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El pago de las pensiones se ha convertido en una bomba de tiempo para el Gobierno Federal.
El costo que genera cubrir estas obligaciones para el personal de las principales empresas del Estado y de seguridad, además de los gastos de servidores públicos en los tres niveles de gobierno y de las universidades públicas, es muy alto.
Según el informe sobre la situación financiera de organismos y empresas bajo control presupuestario de la Secretaría de Hacienda (SHCP) -Pemex, IMSS, ISSSTE y CFE- registraron un gasto neto de 621 mil 934 millones de pesos entre enero y mayo de este año, de los cuales, 193 mil 488 millones fueron canalizados a ese rubro.
Las cifras de la dependencia muestran que de cada 100 pesos que gastaron en conjunto esas cuatro instituciones, 31 fueron para cubrir el pago de aquellas personas que concluyeron su vida laboral.
En el 2000, el gasto por pensiones fue de 69 mil 148 millones de pesos, es decir, en los últimos 14 años estas erogaciones crecieron 179.82 por ciento, según los propios datos de la Secretaría de Hacienda en su Informe sobre las Finanzas Públicas.
Hasta el quinto mes de este año, el gasto en pensiones y jubilaciones de Petróleos Mexicanos rebasó los 22 mil 644 millones de pesos, 8.4 por ciento más que en igual lapso del 2013.
A la fecha, el total de los pasivos de Pemex y CFE supera 1.6 billones de pesos, y no hay una reserva que permita fondear los pagos de esa deuda contingente.
La paraestatal tiene presupuestado este año un monto de 38 mil 119 millones de pesos para el pago de pensiones, lo que representa 47 por ciento del gasto para el personal en activo.
La CFE de 19 mil 874 millones, equivalentes a 44.7 por ciento del total de los pagos también al personal en activo.
La propuesta de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados para que el Gobierno federal asuma parte del costo de las pensiones, jubilaciones y otros beneficios del sindicato de Pemex pudo el dedo en la llaga y encendió el debate de la aprobación de las leyes secundarias de la reforma energética, las cuales normarán la apertura del sector al capital privado.
Si el Gobierno Federal asumiera la totalidad de los pasivos, esto significaría que debe destinar anualmente 58 mil millones de pesos para pagar las jubilaciones, solo para esas dos entidades.
Sin embargo, aún no se define en la reforma de qué partida saldrían esos recursos, mismos que irían en aumento a lo largo del tiempo.
Los senadores tendrán que definir si la partida será vía impuestos, si dejarán de operar algunos programas y cuál sería el costo para la finanzas públicas.
La próxima crisis
En 2012 se requirieron 400 mil millones de pesos para pagar los más de 105 sistemas pensionarios que existen en el país.
Esto representa tres veces más de lo que se gastó de 2001 a 2010 y se estima que crecerá aún más en los próximos 60 años, debido a la reducción de la tasa de mortalidad.
En su libro “Pensiones en México, la próxima crisis”, Pedro Vásquez Colmenares plantea que cada mexicano tendrá que erogar 10 pesos diarios de sus ingresos para poder enfrentar la carga de pensiones.
De acuerdo con el especialista, el esquema de pensiones en México es una bomba de tiempo, sobre todo porque el pasivo actuarial para los próximos 70 años representará el 104 por ciento del PIB, es decir, 14 billones de pesos.
Este endeudamiento rebasa la recaudación total que representa el 17.4 por ciento del PIB, o la deuda pública neta que significa el 31 por ciento del Producto.
En el IMSS y el ISSSTE, el débito por pensiones supera el 60 por ciento del PIB, entre ambos sistemas.
Además, ya son 15 las entidades federativas que registran niveles muy altos de endeudamiento por pensiones.
Incluso, entidades como la Universidad Autónoma de Colima y la de Querétaro ya operan en números rojos.
Vásquez Colmenares destaca, además, que el sistema de pensiones es inequitativo pues de los más de 10 millones de adultos mayores registrados a la fecha, el 60 por ciento no tiene protección para la vejez.
La multiplicación de los pensionados
De una Población Económicamente Activa que suma 50.2 millones, solo 18 millones de personas de ese universo está cubierta por un sistema de pensiones en México.
Los pensionados se están duplicando cada nueve años y la transición demográfica es un desafío para la viabilidad financiera de ese sistema, advierte Pedro Vásquez Colmenares.
“La sociedad mexicana enfrenta un problema de envejecimiento y nos obliga a pensar de dónde saldrán los recursos para esas pensiones”.
Actualmente poco más de 55 por ciento de los pensionados son por jubilación; 33.6 son por retiro o vejez y 5.7 por accidente o enfermedad de trabajo, de acuerdo con cifras del Inegi.
Las pensiones, explica Vásquez Colmenares, son responsabilidad del estado, los trabajadores y los empresarios, y no de los contribuyentes.
Y es, a estos últimos, a los que se les endosa la carga fiscal de dichos pagos, aclara.
“Hay que tomar acciones inmediatas porque el país podría enfrentar una crisis de severas consecuencias económicas”.
Propone sistema de seguridad universal
Pedro Vásquez Colmenares se pronuncia por la creación de un sistema de seguridad universal que otorgue una pensión de cuando menos un salario mínimo para todas las personas adultas mayores.
Los recursos saldrían de la hacienda pública, a través de los ingresos que se recauden de los tres niveles de gobierno.
La propuesta que expone en su libro detalla un modelo de seguridad social basado en cuatro pilares para pensiones en el retiro:
Sociales, universales por vejez, por retiro y las adicionales.
Con ello se beneficiaría a cuando menos 6.9 millones de mexicanos.
Incluso, aconseja incluir pensiones con coberturas para invalidez y vida, riesgos de trabajo, salud, ayudas sociales y por desempleo.
Pero lo más importante, aclara, es que todos los sistemas de pensiones tengan una estricta supervisión y revisión para garantizar que estén respaldadas por fuentes seguras de financiamiento.
Es inminente rediseñar el sistema de seguridad social y el esquema pensionario del país, marcando las diferencias entre las obligaciones y beneficios del sistema en salud, de las de protección del ingreso. destaca.
Pero lo más apremiante, dice, es establecer reglas para que los responsables sean los que financien esos sistemas y no los contribuyentes.
¿Qué se requiere?
> Nueva arquitectura constitucional de la seguridad social universal, basada en derechos sociales
> Crear un organismo autónomo que analice la sustentabilidad de todos los sistemas
> Integrar una entidad fiscalizadora y recaudadora de la seguridad social.
