El gobernador de Movimiento Ciudadano, Samuel García, desató una cacería contra los contribuyentes de Nuevo León.
La misión la depositó en una consultora privada llamada Valere Consultores S.C. , la cual obtuvo una adjudicación para el cobro de adeudos vehiculares, créditos fiscales, multas y cartera del Gobierno central.
La compañía contratada bajo el contrato SEE/DASG/21-enero 2022/11:00/F, cobrará el 15 por ciento de los ingresos derivados de estos cobros, más IVA, y 30 pesos por cada carta invitación. Así como 170 pesos por cada dictamen realizado de la cartera asignada.
“Se estimó procedente excepcionar el proceso de licitación de contratación a través de la licitación pública y la contratación del servicio integral de gestión de cobro de créditos fiscales, multas y cartera general del Gobierno del Estado de Nuevo León con la sociedad civil Valere Consultores S.C”, dice el contrato.
En el apartado de contribuciones vehiculares, esta empresa solicitará a la Dirección de Créditos y Cobranzas de la Secretaría de Finanzas y Tesorería del Estado, a cargo de Carlos Garza, la lista de tributarios con adeudos, convenios incumplidos y cheques devueltos del Instituto de Control Vehicular (ICV).
“A efecto de llevar a cabo la cobranza vía administrativa y mediante el proceso administrativo de ejecución, telefónica o gestión domiciliaria, así como llevar el día del control de cobranza encomendada”, expone el contrato.
La firma notificará a los propietarios de los vehículos con adeudos requeridos para el correcto cumplimiento de sus obligaciones fiscales federales y estatales para que aclaren su situación fiscal.
El servicio de esta empresa está en un sentido de cobro de multas, créditos fiscales y cartera del Gobierno central.
La especialidad de esta firma, establece el contrato, consiste en servicios especializados de gestión de vigilancia de obligaciones fiscales omitidas, correspondiente a contribuciones estatales y federales coordinadas.
“Así como, a la revisión, dictaminación, actualización y recuperación de cartera de multas y créditos fiscales conforme a la normativa establecida para estos efectos”, advierte el documento.
Reporte Índigo reveló que el representante legal de esta empresa es Pedro Rubén Torres Estrada, quien obtuvo un contrato con el Gobierno de Zacatecas, en 2013, y, además, amarró contratos con municipios metropolitanos panistas.
Torres Estrada intentó navegar como un ciudadano ejemplar tras participar en el proceso de selección del Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción, incluso, participó en el proceso de transición del Gobierno de Samuel García. Y ahora obtiene un contrato para arrancar una cacería contra el ciudadano contribuyente de Nuevo León.
El contrato agrega que, en los procesos de dictaminación de contribuyentes deudores, la empresa verificará en el sistema el estatus de los diversos endeudamientos propio del estado y/o federación determinada por estos gravámenes: Impuesto Sobre Nómina (ISN), Impuesto Sobre Mejoría Específica, así como el Impuesto Sobre la Renta (ISR), Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) y El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, (IEPS).
Valere Consultores S.C. tendrá el alcance de solicitar información para la investigación y ubicación de contribuyentes no localizados, así como informar la nueva ubicación de la persona física y moral
Ubicar al deudor
Valere Consultores S.C. tendrá el alcance, según el contrato, de solicitar información para la investigación y ubicación de contribuyentes no localizados, así como informar la nueva ubicación de la persona física y moral.
“La reexpedición de las debidas correcciones de los documentos según correspondan notificar para su debida diligencia mediante el proceso administrativo de ejecución y control de la recaudación efectiva.
“Llevar el registro y control de todos los créditos de los cuales se hayan embargado bienes inmuebles, negociaciones, cuentas bancarias y requisitos de bienes dejados en depósito con el mismo contribuyente”, dice el contrato.
El contrato asignado a la empresa Valere Consultores S.C. establece un apartado denominado gastos extraordinarios para llevar a cabo los trabajos encomendados, tales como transporte y solicitud de información en el registro público de la propiedad, entre otros, los cuales serán cargados al deudor.
“Los erogados para la obtención del certificado de liberación de gravamen, honorarios del personal necesario, peritos y depositarios, y cualquier otro gasto extraordinario, deberá ser cobrado como gasto de ejecución al deudor”, dice el contrato. La empresa podrá cubrir los gastos extraordinarios, pero recibirán un reembolso con el cobro de las multas.