La rápida Expansión territorial del CJNG está caracterizada por la disposición de la organización a trabarse en violentas confrontaciones con las fuerzas de seguridad”
La cantidad de servidores públicos y agentes de seguridad que han sido asesinados en Jalisco en los últimos años continúa creciendo, hasta superar ya los 200 casos al considerar tanto a este como al pasado sexenio, cuando el crimen organizado creció de forma inusitada.
El estado sigue resintiendo el haberse convertido en el principal centro de operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), como lo ratificó hace unos meses la Administración para el Control de Drogas (DEA).
Según los registros de la Fiscalía General de Jalisco (folio 02291316) y otros periodísticos, en el periodo de 2007 a 2016 el estado alcanzó la cifra de 208 asesinatos de miembros de los tres niveles de gobierno, y tanto del orden civil como militar.
En 93 de estos casos la Fiscalía reporta indicios de la intervención del crimen organizado.
En el informe de la DEA Evaluación Nacional de Amenaza de las Drogas 2016, de noviembre pasado, esta incluye al CJNG como una de las seis organizaciones criminales preponderantes de México, con el Cártel de Sinaloa, Juárez, Golfo, Zetas y Beltrán Leyva.
Ahí destaca que, no obstante ser entre estos el grupo de más reciente conformación –2010-, el CJNG sigue hoy como “uno de los más poderosos”, y advierte:
“Con su base en el estado de Jalisco, particularmente en la ciudad capital de Guadalajara, el CJNG ha crecido rápidamente en relevancia después de separarse del cártel de Sinaloa en julio de 2010.
“La rápida expansión territorial del CJNG está caracterizada por la disposición de la organización a trabarse en violentas confrontaciones con las fuerzas de seguridad del Gobierno mexicano y los cárteles rivales”.
Según estos registros, 95 de estos homicidios fueron contra servidores públicos y agentes del Gobierno estatal; 18 del Gobierno federal y sus fuerzas, y 95 de los Ayuntamientos, los más débiles.
Esto sin sumar los casos en manos de la PGR, como los nueve efectivos federales asesinados el 1 de mayo, los cuatro militares en Guachinango (2014), la ejecución del delega do del ISSSTE y expresidente del PRI, Javier Galván Guerrero (2015), y del diputado federal por Jalisco, Gabriel Gómez Michel (2014).
La ruta roja
En el sexenio del gobernador panista Emilio González Márquez 2007-2012, a cuya mitad surgió el CJNG, se cometieron 119 homicidios de servidores públicos en conocimiento del Ministerio Público local, de los que 60 eran estatales, 55 municipales, y cuatro federales.
Mientras que con el priista Aristóteles Sandoval Díaz, de 2013 al 2016, se suman ya al menos 89 de estos asesinatos, considerando a 35 servidores públicos estatales, 40 municipales y 14 federales.
El gobierno de Sandoval Díaz sigue por debajo del registro de homicidios de este tipo del pa-
sado sexenio, sin embargo, fue durante la primera mitad del suyo que Jalisco vivió una serie de magnicidios de gran impacto.
Fue entonces que los jaliscienses supieron por primera vez de la ejecución de un secretario estatal (Jesús Gallegos, de Turismo, 2013) o de un alcalde en funciones (Manuel Gómez, Ayutla, PAN, 2014).
A esta lista se suman tres regidores asesinados (Feliciano García, PRI, Tlaquepaque, 2015; Héctor Salazar, PMC, 2013, y Juan Carlos Gordian, PRI, 2014, de Cabo Corrientes ambos; además del exalcalde de ese lugar, Carlos Orozco, PRI, 2014).
Y las desapariciones sin esclarecer del edil del PAN de Talpa de Allende, Gerardo Ornelas (2014), y del independiente Humberto Gómez, de Puerto Vallarta (2015), caso este investigado en liga con las actividades de Sergio Kurt Schmidt, presunto operador del CJNG detenido en 2016.
Embates criminales
En este diciembre Jalisco, como el resto del país, cumplió una década de la llamada guerra contra el crimen organizado. De esos más de 200 homicidios en el lapso 2007-2016, son 189 los que eran miembros de las fuerzas de seguridad.
De estos, 90 eran estatales (Policía, MP y custodios), 83 municipales y 16 federales.
Con González Márquez fueron asesinados 114 de estos uniformados: 60 eran estatales, 51 municipales y tres federales. Mientras que con Sandoval Díaz suman 75 oficiales asesinados: 30 estatales, 32 municipales y 13 federales.
La cacería
Los asesinatos de servidores públicos en Jalisco alcanzaron su peor índice en 2015 con 37 hechos, el más alto de toda la década.
Seguido del 2010, con 35, y del 2013 con 24. En 2016 se suman 10 casos, una baja importante, pero la cifra de Fiscalía no cubre el último cuatrimestre.
En el lejano 2007, en cambio, apenas se dieron tres de estos homicidios en todo Jalisco.
El 2016, aunque sin los magnicidios de la primera mitad del gobierno de Sandoval Díaz, no estuvo exento de ataques directos contra las fuerzas de seguridad.
El 24 de febrero, en Tlaquepaque, con pocos meses en la administración de María Elena Limón (PMC), tres de sus policías fueron ejecutados por un comando en la Avenida Revolución, una de las más importantes de la ciudad. Ahí pereció el tercero al mando de la Policía, Francisco Alejo, y dos escoltas
El 11 de septiembre también sorprendió el asesinato del subdirector policial del Pueblo Mágico de Talpa de Allende, Damián Díaz. Un grupo de sujetos se introdujo hasta la Dirección de Seguridad para acribillarlo ahí mismo, luego robaron una ambulancia y plagiaron a su conductor y a un médico para tratar sus heridas.
El 18 de octubre, Javier Herrera Mecalco, titular de Padrón y Licencias de El Salto, encargado de avalar los giros comerciales, fue ejecutado con dos tiros en la nuca en la Carretera a Chapala. Su cuerpo se halló a unos pasos de su Ford Lobo 2016, aún prendida. Fue edil del PRI en el pasado trienio.
