Felipe Calderón, exmandatario de México, arremetió en contra del llamado “decretazo”, acuerdo promovido por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en el que los datos relacionados con las obras y proyectos que lleva a cabo su gobierno se consideran temas de seguridad nacional.
De acuerdo con el expresidente, el “decretazo” usurpa “groseramente” las facultades legislativas al borrar lo que dicen varias leyes, tanto ambientales como las que previenen la corrupción.
Calderón dice no explicarse con “qué cara” el Senado se niega a promover una controversia constitucional en contra de esta acción del presidente, por carecer de “interés jurídico”.
“El decretazo no sólo invade, usurpa groseramente facultades legislativas al borrar, literalmente “por decreto”, lo que dicen varias leyes, desde ambientales hasta anticorrupción. El Senado es la “Cámara Alta” del legislativo. ¿Con qué cara dicen que carece de interés jurídico?”, escribió Felipe Calderón.
El “#Decretazo no sólo invade, usurpa groseramente facultades legislativas al borrar, literalmente “por decreto”, lo que dicen varias leyes, desde ambientales hasta anticorrupción. El Senado es la “Cámara Alta” del legislativo. ¿Con qué cara dicen que carece de interés jurídico?
— Felipe Calderón (@FelipeCalderon) December 9, 2021
El pasado 7 de diciembre, 53 senadores de oposición emplazaraon a la presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, a presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el acuerdo promovido por el presidente.
Sin embargo, Sánchez Cordero dijo que presentar una controversia “carece de interés legítimo” y que la promoción sería, por lo tanto, improcedente.
Te sugerimos: “Carece de interés legítimo” promover controversia constitucional en contra del “decretazo”
También mencionó que según su opinión, considera “inexistente el principio de agravio respecto del Senado”.
Además, los senadores de oposición entregaron el 26 de noviembre a Sánchez Cordero un documento, en el cual manifiestan su preocupación, porque desde el Ejecutivo federal se pretende establecer “un régimen de excepción”, porque se recurre a los conceptos de interés público y de seguridad nacional para afectar la rendición de cuentas, favorecer la opacidad, la poca claridad en la contratación pública y el ejercicio de los recursos.
