Búsqueda de italianos se vuelve interestatal

[kaltura-widget uiconfid=”38728022″ entryid=”1_w06y6pk1″ responsive=”true” hoveringControls=”false” width=”100%” height=”75%” /] La búsqueda de los tres ciudadanos italianos que desaparecieron en Tecalitlán, Jalisco, el pasado enero, se ha extendido por otras cuatro entidades del país y ha implicado incluso la revisión de instituciones psiquiátricas, según lo revela un informe rendido por el gobierno estatal ante la Secretaría de Gobernación (Segob).

La Secretaría que encabeza Alfonso Navarrete Prida tuvo que intervenir en este caso aún sin resolverse por el Gobierno de Jalisco, debido a las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dirigió al Estado mexicano el 16 de marzo, y en las que le exige dar cuanto antes con las víctimas italianas.

Fue así que el 20 de marzo la Subsecretaría de Derechos Humanos de Segob notificó al Gobierno local de las medidas cautelares de la CIDH, y le requirió que informara cuáles eran sus avances en la investigación de la desaparición de Raffaele Russo, Antonio Russo y Vincenzo Cimmino, según el oficio UDDH/911/DGAPP/365/2018.

En su respuesta a la Segob, el secretario general de Gobierno de Jalisco, Roberto López Lara, devela aspectos inéditos de la indagatoria local, de acuerdo con su oficio CISG 0398/18, del 23 de marzo 2018.

“Se solicitaron cuatro colaboraciones a Procuradores y/o Fiscales de los Estados de Colima, Michoacán, Estado de México y Quintana Roo“, revela el reporte, lo que evidencia que la búsqueda ha dejado de estar sujeta al territorio de Jalisco.

También da a conocer que efectuaron búsquedas de localización en el interior de hospitales civiles, corporaciones policiacas, hospitales psiquiátricos, centros de rehabilitación, servicio médico forense e instituciones gubernamentales o privadas, así como la búsqueda y localización de cámaras de videovigilancia que se encuentran relacionadas con los hechos.

A estas diligencias se suman 10 entrevistas a ciudadanos y testigos, 12 inspecciones de objetos y documentales, 14 actos de Policías Investigadora para esclarecer los hechos y la declaración de cinco imputados.

La SEIDO interviene

En este informe de Jalisco dirigido en específico a Rosalinda Salinas Durán, directora general adjunta de la Unidad de Defensa para los Derechos Humanos de Segob, se revela que el caso de los italianos desaparecidos ya no es investigado solo por la Fiscalía local, sino también por la Procuraduría General de la República (PGR).

“El fiscal de Derechos Humanos señaló que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), inició la carpeta de investigación (…) por lo que esa dependencia de la PGR podría aportar mayor información con relación al presente caso”, indica.

Entre los avances en materia penal está que “el 02 de marzo de 2018 se vincularon a proceso a los cuatro imputados, a los tres primeros por el delito de desaparición forzada de personas previsto por el art. 27 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada (…), y a la última por delitos vinculados con la desaparición de personas previsto en el art. 39 de la Ley de la Materia, en la que además como medidas cautelares se impuso prisión preventiva por el lapso de un año”.

Salinas Durán le recalcó al Gobierno local el objetivo de recabar estos datos:

Cabos sueltos

El caso de los tres italianos desaparecidos tiene aún múltiples aspectos no esclarecidos por el Gobierno estatal, como la causa por la que un grupo delictivo los habría victimizado, además de capturas pendientes como las referidas el 18 de junio por Roberto López Lara, secretario general de Gobierno de Jalisco.

“Sigue trabajándose el tema, tenemos (…) dos órdenes de aprehensión contra el excomisario o jefe de la Policía municipal de Tecalitlán y un primer comandante”, ambos prófugos, mientras la inestabilidad de la zona persiste, pues apenas el 2 julio fue ejecutado por sujetos armados el alcalde del lugar, Víctor José Guadalupe Díaz Contreras.

Sin obviar que el informe hacia Segob, López Lara evidencia que podría haber anomalías en la indagatoria, pues advierte: “El 22 de marzo se giró el oficio número 1300/20187/AG.03 dirigido al director general de Contraloría y Visitaduría de la Fiscalía para la apertura de una carpeta de investigación por el delito de tortura”.

El Estado también reportó dificultades para contactar a los familiares de las víctimas. “Con fecha 20 de marzo, la agencia del MP recibió el acto de investigación por parte de la Policía Investigadora mediante el que informó que en repetidas ocasiones y horarios se ha tratado de contactar vía telefónica al ofendido (denunciante) a los teléfonos de contacto para que proporcionen más datos a la investigación, pero ha sido negativo contactarlo”.

La sombra del CJNG

Hasta ahora la hipótesis más consolidada sobre la desaparición de los italianos es que policías municipales los detuvieron para entregarlos al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y si bien el móvil aún es incierto, ese escenario es el que refirió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su resolución 20/2018.

“Según el solicitante, las investigaciones arrojarían que los policías de Tecatitlán habrían recibido órdenes de su vice comandante y comandante para llevar a cabo la detención de los señores Antonio Russo y Vincenzo Cimmino. Los policías que los habrían detenido los habrían llevado a un camino de montaña a diez minutos de la ciudad, donde los habrían estado esperando dos hombres armados, de los cuales uno sería el ‘jefe de plaza’, jefe del grupo criminal ‘Jalisco Nueva Generación’”, señala.

Y agrega que de acuerdo con las autoridades mexicanas, el “GPS” de Raffaele Russo estuvo activo por última vez a las 15:23 horas del 31 de enero a mil 453 metros de Tecalitlán cuando se habría desconectado. Por su parte, la señal de GPS de los señores Antonio Russo y Vincenzo Cimmino habría dejado de funcionar a las 20:23 horas del mismo día a lo largo de la misma carretera”.