El abuso de policías a manifestantes en Guanajuato se volvió una constante.
El 22 de agosto, policías municipales de León detuvieron a 22 mujeres y agredieron a periodistas en una protesta contra el acoso sexual tras la denuncia de Evelyn, una joven que fue hositgada sexualmente por un uniformado de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio.
La Secretaría de Seguridad de León informó que las personas detenidas fueron presentadas ante el juez cívico bajo el cargo de faltas al Reglamento de Policía y Vialidad
En uno de los videos se observa a una adolescente de 17 años quien narra cómo agentes la subieron a una patrulla junto con otras manifestantes, asegurando que en el vehículo la insultaron y golpearon.
“Me empujaron hacia la patrulla, me rompieron la playera y las medias, alguien me subió la falda y me metió la mano entre las piernas. Ya dentro del coche me dieron puñetazos en la nariz, me jalaron el cabello y decían que me aguantara, que así como tuve valor de manifestarme así aguantara las golpes”, describe la joven.
Además de este testimonio, circularon más grabaciones en redes sociales con las denuncias de jóvenes, algunas menores de edad, explicando los maltratos físicos, sexuales y psicológicos que sufrieron y las detenciones arbitrarias.
La corporación de seguridad de León informó que las personas detenidas fueron presentadas ante el juez cívico bajo el cargo de faltas al Reglamento de Policía y Vialidad cometidas durante la manifestación. Además, detalló que abrió un expediente de queja el que se ratificó la denuncia realizada por Evelyn y otorgó informes y material útil para agilizar las investigaciones y que los hechos se esclarezcan.
En un segundo comunicado el gobierno municipal, encabezado por Héctor López Santillana, dijo refrendar su compromiso de respeto al derecho de manifestarse libremente de todos los ciudadanos, así como su determinación de aplicar la Ley a quien la transgrede.
Sin embargo, no es la primera vez que policías municipales o estatales de Guanajuato atacan a manifestantes.
El 10 de julio familiares de personas desaparecidas fueron agredidos por elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) mientras realizaban una protesta pacífica para exigir atención de las autoridades en la búsqueda de sus cercanos y para manifestar su descontento por el nombramiento del comisionado de búsqueda estatal.
En entrevista, Marcela Villalobos Andrade, la presidenta de Amnistía Internacional México, enfatiza que, aunque desde hace años se exige capacitación en materia de derechos humanos y de control de uso de la fuerza, no se ha dado el suficiente seguimiento al tema.
La finalidad que tienen los actos como tortura, violencia verbal y sexual es causar terror. Que aún existan este tipo de agresiones revela que los elementos de seguridad no están conscientes sobre cómo llevar a cabo una detención sin violar garantías individuales
Detenciones de manifestantes en la ilegalidad
Un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) revela que entre 2001 y 2017 se registraron 13 mil 262 quejas por detenciones arbitrarias en todo el país.
Mientras que un estudio de World Justice Project (WJP) revela que el 78 por ciento de las personas que fueron detenidas entre 2010 y 2016 y hoy se encuentran en prisión, sufrieron algún tipo de maltrato o de tortura.
“Se trata de un fenómeno muy grave. Tan solo en 2016 presentamos el informe Sobrevivir a la Muerte, documentamos la tortura específica a mujeres por parte de Fuerzas Armadas y policías y encontramos que, de los 100 casos, el 90 por ciento dijeron haber sido víctimas de amenazas, 33 fueron violadas, 72 por ciento sufrió violencia sexual, 97 por ciento violencia física y el 100 padeció agresiones verbales o psicológicas”, comenta.
De acuerdo con Villalobos, al agredir a los manifestantes se viola no solo su derecho a la libertad de expresión sino también se les pone en riesgo de ser víctimas de otros delitos como la desaparición forzada.
“Sabemos que con las jóvenes detenidas, con algunas de ellas no se les comunicó a sus familiares sobre su arresto y sufrieron tocamientos. Esto no solo es criminalizar la protesta, también se habla de un hecho que no es aislado ni reciente que es la revictimización de las mujeres detenidas”, aclara.
Amnistía Internacional establece que las formas de tortura y otros malos tratos contra las mujeres están arraigadas en nocivos estereotipos de género pues se aplica el carácter sexualizado del sufrimiento que se les inflige, además del castigo que padecen por no adaptarse al comportamiento de género.
Quienes transgreden las expectativas socialmente aceptadas respecto a las mujeres se enfrentan a formas específicas de trato humillante y degradante a causa de su identidad.
En el informe Promesas en papel impunidad diaria (2015), Amnistía Internacional concluyó que las denuncias de tortura presentadas ante las autoridades federales se habían duplicado entre 2013 y 2014. En diciembre de 2015, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que la tortura y otros malos tratos eran la segunda violación de derechos humanos más denunciada, después de la detención arbitraria, ante las comisiones estatales de derechos humanos en los 32 estados mexicanos.
“La mayoría de dichos delitos quedan impunes, es decir no hay sanciones porque no hay investigación pero eso debe cambiar. Urge emitir medidas de reparación de daño a las afectadas y sobre todo de prevención y erradicación de detenciones ilegales y tortura”, sostiene Villalobos Andrade.
Algunas de las recomendaciones a las autoridades policiales municipales, estatales y federales que hace la organización destacan asegurar que la policía garantice el derecho de toda persona de ser informada desde el momento mismo de la detención, de las razones de su privación de libertad y de los derechos que le asisten, incluyendo la oportunidad de contactar de inmediato a su defensa legal.
Establecer regulaciones claras para todas las corporaciones policíacas con respecto a las detenciones y al uso de la fuerza; así como capacitarlas y evaluarlas adecuada y constantemente sobre estos temas relevantes así como mantener el uso obligatorio de dispositivos de geolocalización en las patrullas policiales y de cámaras de audio y video dentro de las cabinas de dichos vehículos. La grabación deberá ser considerada como un elemento esencial para calificar la legalidad del arresto o detención.