Según un estudio presentado ayer en el Senado, los legisladores solo se enfocan en la obtención de recursos para sus respectivos lugares de origen
La negociación del Presupuesto de Egresos en la Cámara de Diputados cada año es un festín de intereses políticos.
Lejos de ser un proceso cada día más profesional y con visión de largo plazo, en realidad es un toma y daca para satisfacer los intereses futuros de cada legislador.
Así lo afirma el estudio “La Negociación Política del Presupuesto en México, 1997-2012”, realizado por Integralia, una empresa dirigida por Luis Carlos Ugalde, extitular del Instituto Federal Electoral (IFE).
Esta investigación, que se hizo a lo largo de cinco años, fue presentada ayer en el Senado. Y a pesar de que se hace una revisión minuciosa de los montos y asignaciones en cada rubro, llama la atención la dureza con la que se critica cómo el contenido político es prioridad y no la programación a futuro.
En el documento se asegura que los legisladores podrían encontrar mecanismos para profesionalizar la integración del gasto público, pero en realidad solo se enfocan en la obtención de recursos para sus respectivos lugares de origen porque carecen de niveles profesionales para realizarlo de otro modo.
“El Congreso podría identificar áreas de mejoría y modificarlas sin que el gobierno faltara a sus obligaciones jurídicas y políticas. No obstante, la escasa profesionalización del Congreso en temas presupuestarios limita su habilidad para plantear alternativas distintas a aquellas del gobierno. El papel del Congreso para fomentar la eficacia, transparencia e integridad del gasto público es aún muy limitado”.
Integralia concluye que si bien existen mejoras en el proceso de negociación presupuestal, la realidad es que no hay criterios técnicos y su principal problema es la politización que se hace del reparto de recursos.
Es un problema, precisa, que atañe a todos los partidos políticos.
“Las reglas para negociar el presupuesto se mejoraron notablemente en la década del 2000, particularmente con la aprobación de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria promulgada en el 2006, el proceso de negociación es muy complejo y la negociación entre múltiples fuerzas políticas genera en ocasiones improvisación y falta de criterios técnicos. Parte de la explicación reside en la escasa profesionalización de la labor legislativa debido a la falta de carreras parlamentarias.
“Pero la causa central es política: al igual que en otros países, muchos legisladores centran su atención en la gestoría de recursos para proyectos de beneficio político y local sin prestar atención al contenido global del Presupuesto. Algunos legisladores se han convertido en gestores de recursos, en lugar de evaluadores del Presupuesto, como es su función de acuerdo a la Constitución”, advierte el reporte.
El reto del pluralismo
Según Integralia, el reto político en materia presupuestaria “es que el pluralismo del Congreso se traduzca en presupuestos eficaces para fomentar el crecimiento económico, la seguridad pública y la igualdad de oportunidades”.
En la presentación del documento estuvo el titular de Integralia, Luis Carlos Ugalde y el presidente de la Mesa Directiva del Senado, el perredista Luis Miguel Barbosa.
Además estuvieron el ex secretario de Hacienda panista y hoy senador, Ernesto Cordero, y sus homólogos José Yunes del PRI y Armando Ríos Piter del PRD.
Cordero advirtió que aunado a los problemas que presenta el estudio ahora tienen el inconveniente que los dirigentes nacionales de cada partido quieren negociar el Presupuesto cuando esto es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados.
