Boicotea juzgado ‘operación Margarita’

Un juez federal concedió una suspensión provisional para que el Municipio de Monterrey retirara los sellos de clausura impuestos la semana pasada al casino Foliatti, establecimiento que carece de licencia municipal para funcionar como centro de apuestas.

Esta vez vez no fueron ‘los Jerezanos’ ni ‘los Barbosa Alanís’, ni tampoco los ‘Esiquio Martínez’.

La orden para reabrir el Foliatti fue dada por Javier Rubén Lozano Martínez, juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado, quien otorgó la suspensión a Antonio Ochoa Garza.

Este hombre es el apoderado legal de la empresa Comercializadora de Entretenimiento de Chihuahua, S.A. de C.V., dueña del permiso federal otorgado por la dirección de Juegos y Sorteos, de Segob, con el que opera el Foliatti.

El juicio de amparo quedó registrado en el expediente 401/2013 y el acuerdo se publicó el pasado 1 de marzo, el mismo día en que se presentó la demanda de amparo.

El Municipio de Monterrey fue notificado el viernes y el día de ayer inspectores de la secretaría de Desarrollo Urbano retiraron los sellos.

Sin embargo, ayer mismo, después del retiro de los sellos, Protección Civil del Estado clausuró este centro de apuestas que se ubica en la Pulga Mitras argumentando que no cumple con las medidas de seguridad.

El operativo de clausura del Foliatti por Protección Civil del Estado fue apoyado por la Marina, Fuerza Civil y la Policía Municipal de Monterrey.

El 27 de febrero el Foliatti fue cerrado por la administración de la alcaldesa Margarita Arellanes, como parte de un operativo simultáneo donde también se clausuró otros nueve centros de apuestas que funcionaban sin licencia municipal de desarrollo urbano.

Los dueños del Foliatti buscaron la protección federal para levantar la sanción.

Los casineros mostraron ante el juez un presunto oficio firmado en abril del 2009 por el exsecretario de Desarrollo Urbano en el trienio del alcalde Adalberto Madero, José Garza Gallardo, donde se le reconoce una licencia para abrir el Foliatti.

Sin embargo, esta facultad está prevista en la Ley de Desarrollo Urbano que entró en vigor hasta el 9 de septiembre de 2009, en sustitución de la Ley de Ordenamiento Territorial, la cual no contempla esta figura.

Es decir, solamente un adivino pudo dar esa licencia porque la ley en la que se fundamentó no entró en vigor sino hasta cinco meses después. 

Arellanes calificó este permiso como falso, pero con base en él, el juez Lozano Martínez concedió la suspensión provisional al Foliatti.

Este mismo juez federal fue quien otorgó la suspensión a la empresa Entretenimiento de México Emex, para que no se concretaran los permisos que entregó el gobierno de Felipe Calderón a la empresa Producciones Móviles, ligada con la mafia de casinos que operaban exfuncionarios de Segob.

La persona que solicitó el amparo es Ochoa Garza, quien aparece como socio de la empresa Comercializadora de Entretenimiento de Chihuahua, S.A. de C.V., junto con Marco Antonio Ayala Anzaldúa.

El casino Foliatti operaba como centro de apuestas sin permiso municipal de uso del suelo.

El 9 de agosto de 2007, el entonces secretario de Desarrollo Urbano y Ecología de Monterrey, Guillermo Rodríguez Páez, le negó las licencias para uso de suelo, edificación para locales comerciales y oficinas.

Además del Foliatti de la Pulga Mitras, los casinos Hollywood Constitución y La Estanzuela, el Majestic de Montemorelos, los Foliatti de Guadalupe y de Allende, y el Crown de Linares, funcionan con la resolución judicial que tiene a su favor esta empresa.

El permiso que presume Comercializadora de Entretenimiento de Chihuahua fue validado el año pasado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con sede en Puebla.

Esta autorización fue denunciada como ilegal por la Secretaría de Gobernación.

Los casinos han tenido en los jueces del Poder Judicial de la Federación un aliado para poder operar sin autorizaciones federales de la Segob y también sin las licencias municipales que se requieren para operar como centro de apuestas.

En el 2011 el Consejo de la Judicatura Federal suspendió a los jueces Luis Armando Jerezano y Ricardo Hiram Barbosa Alanís para investigarlos por favorecer con sus resoluciones judiciales a propietarios de casinos en Nuevo León.

Estos dos jueces fueron denunciados en su momento por el exalcalde de San Pedro, Mauricio Fernández, quien los acusó de cometer actos de corrupción para abrir centros de apuestas en su municipio.

Jerezano Treviño ha sido denunciado penalmente por los propietarios del Casino Fortuna de Monterrey, de formar parte de un grupo del crimen organizado que intentó despojarlos de este centro de apuestas ubicado en la avenida Fidel Velázquez.

La denuncia fue publicada por Reporte Indigo y Jerezano Treviño fue acusado de los delitos de privación ilegal de la libertad, robo, extorsión y delincuencia organizada.

El Consejo de la Judicatura Federal, que preside el ministro Juan N. Silva Meza, suspendió en el 2011 a Jerezano Treviño para investigarlo, sin embargo este órgano  mantiene congelado el expediente y tiene cobrando su sueldo al funcionario federal.

También el juez Ricardo Hiram Barbosa Alanís fue suspendido por el Consejo de la Judicatura Federal  por su relación con casineros.

Barbosa Alanís otorgó amparos que permiten que actualmente casinos como  Poker City, Sport Zone, Viva México y Palmas Miravalle operen como centro de apuestas en Monterrey.

Hace dos años también la PGR detuvo a Esiquio Martínez Hernández, quien se desempeñaba como secretario del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal.

Martínez Hernández fue consignado por el delito de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero por realizar movimientos en sus cuentas bancarias por arriba de los 432 millones de pesos.

Según la Judicatura, el secretario formaba parte de una presunta red de jueces y secretarios de distrito que emitían resoluciones a favor de casinos coludidos con el crimen organizado.

A Martínez Hernández se le detectó un depósito de medio millón de pesos en su cuenta de ahorros, justo después de haber ordenado la reapertura del casino Paradise, ubicado en la avenida Morones Prieto en Monterrey.

Municipio presentará denuncia por falsificación

Por Mayra González

El permiso de licencia que el casino Foliatti presentó ante el juez para ampararse es apócrifo.

Cuando el Ayuntamiento de Monterrey revisó la ley y se percató de que la supuesta licencia con la que consiguió el amparo el Foliatti es ex temporánea al fundamento legal, decidió que presentara una denuncia por falsificación. 

“Éste documento, con el que el juez otorga la supsensión, es un documento que no tiene validez jurídica, es hechizo y no corresponde a los estándares y al marco legal que en ese momento se establecía”, explicó la alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes, en rueda de prensa.

“Es a todas luces improcedente”.

La suspensión del juez que se fundamentó en ese documento apócrifo implicó la reapertura del casino por parte de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Monterrey.

La Tesorería del Municipio encontró que además el casino Foliatti no cuenta con el pago de derechos por inicio de trámite, ni con el pago de la licencia de uso de suelo.

La alcaldesa de Monterrey también prensentará una queja ante los tribunales colegiados. 

Hizo un llamado al Poder Judicial a redoblar esfuerzos y a ser serios al momento de emitir resoluciones.

“En este momento sigue ir ante los colegiados y presnetar una queja”, dijó Arellanes.

 “No podemos tolerar que con base a una vil mentira se otorgue una suspensión en detrimento de la seguridad social y personal”.