1,421,000
Desde el 22 de junio de 2012 cuando se decretó la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, un total de mil 762 personas, principalmente comunicadores, han solicitado medidas cautelares de seguridad tras recibir agresiones derivadas de su ejercicio profesional. No todos han sido protegidos por la federación.
El organismo federal encargado de la aplicación de esa ley, a través de un mecanismo de seguridad para los periodistas y defensores de derechos humanos, de manera discriminatoria, ha respondido positivamente a menos de la mitad de los solicitantes. A la fecha son 406 personas las que cuentan con medidas cautelares, en donde el mayor apoyo es el otorgamiento del llamado “botón de pánico”.
Pero el botón de pánico, principal instrumento de protección federal para periodistas y defensores de derechos humanos, a la fecha no ha salvado la vida de nadie. Existen testimonios de reporteros que han activado el “botón de pánico” pero nunca recibieron la ayuda. Tuvieron que salvar la vida con sus propios medios.
De los 406 “beneficiados” con el llamado “botón de pánico” 185 son periodistas, los otros 224 son activistas y promotores de derechos humanos, a algunos de los cuales se les complementaron las medidas de seguridad con la instalación de cámaras de vigilancia y rondines de seguridad entorno a sus viviendas o lugares de reubicación.
En la práctica, los botones de pánico no funcionan, las cámaras de video vigilancia no son monitoreadas y los rondines de seguridad ocurren de manera esporádica. El colmo es cuando no hay quien responda en los teléfonos de emergencia.
Sobre esa situación no hay postura oficial del comité encargado del mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, pero al interior se reconoce la falta de recursos para garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.
El “botón de pánico”, el máximo distintivo de la intención federal para proteger a periodistas y activistas de derechos humanos, es el mayor fracaso de la política gubernamental en ese renglón. Más allá de los manejos turbios que desde el comité se ventilan, por el manejo discrecional del presupuesto.
El comité del mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos cuenta con un presupuesto de 191 millones de pesos, solo para ser aplicado en las medidas de seguridad de a quienes va dirigido el programa, pero la mayor parte de los recursos se destinan al pago de servicios para la operación del “Botón de Pánico”, la que opera una empresa no clarificada en ningún documento público de la Secretaría de Gobernación.
De los 185 periodistas que a la fecha reciben el “apoyo” de la federación, a través del comité del mecanismo para la protección que les otorgó un “botón de pánico”, a 17 de ellos también se les han dotado con sistemas de video vigilancia en sus viviendas, y otros 65 cuentan con el apoyo de rondines vigilancia como medidas adicionales.
El mecanismo que se encarga de dictar medidas de seguridad para la protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, se conforma de nueve miembros permanentes, un representante de la Secretaría de Gobernación (que preside el organismo), un representante de la Procuraduría General de la República, otro de la Secretaría de Relaciones Exteriores, uno de la Secretaría de Seguridad Púbica, un representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y cuatro de la sociedad civil, en donde debe haber dos periodistas y dos personas defensoras de los derechos humanos.
En el mecanismo también se integran, con voz pero sin voto, un representante de la Oficina en México de la Alta Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, uno de la Conferencia Nacional de Gobernadores, un representante del Poder Judicial de la Federación, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, y el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, pero la presencia de estos representantes, pocas veces se registra.
Cuenta con una unidad –integrada por funcionarios de la Secretaría de Gobernación- denominada como Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida. En esa instancia se reciben las quejas de agresiones y amenazas a periodistas, pero se resuelve las medidas de protección hasta el mes siguiente, cuando el comité del mecanismo haya revisado y sancionado cada uno de los casos llegados a esa unidad.
Llamadas extrañas, inexplicables y sin señal
Pedro Alonso Benítez es un periodista de San Martin Texmelucan, Puebla. Luego de ser agredido por funcionarios públicos que le causaron lesiones de gravedad, le ameritó acudir ante el comité del mecanismo de protección a periodistas. Tras una evaluación de riesgo, respaldada por la defensora de los derechos humanos de Puebla, Claudia Martínez Sánchez. El comité del mecanismo le otorgó un “botón de pánico”.
