Congreso opaco

El Congreso pide cuentas a todos, pero no cumple con lo que exige de otros.

A pesar de las reformas en materia de transparencia, en el Congreso de la Unión prevalece la opacidad en el uso de los recursos.

En su Reporte Legislativo número siete, la consultora Integralia reveló que tras varios años en que se ha pugnado por transparentar los recursos que reciben las bancadas en el Legislativo, todavía no se sabe en qué se invierte ese dinero y si sirve realmente para el cumplimiento de las tareas legislativas.

En el caso de la Cámara de Diputados, en el primer año de la 63 Legislatura (septiembre 2015 a agosto de 2016), los grupos parlamentarios recibieron 859 millones de pesos.

En el Senado, la información sobre el primer año de la actual legislatura aún no está disponible, lo que va en contra del discurso de transparencia que pregonan los legisladores federales.

No solo no se conoce el destino del gasto de las bancadas, tampoco los criterios con base en los que se les entrega dinero.

La propia Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha reiterado en varios análisis de las cuentas públicas que no hay manera de verificar la comprobación de esos gastos porque solo se envían informes ejecutivos y no se tiene acceso a la comprobación fidedigna de esos gastos.

Recursos millonarios

Cada año, las bancadas en el Congreso de la Unión reciben recursos millonarios, ¿para financiar qué?

Muchos de los gastos de operación de los grupos parlamentarios corren a cargo de los órganos administrativos de la Cámara de Diputados y del Senado.

Desde ahí se opera el pago para viajes, mantenimiento, personal de base, asesores y todo aquello que debe hacerse para que el Congreso funcione.

Empero, las bancadas reciben decenas de millones de pesos cada año como parte de sus subvenciones, y nadie –ni siquiera la ASF- sabe exactamente en qué se gastan.

En su Reporte Legislativo, la consultora Integralia –dirigida por Luis Carlos Ugalde, exconsejero presidente del IFE- revela que los millones que se entregan a las bancadas se ejercen en la opacidad.

En la Cámara de Diputados, la cifra que recibirá cada grupo parlamentario es determinada por la Junta de Coordinación Política, el órgano donde confluyen los coordinadores de cada una de las bancadas.

Es decir, son los mismos diputados quienes se asignan los recursos que recibirán cada año.

Dentro de esas asignaciones, la Junta de Coordinación Política puede determinar que se entreguen subvenciones especiales a las bancadas, sin ninguna explicación.

Aunque esto comenzó a darse, primero como una necesidad para atender asuntos específicos, ahora es ya una práctica común.

Desde el 2010 que se acordó esta asignación, los grupos parlamentarios en ambas Cámaras recibieron 917 millones de pesos.

Nadie sabe en qué se utilizan esos recursos. Si son para pagar favores, financiar cuestiones electorales, “incentivar” a los diputados de manera directa. 

En el Senado no se tiene certeza sobre el monto de recursos que han recibido los grupos parlamentarios porque la información no ha sido revelada, a pesar de ser una de las nuevas obligaciones de transparencia.

El último dato que Integralia tuvo a disposición fue hasta junio del 2016, a pesar de que la Ley de Transparencia los obliga a mantener actualizada su información.

La Cámara alta está en desacato a las propias leyes que ahí se aprobaron.

“Otro asunto relevante es que la Auditoría Superior de la Federación ha reportado año con año que las subvenciones aumentan de forma constante y que sólo se proporcionan resúmenes contables y no puede comprobarse si los montos ejercidos se destinan para llevar a cabo los trabajos 

legislativos.

“Además, se han detectado movimientos entre partidas presupuestarias para aumentar los montos de las subvenciones previamente aprobados”, sostiene el informe de Integralia.

Retraso en transparencia

La consultora Integralia detectó que ambas Cámaras del Congreso de la Unión presentan retrasos en cuanto a la instrumentación de las nuevas reglas de transparencia que rigen a todos los entes públicos del país.

La Ley General de Transparencia fue expedida el 4 de mayo del 2015; en su artículo 13 transitorio se determinó que a más tardar el 30 de agosto del 2015, cada una de las Cámaras debía establecer un programa de reorganización administrativa.

En el Senado, dicho programa se aprobó el 31 de agosto, y en él se estableció que los montos de ingresos y egresos deben presentarse en una relación compatible con el sistema contable de la propia Cámara alta.

Se debe entregar un informe semestral de ingresos y egresos auditados por la contraloría interna.

En la Cámara de Diputados, el programa se aprobó el 12 de agosto del 2015 y en él se establecieron algunas medidas, entre las que se encuentra la adecuación de su reglamento de transparencia.

“Será fundamental observar cómo la Cámara baja define el estatus del órgano rector y si mantiene sus atribuciones en cuanto a clasificación y desclasificación de la información, mismas que ostenta ahora la Junta de Coordinación Política”, sostiene Integralia.

Ésta y las demás medidas, sin embargo, se encuentran en el limbo. Los diputados no establecieron un plazo para su entrada en vigor, por lo que no hay claridad en cuanto a su aplicación.