“La campaña tiene que continuar, aunque con mucho miedo, contrario a lo que algunos falsamente dicen. Hay que superarlo y hay que trabajar para lograr el voto ciudadano”.
Solamente durante media mañana y en grupo numeroso, los aspirantes se atreven a subir a ritmo de trote al Cerro de la Campana o al lomerío de la colonia Sierra Ventana.
Entre “halcones” y jóvenes que beben cerveza en la calle y a plena luz del día, los aspirantes tocan puertas y piden el voto.
Pero los políticos decidieron que no subirán a la parte más alta de esas colonias.
En la colonia Altamira, junto al Cerro de la Campana, unos cincuenta jóvenes que ondean banderas del PAN suben por las empinadas calles, mientras los vecinos salen de sus casas para recibir la propaganda.
Ahí, los candidatos panistas a diputado local por el Distrito 7, Juan Carlos Ruiz, y para el Senado, Raúl Gracia, recorren una de las zonas más inseguras del sur de Monterrey, donde el crimen organizado controla el sector.
“La campaña tiene que continuar, aunque con mucho miedo, contrario a lo que algunos falsamente dicen. Hay que superarlo y hay que trabajar para lograr el voto ciudadano”, explica Gracia.
Los recorridos han tenido que adaptarse ante el embate criminal: en colonias como la Altamira, los candidatos asisten en caravana, aprovechan la luz del día y avanzan lentamente entre la geografía accidentada.
Los simpatizantes de Gracia y Ruiz se congregan en la calle Santos Cantú Salinas, uno de los escenarios más violentos de la colonia que limita con el Cerro de la Campana, en donde han ocurrido balaceras, detonaciones de granadas y homicidios.
Ese es el punto de encuentro para el recorrido de la sección 1373, del Distrito electoral 7, donde al son de una batucada los brigadistas empiezan a repartir trípticos, vasos, paletas, camisetas, bolsas y plumas con el logotipo del PAN.
Las camisetas brillantes de los militantes contrastan con las humildes casas despintadas y las calles con baches.
Ruiz y Gracia voltean en la calle Pípila, donde visitan casa por casa a los vecinos, y ahí responsabilizan al gobierno estatal del abandono de la colonia.
“No le han puesto el menor interés”, dice, “no hemos podido librar ese estado de ilegalidad permanente en una comunidad”.
Cuadras más adelante de donde los candidatos lanzan sus críticas están los límites de las zonas tomadas por el crimen organizado, donde los panistas no se pueden ni asomar.
“Hay tanta muerte, tanto de eso, que los niños no pueden andar en la calle”, cuenta Idalia Onofre, vecina de la Altamira.
Otra mujer, Librada Tapia, cuenta que su hermano, un taquero de la colonia, fue asaltado apenas hace unos días.
“Se llevan a todo mundo” cuenta la vecina.
“Hay balaceras muy seguido”, rememora Simeí Lara, quien presenció la explosion de una granada a media cuadra de su casa.
Las demandas se esfuman entre los tambores de la batucada. El contigente cruza la avenida Río Nazas, donde los automovilistas, disgustados por la obstrucción del tráfico, tocan sin cesar el claxon.
Esta avenida fue tomada por los vecinos de la colonia el 29 de junio de 2011, luego de que la Agencia Estatal del Transporte (AET) decomisara los únicos taxis piratas que subían a las zonas más altas de la colonia, las más inseguras.
“Obviamente que los vecinos viven apanicados, con un temor, miedo constante y pues eso no es manejable”, señala Gracia.
“Los pequeños comerciantes que vimos a lo largo de las manzanas se quejan por falta de seguridad y varios de ellos ya han cerrado”, indica Ruiz.
Así, los candidatos suben por la calle Niño Artillero y doblan en San Agustín.
Una vagoneta identificada con las siglas del partido se mantiene en la retaguardia. Los tripulantes observan a su alrededor y avanzan con lentitud.
Las calles se pierden en la terracería y se puede apreciar el panorama de la ciudad.
Y es ahí donde la realidad sobrepasa el discurso: a plena luz del día y ante la mirada de los políticos, taxis piratas descienden con total impunidad.
Estas unidades ilegales son utilizadas con frecuencia para cometer crimenes, como secuestros, homicidios y violaciones.
“La Constitución del Estado de Nuevo León es clarísima y establece que este tema, así como el de garantizar la seguridad a los neoloneses, corresponde al Ejecutivo estatal”, critica Gracia.
“La realidad es que es una facultad exclusiva del Ejecutivo estatal que debe estar aplicando”, comenta por su lado Ruiz.
La jornada termina a las cinco de la tarde. Después de dos horas de recorrer la colonia, los candidatos regresan a la calle Santos Cantú Salinas y dejan atrás a los vecinos, que seguirán viviendo a la merced del crimen organizado.
