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La Comisión de Justicia del Senado evalúa un proyecto de reforma del Código de Justicia Militar que pretende asegurar que los abusos cometidos por militares contra civiles tramiten en la justicia penal ordinaria
El 8 de octubre de este año, José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, aseguró que el Ejército Mexicano no está preparado para participar en las misiones internacionales que realizan las Naciones Unidas, debido a su escaso respeto por los Derechos Humanos.
Un mes antes, Amnistía Internacional (AI) publicó un informe en el que aseguró que la práctica de la tortura por parte de fuerzas de seguridad en México es “generalizada y persistente”.
Detalló que en la última década el número de denuncias de tortura aumentó casi un 600 por ciento.
Recientemente el caso de Tlatlaya –en donde militares entraron a una bodega para ejecutar civiles– puso el dedo sobre la llaga en los procedimientos de las Fuerzas Federales en el país.
Con ese escenario de fondo, ayer Enrique Peña Nieto designó al general de División Diplomado de Estado Mayor Noé Sandoval Alcázar como nuevo subsecretario de la Defensa Nacional (Sedena), en sustitución de Virgilio Daniel Méndez Bazán.
En un comunicado, la dependencia indicó que también fueron nombrados los generales de División Diplomado de Estado Mayor, Gilberto Hernández Andreu y Daniel Velasco Ramírez como oficial mayor y contralor general del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, respectivamente.
La credibilidad de los elementos del Ejército en México se ha visto mermada en los últimos años. En junio de 2013, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México indicó que estaba investigando 2 mil 443 desapariciones en las cuales había encontrado evidencias de la posible participación de agentes del Estado.
En el Informe Mundial 2014, HRW detalló que miembros de las fuerzas de seguridad del país participaron en numerosas desapariciones forzadas ocurridas desde que el expresidente Calderón diera inicio a la “guerra contra el narcotráfico”.
“Integrantes de todas las ramas de las fuerzas de seguridad continúan perpetrando desapariciones durante el gobierno de Peña Nieto, en algunos casos en colaboración directa con organizaciones delictivas”, refirió la organización.
Detalló entre diciembre de 2006 y mediados de septiembre de 2013, la CNDH recibió 8 mil150 denuncias de abusos cometidos por miembros del Ejército, y emitió recomendaciones sobre 116 casos en los cuales determinó que elementos de esta fuerza había participado en graves violaciones de derechos humanos.
“En casi todos los casos, los militares que cometen estos abusos no son llevados ante la justicia, en gran parte debido a que los hechos continúan siendo investigados y juzgados en el sistema de justicia militar, que carece de independencia y transparencia”, señaló el informe.
Noé Sandoval Alcázar
subsecretario de la Sedena
Su formación profesional incluye el Curso de Mando y Estado Mayor General; así como el Curso Superior de Guerra, ambos en la Escuela Superior de Guerra; de igual forma, la Maestría en Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacionales, en el Colegio de Defensa Nacional.
Gilberto Hernández Abreu
oficial mayor
Su formación profesional que incluye el Curso de Mando y Estado Mayor General en la Escuela Superior de Guerra y la Maestría en Seguridad de la Información en el Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina-Armada de México.
Daniel Velasco Ramírez
contralor general
Cuenta con el Curso de Mando y Estado Mayor General, el Curso Superior de Guerra, ambos en la Escuela Superior de Guerra; también tiene la Maestría en Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacionales, en el Colegio de Defensa Nacional.
