"Las instalaciones se recibieron en condiciones malas, en la presente administración se ha procurado mejorarlas con pequeñas reparaciones"
En el informe se detalla que 1.8 millones de pesos son parte del presupuesto para la reparación de cámaras de vigilancia
Solo hay que darse una vuelta a las instalaciones para notar que no hubo mejoras y los recursos no fueron invertidos donde se ocupaba
El caso de Héctor motivó la salida del subsecretario operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puerto Vallarta, Ernesto Ojinaga, antes señalado de no pasar los exámenes de confianza
Aunque en el 2013 el presupuesto asignado del Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun) en Puerto Vallarta fue de 1.8 millones de pesos para la “reparación de cámaras y de instrumentos relacionados con el mismo propósito”, no hay videovigilancia en las celdas de los separos, y casi la mitad de las que vigilan las calles están descompuestas.
El caso de Héctor Jonathan Franco Martínez, joven cegado en las celdas municipales de la Comisaría de Seguridad de Vallarta en el poblado Las Juntas (véase Negligencia policiaca) sacó a luz las serias deficiencias que tiene el viejo edificio de seguridad que antes era un mercado municipal.
También motivó la salida del subsecretario operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puerto Vallarta, Ernesto Ojinaga Ruiz, personaje que fue señalado previamente por no haber pasado los exámenes de control de confianza.
El desafortunado hecho del ataque a Franco Martínez se suma a una muerte en 2011 (véase Los separos de la muerte) en dichas celdas, por la que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió la recomendación 3/2013, donde el organismo pide que se siga un protocolo para el ingreso de personas bajo el influjo de alguna droga o en estado de ebriedad.
Una correcta videovigilancia de la celda ocho, habría sido suficiente para evitar que Franco Martínez perdiera la vista.
Por otro lado, las versiones de la autoridad municipal solo generan más dudas sobre lo que sucedió, pues hay dos distintas sobre el nombre de la empresa que administra las cámaras de seguridad en la Comisaría de Puerto Vallarta.
Se trata de Tecnocomp (o Tecnocom) e Itrak, ambas señaladas por distintos funcionarios como las encargadas de la videovigilancia.
Porque en la declaración que dio el encargado de Tecnologías y del Sistema de Monitoreo y Vigilancia (SIMOVI) de la Dirección de Seguridad Ciudadana de Vallarta, Mauricio Ernesto González, ante la autoridad, señala a la empresa Tecnocomp (o Tecnocom) como la que se habría llevado las cámaras para repararlas.
No aparecen como proveedores
Llama la atención que ninguna de las dos empresas aparece en el padrón de proveedores del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, en su última actualización hasta diciembre del 2013.
En los proveedores que aparecen en la página de Internet del Ayuntamiento figuran otras empresas que brindan este servicio como: Counter Intelligencie México, S.A. de C.V., y otros particulares como, Patricia Ambriz González y Mayra Elizabeth Chávez Meza.
Pero no existen indicios de los contratos con las empresas señaladas por los funcionarios municipales.
En un boletín emitido por el ayuntamiento 20 días después del suceso, el 12 de enero del 2014, el jurídico del municipio, Santiago Leal, declaró una versión distinta a la del funcionario de seguridad encargado del sistema de videovigilancia SIMOVI (Mauricio Ernesto González), que monitorea tanto cámaras de las celdas, como las que están instaladas en las calles del puerto.
“Cabe destacar que el 29 de noviembre, previo a los acontecimientos, el Gobierno Municipal suscribió un contrato de renovación de las cámaras de seguridad en las instalaciones de la Comisaría a cargo de la empresa Itrak S.A. de C.V.”
Las contradicciones de los funcionarios abonan a la confusión del caso de Franco Martínez, del que se sabe el Ayuntamiento de Puerto Vallarta ya tuvo un acercamiento con sus familiares, pero no se ha llegado a ningún tipo de acuerdo.
Pero la exposición de las circunstancias en que se encuentran los separos municipales de Vallarta, uno de los principales destinos turísticos del país, debería motivar las mejoras inmediatas de las instalaciones y el cumplimiento de protocolos de seguridad más estrictos en la Comisaría.
En cambio se sabe que, como lo hizo la administración pasada encabezada por el priista y actual jefe de compras del Gobierno de Jalisco, Salvador González Reséndiz, los recursos para seguridad no fueron invertidos en donde más se necesitaba.
Y solo hay que darse una vuelta a las instalaciones para comprobar que con el cambio de gobierno, con la llegada de Ramón Guerrero Martínez del partido Movimiento Ciudadano (MC), no hubo mejoras en las deterioradas instalaciones.
‘Condiciones deplorables’
En un informe entregado a la regidora de MC, Susana Judith Mendoza Carreño, a inicios de junio de 2013, de parte de la Dirección de Seguridad Ciudadana de Puerto Vallarta, se da cuenta de las pésimas condiciones en que se encuentra el inmueble de la dependencia.
“Las instalaciones se recibieron en condiciones malas, en la presente administración se ha procurado mejorarlas con pequeñas reparaciones que se pueden costear, sin embargo al inmueble le faltan muchas mejoras en cuanto al edificio y mantenimiento para la mejora de las condiciones laborales.
“No omito manifestar que la Subdirección de Tránsito tuvo que mudarse al edifico de la UMA (Unidad Municipal Administrativa) ya que el edificio se encontraba en condiciones deplorables (techos) lo que resultaba en un peligro constante para trabajadores y público en general”, se lee en el informe.
En cuanto a las condiciones de las cámaras de seguridad, el “Informe de las Cámaras de Video (SIMOVI)”, se establece que de las 48 cámaras se seguridad instaladas en las calles, solamente nueve funcionaban regularmente, mientras las demás mostraron fallas. Más de 20 de las 48 no funcionaban en lo absoluto (no se veían) por falta de energía u otras situaciones, casi la mitad.
Así que cerca de un 50 por ciento de las cámaras de vigilancia en las calles no funcionaba para junio de 2013 y las que están instaladas en los separos están descompuestas o están siendo adquiridas, según las dos versiones del ayuntamiento.
Por eso no se explica que en el mismo informe se detalle que 1.8 millones de pesos son parte del presupuesto para la reparación de cámaras de vigilancia. Para finales de año se sabe que, o el dinero se gastó en otra cosa (algo prohibido por las reglas del Subsemun) o no se terminaron de ejercer los recursos asignados para el rubro de reparación de cámaras.
A pesar de que se intentó hablar con el director de Seguridad Ciudadana de Vallarta, Rogelio Hernández de la Mata, por medio de la oficina de Comunicación Social del ayuntamiento, nunca se recibió respuesta sobre la solicitud. Medios locales de Vallarta refieren que Hernández de la Mata se niega a dar entrevistas luego del hecho en los separos que motivó la salida de su subsecretario operativo.
