Bolsa electoral
El Fortalece, el polémico fondo relacionado con los ‘moches’, desaparece del presupuesto pero no así la práctica discrecional de asignar como parte de la negociación en el Congreso una bolsa millonaria en beneficio de cada uno de los diputados. Hoy se espera que se apruebe el PEF para el 2018
Carlos Salazar[kaltura-widget uiconfid=”38045831″ entryid=”0_1gmp8579″ responsive=”true” hoveringControls=”true” width=”100%” height=”75%” /]
El día de hoy la Cámara de Diputados tiene previsto aprobar el presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año, en donde prácticamente no hay margen para reasignaciones importantes y casi la totalidad del dinero ya tiene un destino.
Lo único que hasta ayer estaba marcando la negociación presupuestal era la rebatinga por la bolsa millonaria que recibe de manera discrecional cada diputado para repartirla a su conveniencia. Se trata de un monto de alrededor 10 mil millones de pesos, es decir 20 millones por legislador en promedio, algunos se llevan más, otros menos.
A pesar de que los diputados desaparecieron el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (Fortalece), un fondo utilizado para los llamados “moches”, esta práctica seguirá y los recursos serán canalizados a través de programas del Ramo 23 de provisiones salariales y económicas.
La desaparición del polémico fondo se confirmó a raíz de los sismos en septiembre, y en principio, esos 10 mil millones que se le inyectaban serían utilizados para la reconstrucción en los estados afectados, pero en la práctica, esos mismos recursos serán enviados a donde mejor les convenga a los diputados.
De esta forma, los legisladores podrán seguir contando de forma poco transparente con su bolsa de 20 millones que, por lo general, utilizan para obra pública en sus distritos y para promocionarse políticamente, sin saber de antemano a qué proyectos se destinarán.
Por un ajuste a la Ley de Ingresos entregada por la SHCP, los diputados ‘obtuvieron’ ingresos cercanos a los 43 mmdp
La situación se agrava debido a la supuesta política de austeridad del gobierno, por el hecho de que en realidad es muy poco el recurso que se puede ‘mover’ -ya que la gran mayoría está comprometido- y sobre todo por dos de los grandes retos a los que se enfrentará el país en los próximos años: la reconstrucción tras los sismos y las elecciones federales de 2018 que serán las más complejas de la historia.
Debido a un ajuste a la Ley de Ingresos entregada por la SHCP, los diputados ‘obtuvieron’ ingresos extras por un aproximado de 43 mil millones de pesos. Para ello modificaron la estimación del tipo de cambio y el precio del barril de petróleo.
De estos 43 mil millones, sólo una parte, 30 mil millones, pueden ser reasignados, y son precisamente estos recursos los que han causado pugnas entre las diversas fuerzas políticas debido a que existen varias posturas para canalizarlos.
En lo que al parecer todos o, al menos la gran mayoría de los legisladores están de acuerdo, es en conservar la bolsa de 10 mil millones para repartírselos como si fuera un ‘bono’ de despedida de la legislatura.
El manejo discrecional, político y electoral de recursos millonarios es una práctica que continúa repitiéndose año con año en el legislativo y que no ha podido ser erradicada a pesar de los severos cuestionamientos sobre la opacidad y el dispendio.
Cambian los nombres de los programas, de los fondos, se anuncian mecanismos de control, pero al final los diputados encuentran la forma de crear nuevos fondos o programas para canalizar la bolsa millonaria.
La asignación de recursos y su canalización a través del Ramo 23 ha sido objeto de polémica en los últimos años, tanto por los señalamientos de los famosos ‘moches’ o el cobro de comisiones por parte de los legisladores como por la compra de voluntades y del uso político que se le da por parte de las cúpulas partidistas.
Esta es la última oportunidad para los diputados de arañar una parte de los recursos, pues la legislatura concluye el 31 de agosto de 2018 y la próxima discusión presupuestal ya le tocará a los legisladores electos en los comicios de julio próximo.
