El magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, Genaro Sánchez Martínez, perdió en definitiva el amparo que interpuso en contra de la revocación que hizo de su nombramiento el Congreso del Estado.
Con este fallo adverso el TJA no tiene impedimento legal para dar de baja al magistrado, que cobra su sueldo sin estar asignado a ninguna de las salas de este órgano. El Congreso de Nuevo León ordenó la revocación del cargo a Sánchez Martínez, pero el magistrado interpuso un recurso de revisión en contra de su rescisión, bajo el expediente 385/2015.
El amparo de revisión se admitió el 19 de octubre del 2015, y fue resuelta la semana pasada en su contra por el Magistrado Antonio Ceja Ochoa, en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa.
De esta manera el Tribunal declaró infundado el recurso de revisión que interpuso Sánchez Martínez en contra de su recisión al cargo, por lo que deberá de ser dado de baja de la nómina, de donde cobraba aproximadamente 149 mil pesos mensuales.
En el año 2012, la Sala Superior de del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado designó a la Tercera Sala Ordinaria del Tribunal para los juicios orales, tal y como se establece en la reforma de justicia que en su momento estuvo en implementación.
Lo anterior, a pesar de que se carecía de infraestructura para realizar ese tipo de procedimientos orales en las instalaciones, ubicadas en la colonia Obispado, en Monterrey.
Incluso la Tercera Sala carecía de personal adscrito, además de que no tenía un presupuesto asignado para su operación.
En abril del 2012, Reporte Indigo también reveló que la mayoría de los magistrados habían sido propuestos por el exgobernador Rodrigo Medina, a pesar de que carecían de experiencia en derecho administrativo.
Desde entonces al Tribunal de Justicia Administrativa se le cuestionó por otro caso similar al de Sánchez Martínez.
Otro de los casos fue el de Juana García Aragón, quien también fue Magistrada y cobró de la nómina sin ejercer funciones, debido a que estaba impedida en su momento para resolver controversias administrativas.
Fue hasta mayo del 2012 que García Aragón fue removida del cargo y sustituida por la Magistrada Juana María Treviño Torres.
También, al igual que Sánchez Martínez, García Aragón tampoco tenía experiencia para resolver controversias de carácter administrativo.
