“(Quieren) intimidarme y obligarme a renunciar a la candidatura, que estoy seguro voy a ganar”
“Mi madre, por miedo a la delincuencia vivió los últimos tres años de su vida encerrada, como una prisionera”
El miedo es el factor común del proceso electoral que ya corre en 12 estados del país. Ninguna de las entidades donde en breve se renovarán gubernaturas, alcaldías y/o congresos locales se escapa a las denuncias de algunos aspirantes que temen por su vida.
Amenazas de muerte, actos de intimidación y “persecuciones extrañas” abundan en los actos de campaña de al menos una veintena de aspirantes a un cargo de elección popular, en donde la principal amenaza proviene de grupos delincuenciales que también juegan a la política, en aras de conservar sus áreas de dominio.
El riesgo a la integridad física de algunos candidatos no respeta partidos ni filiación política. Lo mismo los independientes que los candidatos de partidos políticos en Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Zacatecas, Veracruz, Tlaxcala o Tamaulipas, han señalado que este proceso electoral será atípico; la inseguridad es el reto a vencer, antes que convencer al electorado.
En Zacatecas, el clima de inseguridad lo ha dejado de manifiesto el candidato al Gobierno del estado por parte de Morena, David Monreal Ávila, quien ya denunció públicamente su temor a un atentado. De manera abierta solicitó al Gobierno federal que le otorgue medidas cautelares, al considerar que su campaña la realiza en un velo de incertidumbre.
También en Zacatecas, el precandidato de Morena a la alcaldía de Calera, Aníbal González Duran, resultó lesionado, luego de que tres sujetos desconocidos llegaron a su domicilio, no para robarle, sino solo para propinarle una golpiza. A causa del hecho, desistió de sus aspiraciones políticas.
Por su parte, el candidato del PAN al gobierno de Chihuahua, Javier Corral Jurado también denunció públicamente la existencia de “intereses oscuros, que intentan evitar el desarrollo de las campañas, especialmente de los candidatos de Acción Nacional”.
Ahí, a causa del clima de incertidumbre y las amenazas de muerte, el PAN no pudo asignar candidatos a cuatro alcaldías. Sus precandidatos en los municipios de Chinipas, Baníchiva, Gómez Farías y Namiquipa renunciaron de último momento a causa de las amenazas de muerte.
El clima de riesgo bajo el que se mueven algunos candidatos a cargos de elección popular fue denunciado también por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Ricardo Anaya, quien urgió al Gobierno federal que blinde el proceso electoral, a fin de que la jornada del próximo 5 de junio se pueda llevar a cabo sin contratiempos.
Anaya no habla al tanteo. Reconoce el riesgo en el que se encuentran no solo los candidatos de Acción Nacional, sino todos los que van en busca del voto popular: solo en las elecciones pasadas en todo el país murieron 21 aspirantes que querían ser gobierno, todos ellos a manos del crimen organizado.
Y es que los grupos delincuenciales también juegan a la política. En los estados de Veracruz y Tamaulipas, donde la disputa por el control del territorio entre los cárteles del Golfo y los Zetas es a muerte, todos los candidatos tienen miedo.
Ese miedo fue el que hizo recular a la cantante Dulce, quien rechazó la candidatura que le ofreció el Partido del Trabajo (PT) para la gubernatura del estado. Ella argumentó el miedo fundado por el clima de violencia.
“Mi madre, por miedo a la delincuencia vivió los últimos tres años de su vida encerrada, como una prisionera”, se excusó.
Tamaulipas, la raíz del miedo
El miedo que reina en Tamaulipas también fue expuesto por el candidato independiente al gobierno de esta entidad, Francisco Chavira, quien denunció un atentado en su casa de campaña “para intimidarme y obligarme a renunciar a la candidatura, que estoy seguro voy a ganar”, dijo a Reporte Indigo.
Chavira demandó al Gobierno estatal las garantías “elementales necesarias” para poder llevar a cabo su propuesta de gobierno. Responsabilizó al gobernador actual, el priista Higinio Torre Cantú, de cualquier situación de riesgo que enfrente en los próximos días de promoción política.
También allá, Roberto Guajardo Anzaldua fue amenazado de muerte desde el anonimato –hecho que fue atribuido a grupos del crimen organizado- para persuadirlo a que deje la candidatura del Partido Encuentro Social (PES) a la alcaldía del municipio de Río Bravo.
Aunque es de los pocos partidos políticos que lleva candidatos a todos los cargos que se disputan en esta ocasión, el PRI tampoco se siente a salvo del clima de incertidumbre que prevalece en las 14 entidades con proceso electoral en curso. La dirigencia nacional ha extremado la seguridad para sus candidatos a los gobiernos estatales de Puebla, Veracruz, Tamaulipas y Zacatecas.
El foco rojo que el tricolor reconoce tácitamente en este proceso se ubica justamente en el estado de Tamaulipas. Por eso ha redoblado la protección en torno a su candidato Baltazar Hinojosa Ochoa, al que se le ha dotado de un equipo de seguridad sin precedente para un aspirante a la gubernatura en esa entidad.
Las providencias que ha tomado el PRI en Tamaulipas no son infundadas. En junio del 2010, a solo cinco días de las elecciones, el candidato de ese partido, Rodolfo Torre Cantú, fue asesinado por un grupo de sicarios. La candidatura emergente fue asumida por el hermano del malogrado candidato, el actual gobernador Higinio Torre Cantú.
Exigen protocolo de seguridad
A fin de evitar la presencia del crimen organizado en el proceso electoral que arranca, en donde el riesgo no solo se ubica en la amenaza a los candidatos sino en la infiltración de las campañas, las dirigencias nacionales del PRD y del PAN solicitaron al Senado de la República la expedición de un protocolo de seguridad que brinde el proceso electoral en curso.
Ante el reclamo de los dos dirigentes partidistas nacionales, el presidente de la mesa directiva de la cámara de diputados, Jesús Zambrano Grijalva, calificó la propuesta como “seria, responsable, prudente y entendible”, lo que pone de manifiesto la visión de preocupación que prevalece desde la cúpula política sobre el estado de inseguridad dentro del que se están moviendo todas las campañas políticas.
Los dirigentes de los partidos coincidieron que la infiltración del crimen organizado representa un riesgo a la seguridad nacional.
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