[kaltura-widget uiconfid=”39952882″ entryid=”0_wn7noiuf” responsive=”true” hoveringControls=”false” width=”100%” height=”75%” /]
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) asegura que el Gobierno de Jalisco no ha cumplido con la identificación de 315 personas fallecidas en el estado entre el 2006 y el 2015, de acuerdo con información recabada por la propia autoridad estatal.
Aunque es poco conocido, la CNDH cuenta con un Sistema de Información Nacional de Personas Fallecidas no Identificadas (Sinfani), cuyo dato más actualizado al 2018 revela que en todo el país –con excepción de Baja California Sur- hay más de 16 mil casos de individuos que perdieron la vida y que nunca fueron identificados por los gobiernos locales.
“La base de datos de Personas Fallecidas no Identificadas contiene los antecedentes de personas que se encuentran con esa calidad y que fueron proporcionados por las y los titulares de los órganos de procuración de justicia, a quienes indistintamente corresponde coordinar, administrar y supervisar los servicios periciales de las 32 entidades federativas. Actualmente cuenta con 16,361 registros”, indica la CNDH en su último Informe de Actividades 2018
Reporte Indigo obtuvo vía transparencia la base de datos del Sinfani (folio 3510000079918), que ubica a Jalisco en el lugar 14 a nivel nacional por el rezago que mantiene en la identificación de personas que fallecieron, pese a ser el tercer estado con más desaparecidos: 3 mil 388 de los 37 mil 435 totales del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED)
Las entidades que, según la CNDH, tienen la mayor problemática por decesos que no contaron con la identificación de los restos humanos, están encabezados por el Estado de México, con 4 mil 395 casos; Puebla, en el segundo sitio, con mil 387; Sinaloa, en tercero, con mil 163; Tamaulipas, en cuarto, con mil 052; y Oaxaca, en quinto, con mil 041.
Las profundas deficiencias del Gobierno de Jalisco y sus áreas en el tratamiento de los cadáveres y restos humanos quedaron expuestas desde septiembre de 2018, cuando salió a la luz la existencia de un tráiler con el que se habían extraído clandestinamente 273 cuerpos del forense, lo que ha ameritado hasta ahora tres denuncias penales de la Contraloría local.
Gobiernos omisos
De las 315 personas fallecidas en Jalisco cuyos cadáveres y restos humanos nunca fueron identificados por las autoridades hay 101 casos que ocurrieron entre los años 2013 y 2015, periodo que corresponde al gobierno del exmandatario priista, Aristóteles Sandoval Díaz.
Otros 73 decesos que no contaron con dictámenes de identificación se dieron en el 2006, un año gobernado en su mayor parte por el exmandatario Francisco Ramírez Acuña, quien fue sustituido de forma interina por Gerardo Octavio Solís Gómez, actual fiscal del estado.
De las 141 personas restantes no se cuenta con el año preciso de su deceso, pero las claves de sus averiguaciones hacen presumir que no van más allá del 2006.
Se sabe que al menos 19 eran mujeres y 259 hombres (hay 37 casos sin sexo esclarecido).
Los registros que posee la CNDH en su Sinfani no informan el destino final que el Gobierno de Jalisco y los otros 30 estados dieron a los cadáveres y restos humanos que no identificaron, es decir, si estos fueron inhumados o cremados, por ejemplo.
A nivel nacional se sabe que de las más de 16 mil personas sin vida no identificadas, al menos 745 provienen del periodo 2013-2015 en el gobierno de Enrique Peña Nieto; 5 mil 79 del sexenio 2007-2012 que encabezó Felipe Calderón Hinojosa; 787 del sexenio 2000-2006 de Vicente Fox Quesada; mientras que de 9 mil 750 no se cuenta con el año preciso.
Los restos humanos sin su identidad esclarecida pertenecían a mil 117 mujeres y 12 mil 812 hombres; de 2 mil 432 casos restantes se desconoce el sexo.
El misterio de los cuerpos sin identificar
Hasta ahora las autoridades federales tienen distintas estimaciones del número de personas fallecidas en el país, un dato que se considera clave para las labores de búsqueda de desaparecidos.
El 5 de abril de 2018 el entonces subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Rafael Adrián Avante Juárez, dijo que tenían 35 mil cadáveres sin identificar y alrededor de 30 mil denuncias por personas desaparecidas.
El 17 de enero de 2019, el entonces titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP) Roberto Cabrera Alfaro, dijo: “según datos de Plataforma México, a la fecha se cuenta con el registro por huella dactilar de 36 mil 708 personas fallecidas sin identificar”.
El 4 de febrero pasado Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de Segob, dijo que además de 40 mil desaparecidos y mil 100 fosas clandestinas, se estimaban “alrededor de 26 mil cuerpos sin identificar en los servicios forenses” del país
Para regular el manejo de los cuerpos sin identificar y sistematizar sus datos, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, prevé en su artículo 111 la creación del Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas.
Este deberá ser alimentado por las autoridades de todo el país con datos clave de los restos humanos, como los resultados que arrojen los dictámenes periciales para su identificación y el destino final que se les brinde.
Aunque debió entrar en operación en enero pasado por la Fiscalía General de la República, cuando se le solicitaron por transparencia las cifras de fallecidos no identificados sugierió realizar “su requerimiento de información” a la CNBP, pero ésta respondió que no las tenía.
