Fuentes consultadas señalan que la seguridad al interior del Penal del Topo Chico disminuyó desde que la Sedena cedió el control a Fuerza Civil, en septiembre pasado
La seguridad del Penal del Topo Chico estuvo a cargo de militares hasta el año pasado, cuando el Gobierno de Nuevo León dio por terminada la colaboración con Sedena.
Los militares eran los responsables de los filtros y controles de seguridad en este reclusorio desde el año 2011, cuando se presentaron disturbios dentro de este penal.
Desde el mes de septiembre del año pasado cuando el Estado no renovó el convenio de colaboración, Fuerza Civil se quedó a cargo de la vigilancia.
La salida de los militares provocó que las medidas de seguridad se relajaran, de acuerdo a fuentes consultadas.
La noche del miércoles el Penal del Topo Chico fue escenario de la peor masacre en una cárcel mexicana con la muerte de 49 reos en una riña, según la versión oficial.
El jueves pasado, la bancada del PAN en el Senado exigió que los militares volvieran a retomar el control del Penal del Topo Chico.
El senador Raúl Gracia criticó que el gobernador Jaime Rodríguez no haya retomado el convenio de colaboración que había con Sedena para el resguardo de los penales estatales.
“Exigimos que se restituya el convenio con la Federación para que tomen el control de los penales y de los focos rojos”, señaló el senador albiazul.
El control del Penal del Topo Chico –al igual que el Cereso de Apodaca y el de Cadereyta- están a cargo de la Comisaría General de Administración Penitenciaria del Estado, que depende de la Secretaría de Seguridad Pública, que encabeza el general Cuauhtémoc Antúnez.
El jefe de los penales de Nuevo León al momento del motín era Juan Antonio Caballero Delgadillo, quien fue nombrado desde el año pasado por la administración que encabezó el exgobernador Rodrigo Medina.
Como directora del Penal del Topo Chico se desempeñaba Gregoria Salazar Robles, quien también fue nombrada en la pasada administración.
Durante el fin de semana fueron detenidos Salazar Robles; el comisario de administración penitenciaria, Jesús Fernando Domínguez, y el celador José Reyes Hernández por su presunta responsabilidad en el motín, informó la fiscalía local.
Llega la Policía Militar
Un día después de la masacre de reos ocurrida la semana pasada, elementos de la Policía Federal arribaron al Penal del Topo Chico para hacerse cargo de la seguridad de este reclusorio.
El gobernador Jaime Rodríguez explicó que acordó con Renato Sales, Comisionado de Seguridad Nacional, para que los federales se queden a cargo del control del Penal del Topo Chico por tiempo indefinido.
Rodríguez rechazó que su administración haya cancelado el convenio de colaboración con el Ejército para resguardar los penales estatales.
“Esos convenios del pasado para colaborar con el Gobierno del estado (…) Habla del resguardo de los penales, pero no de la operación de los penales.
“Cuando nosotros llegamos aquí nos dimos cuenta que ese convenio fue vencido en septiembre del año pasado y nosotros evidentemente hicimos las negociaciones con la Secretaría de la Defensa Nacional. Estuvimos con el secretario de la Defensa Nacional el mes de octubre. Recorrimos el estado y estuvimos dialogando con él y llegamos a un acuerdo de renovar el convenio”, dijo Rodríguez.
El mandatario adelantó que la Policía Militar, que está en proceso de incorporarse a Nuevo León, también colaborará en las acciones de resguardo.
“Desde diciembre nosotros elaboramos este convenio que fue de diálogo con la Secretaría de Gobernación porque así manda la constitución del tema de los convenios que hace el Ejército, y determinamos que la Policía Militar fue la que hiciera la colaboración”, señaló el gobernador nuevoleonés.
“La Policía Militar tiene aquí ya tres semanas. Tienen tiempo para instalarse en el nuevo campo policial que ya está operando en la Secretaría de la Defensa Nacional”.
