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“Hay en la estadística un porcentaje importante de agresiones a periodistas que tienen que ver con agentes del gobierno, pero las agresiones graves que han costado la vida de periodistas son prácticamente en todos los casos vinculados al crimen organizado”
“Por una parte está el discurso del gobierno, en el que dice que sí brinda protección a defensores y periodistas, pero por otra está la realidad. La autoridad es responsable y existe una red de contubernio con los agresores, ya sea porque ejerza la agresión directa o por la omisión de atender denuncias”
Era jueves 2 de marzo de 2017. Cecilio Pineda Birto, director del diario La Voz de Tierra Caliente, se encontraba en un autolavado de Ciudad Altamirano, Guerrero. Un sujeto desconocido se acercó y le disparó en varias ocasiones, lo asesinó.
De acuerdo con Espacio OSC, las agresiones comenzaron en septiembre de 2015, cuando descubrió a unas personas que privaron de la libertad a dos de sus familiares que se encontraban en su domicilio, en Coyuca de Catalán. El resultado, una amenaza con arma de fuego de la cual salieron ilesos.
Cinco meses después, en febrero de 2016, Cecilio fue agredido por el presidente municipal de Ajuchitán del Progreso, por realizar crítica en su labor periodística, relacionada con acciones y obras públicas en ese municipio.
Pineda se acercó con organizaciones de la sociedad civil, les informó que temía por su vida y la de sus familiares. Artículo 19 lo puso en contacto con las autoridades para que se activara el Mecanismo de Protección federal, el cual no sirvió para evitar que las balas le quitaran la vida en Altamirano.
La federación le otorgó 6 meses de protección y se le ofreció la reubicación de su domicilio a la Ciudad de México, pero Pineda se negó a aceptar. Después de un año, el Mecanismo fracasó, el periodista fue asesinado. El subsecretario de derechos humanos, Roberto Campa declaró que por no aceptar su cambio de residencia en tres ocasiones como medida de seguridad, le fue retirada la vigilancia luego de seis meses.
“A través de las declaraciones del subsecretario, parece que se pretendiera responsabilizar a la propia víctima del crimen y aludir la responsabilidad que tiene el Mecanismo de Protección”, se lee en el documento “La deuda del Estado mexicano”, diagnóstico realizado por Organizaciones de la Sociedad Civil Para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas (Espacio OSC).
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La tarde de este miércoles Campa lo volvió a hacer: evadir la responsabilidad de la justicia en torno al asesinato de periodistas. Culpó al crimen organizado, en una conferencia de prensa en la cual fue presentado el diagnóstico que refuta una y otra vez sus declaraciones.
“Hay en la estadística un porcentaje importante de agresiones a periodistas que tienen que ver con agentes del gobierno, pero las agresiones graves que han costado la vida de periodistas son prácticamente en todos los casos vinculados al crimen organizado”, dijo Campa ante los medios de comunicación.
De acuerdo con la organización internacional defensora de periodistas Artículo 19, en 53% de los casos documentados de agresiones en México están vinculados con algún funcionario de gobierno.
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“Por una parte está el discurso del gobierno, en el que dice que sí brinda protección a defensores y periodistas, pero por otra está la realidad. La autoridad es responsable y existe una red de contubernio con los agresores, ya sea porque ejerza la agresión directa o por la omisión de atender denuncias”, explica Erick Monterrosas, oficial adjunto del programa de Protección de Defensa de Artículo 19.
Diagnóstico: Política de protección fallida
El diagnóstico de Espacio OSC señala las carencias que tiene la política de protección para defensores de derechos humanos y periodistas. La más importante, señala Monterrosas, es la impunidad para los agresores.
“Falta voluntad política en varios niveles de gobierno para que exista castigo a los perpetradores de agresiones. Hay acciones que se encuentran discoordinadas a pesar de la creación de una Fiscalía Especial para este tema. El problema de fondo está en la falta de rigor en las investigaciones, la incapacidad, los cacicazgos en las entidades y la corrupción que propician la impunidad”, agrega el integrante de Artículo 19.
Otros señalamientos en los que flaquea el Mecanismo de Protección es la falta de capacidad de reacción de la autoridad ante las agresiones físicas, digitales, actos de estigmatización y criminalización, que las medidas no han logrado atender, afirma el diagnóstico.
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Campa defendió el mecanismo; aseguró que se ha acabado con el rezago que tenía. “No tenemos rezago, los cuestionamientos aquí en los años anteriores eran a un mecanismo que no atendió oportunamente las cosas”, aseveró. Hasta el momento, 150 personas cuentan con este Mecanismo de Protección.
Las acciones de la PGR ante los asesinatos de periodistas en México, fue la creación en 2010 de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), la cual, sólo había logrado hasta abril de 2017, 3 sentencias condenatorias de 48 casos investigados desde su aparición; es decir, una efectividad del 7%.
