Las leyes secundarias de la reforma energética deben garantizar que por lo menos 50 mil empresas que participan en el sector petrolero dejen de ser subcontratistas y se conviertan en socias de las empresas extranjeras.
Lo medular de la reglamentación, confiesa Erik Legorreta, es que las leyes secundarias le den un “contenido nacional” a los proyectos.
El esquema de subcontratista a inversionista y proveedor directo ya funciona en países como Noruega y Brasil.
“Los empresarios debemos dejar de empujarnos en la demanda y los precios, y visualizar todas las oportunidades de negocio que se van a dar para participar en ellas”, asegura el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria del Petróleo (AMIP).
Lo importante, agrega, es buscar alianzas y sumar esfuerzos. Por ello analizarán a profundidad los alcances de la redacción de las iniciativas, desde la perspectiva de los industriales.
Sobre todo, porque las leyes secundarias son el instrumento para potenciar los beneficios de la reforma constitucional, aclara.
“Pero también para defender que esos beneficios sean para los mexicanos”.
Legorreta propone a los legisladores establecer mecanismos para verificar la inclusión de organismos especializados y representativos en los Comités de Adquisiciones de Pemex, así como los montos mínimos de inversión.
También se refiere a la transparencia que debe darse entre los interesados que participen en los Comités de Adquisiciones y Obra Pública de Petróleos Mexicanos.
Además, destaca, hay que involucrar a los empresarios del sector es esos Comités para dar certidumbre a los proyectos que se llevarán a cabo.
El presidente de AMIP reconoce la experiencia internacional en aquellos países que han logrado el desarrollo de una industria local. Pero asegura que son las empresas nacionales las que desarrollarán el capital humano para detonar medio millón de empleos para el de 2018.
Banco de México lleva la batuta
De acuerdo con la iniciativa de leyes secundarias de la Reforma Energética, será Banco de México la entidad encargada y responsable de administrar y aplicar los recursos del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.
Estos recursos podrán ejercerse si el país cae en una recesión económica o padece un desplome en sus ingresos petroleros debido a una baja en la producción nacional o a la volatilidad en el mercado.
Como fiduciario de este fondo, el instituto central distribuirá los ingresos derivados de las asignaciones y contratos que se celebren para la exploración y extracción de petróleo e hidrocarburos.
El secretario de Hacienda en funciones presidirá el Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (FMPED), y se encargará de verificar que los recursos obtenidos sean destinados al ahorro a largo plazo o para atender dichas contingencias.
En ambos casos, Luis Videgaray y Agustín Carstens deberán rendir cuentas del Fondo Petrolero que también contará con la participación del titular de Energía y cuatro miembros independientes que serán propuestos por el Poder Ejecutivo ante el Senado.
En caso de haber un empate en las votaciones respecto a los proyectos en los que decida invertir el Fondo, el secretario de Hacienda tendrá el voto de calidad, es decir, la última palabra.