de CeteDirecto para incentivar el ahorro entre las familias de bajos ingresos sólo captó en 2011 mil 931 clientes con un monto de inversiones de 24.4 millones de pesos.
Con ello, la Auditoria estimó que Nacional Financiera está lejos de alcanzar la meta de 750 mil inversionistas en 10 años.
Para la operación de este esquema, dijo, Nafin no contó con metas e indicadores estratégicos ni de gestión que le permitieran conocer su impacto social en el ejercicio fiscal de 2011.