“Me regresé muy contento con mi ‘botón’ –explica el periodista sin dejarse ganar por la risa-. Me dijeron que ese dispositivo móvil (similar a un teléfono celular) me salvaría la vida en cualquier situación de riesgo. Pero a los días entró una llamada en el dispositivo. Era una voz que se identificó como empleada de Bancomer. Me estaba llamando para cobrar el pago retrasado de una tarjeta de crédito.
“Fueron muchas veces las que me estuvieron llamando del banco. Cuando preguntaba que quién había dado ese número, la voz al otro lado de la línea me decía que era un número registrado en Bancomer. Fueron hasta agresivos reclamándome el pago de una tarjeta que yo no manejo”.
Cuando Pedro Alonso Benítez intentó investigar en la propia Secretaría de Gobernación, sobre la naturaleza de las llamadas que le estaban llegando desde Bancomer, simplemente no encontró respuestas. Las llamadas siguen insistentes, pero él ha optado por no contestar.
El “botón de pánico” de Pedro Alonso Benítez, quien bajo su condición de riesgo no deja de cubrir la información para el medio nacional para el que trabaja, de manera frecuente se queda sin señal. Hay sitios dentro de la zona urbana de su propio municipio en donde el botón “queda muerto”. No ha encontrado respuesta en la Secretaría de Gobernación para que le expliquen si eso es normal o si su “botón de pánico” simplemente no sirve.
Los botones de Tierra Caliente
En Michoacán, pese a que al menos una docena de periodistas se encuentran bajo amenaza de muerte, presumiblemente por mandos del gobierno estatal de las administraciones de Fausto Vallejo, Jesús Reyna y Salvador Jara, el comité del mecanismo de protección a periodistas ha otorgado solo dos “botones de pánico” a igual número de comunicadores.
Los dos periodistas que cuentan con esa medida precautoria tuvieron que salir de la zona de Tierra Caliente, donde fueron amenazados por el crimen organizado. Ellos radican en la ciudad de Morelia, pero sus aparatos no cuentan con señal en las colonias en donde viven.
Uno de los periodistas tuvo que accionar su botón de pánico en una ocasión en que se consideró en riesgo. Nunca recibió la respuesta del centro de alertas de la Secretaría de Gobernación, hasta una semana después, cuando se encontraba fuera de la zona de Michoacán que recibió una llamada de la Secretaría de Gobernación, para conocer la causa por la que declaró la alerta. “Todavía me preguntaron con descaro si me encontraba bien”, cuenta con molestia.
De los 12 periodistas michoacanos con amenazas de muerte, algunos ya desplazados de la entidad, otros seis ni siquiera se han querido acercar al comité del mecanismo de protección, por considerarlo como una instancia obsoleta, burocrática y oscurantista. Han suplido el “botón de pánico” con una red de comunicación y autoayuda entre ellos.
Oscurantismo en la cuentas
La empresa a la que –sin previa licitación- el comité del mecanismo federal de protección a los periodistas ha otorgado el contrato para prestar sus servicios de radiolocalización de todos los que tienen “botón de pánico”, es la denominada RCU Sistemas S.A. de C.V.
Es una compañía privada fundada en el 2005. Cuenta con 23 empleados y se dedica a la fabricación y desarrollo de ordenadores, periféricos y software. Se le relaciona con Lía Limón, ex subsecretaria de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, a la que se le atribuyen las gestiones para beneficiarla con el contrato del servicio de los “botones de pánico”.
La Secretaría de Gobernación paga mensualmente a esa empresa un millón 421 mil pesos, por el supuesto servicio de cobertura que brinda a través de los botones que distribuye el mecanismo, y cada uno tiene un costo de servicio mensual promedio de 3 mil 500 pesos.
Los movimientos económicos que realiza el comité del mecanismo federal para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos a la fecha son cuestionados desde su interior.