La cercanía del año electoral provoca que los diputados federales destinen su bolsa para proyectos políticos personales en lugar de canalizarlos a otras áreas de mayor beneficio social.
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Los ‘moches’
A través del Ramo 23, los legisladores pueden establecer fondos y programas para otorgar recursos a los estados y municipios, los cuales suelen ser discrecionales y muchas veces resultar imposible fiscalizar su destino final, no cuentan con reglas claras de operación ni un control eficiente de resultados.
Uno de los mecanismos a través de los cuales se canalizan fue el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (Fortalece) aprobado para el ejercicio fiscal 2016 tras la disolución de otros fondos como el fondo de pavimentación, fondo de cultura y el fondo de infraestructura deportiva.
Para 2016 se asignaron 9 mil 948 millones de pesos a este fondo, de los cuales 2 mil 486 millones fueron para 23 estados y 7 mil 462 fueron para mil 64 municipios; para 2017 se asignaron en total 8 mil 996 millones de pesos.
Los recursos tienen como finalidad la pavimentación de calles, alumbrado público, rehabilitación y remodelación de espacios educativos, deportivos y culturales, entre otros.
Precisamente este fondo y su antecesor, el Fondo de Pavimentación, han sido objetos de señalamientos por el uso discrecional que le dan los legisladores.
Con este recurso a su disposición, se presume que los diputados cobraban una comisión a cambio de asignar el dinero a ciertos municipios u obras, lo que traía como consecuencia, entre otras, el pago por obras no ejecutadas o el sobrecosto de las mismas.
Se presume que los diputados cobraban una comisión a cambio de asignar el dinero a ciertos municipios u obras
Anomalías del fondo
Después de un total de 45 auditorías a 40 municipios y 5 demarcaciones territoriales de la CDMX, la ASF detectó irregularidades en el destino de cerca de 400 millones de pesos
En una auditoría especial sobre la operación del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (Fortalece) en 2016, publicado en junio de este año, la Auditoría Superior de la Federación encontró diversas irregularidades en la ejecución de los recursos.
Después de un total de 45 auditorías a 40 municipios y 5 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y el análisis de un universo seleccionado de mil 217 millones de pesos, que representó el 12.2 por ciento de los 9 mil 948 millones asignados, la ASF detectó irregularidades en el destino de cerca de 400 millones de pesos, cerca de la tercera parte del recurso analizado.
Entre las principales deficiencias en la operación de los recursos del Fondo, la ASF identificó recursos o intereses no devengados por 245.7 millones en 8 municipios y 3 delegaciones de la Ciudad de México.
Además no se pudo acreditar la documentación justificativa y comprobatoria del gasto por 30.6 millones de pesos en 5 municipios; tampoco se acreditó la propiedad del municipio del predio donde se realizaron obras ni se presentaron registros patrimoniales de inmuebles construidos en 3 municipios, lo que representó una observación por 25.5 millones.
También hubieron transferencias de recursos a otras cuentas bancarias sin acreditar su destino y aplicación por un monto de 22.5 millones.
Destaca también la existencia de obras de mala calidad que no cumplieron con las especificaciones contratadas y cuyo daño fue de 12.3 millones en 2 municipios.
Falta de operación de obras concluidas, pago de conceptos extraordinarios no autorizados, modificaciones del calendario de las obras no autorizados, obras pagadas no ejecutadas, anticipos otorgados no amortizados, obras que no se acreditó que fueran públicas, son algunas de las otras irregularidades detectadas por la ASF.
En total 279 observaciones, de las cuales sólo se solventaron 130 en el transcurso de la auditoría y que sumaron un posible quebranto por 397 millones de pesos. Tomando en cuenta que sólo fue sujeto de auditoría la ejecución de poco más del 12 por ciento del total de lo asignado a este fondo el daño podría ser mucho mayor.
La ASF identificó recursos o intereses no devengados por 245.7 millones en 8 municipios y 3 delegaciones de la CDMX
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