Campesinos, necesarios y desprotegidos ante Covid-19

30 de Mar, 2020

Las personas que están en la primera línea de batalla para abastecer a la población mexicana ante la pandemia del Covid-19 no tienen armas para defenderse.

Se trata de las y los trabajadores agrícolas, indispensables en la producción y distribución de las frutas y las verduras que llegan a las centrales de abasto y a los
centros comerciales.

En México, miles de estos obreros y sus familias actualmente se desplazan de sus comunidades a los campos para comenzar el ciclo primavera verano, que arranca en los meses de marzo y abril.

La mayoría de estos campos se concentran en los estados de Chihuahua, Guanajuato, San Luis Potosí, Michoacán, Zacatecas, Morelos, Nayarit y Colima.

Ahí se siembran y cosechan productos como chile, calabaza, jitomate, arándano, moras azules y fresas.

Hermilo Cruz y su familia son rarámuri y cada año viajan del Rancho El Durazno, en la Sierra Tarahumara, al albergue de jornaleros ubicado en Saucillo, Chihuahua.

Es un trayecto que dura 8 horas. En la camioneta familiar se trasladan él, de 53 años; su esposa, de 49; y su hija más joven, de 15.

De marzo a diciembre, él y su esposa trabajan en el campo mientras su hija estudia.

Durante ese tiempo viven en el albergue, donde hay estancias diseñadas tanto para hombres solos como para familias y cada persona aporta una cooperación de 30 pesos semanales, cuenta.

Este año, explica Hermilo, va a trabajar plantando distintas variedades de chile como el morrón, el habanero, el chillaba o pasilla y el de árbol, así como tomate.

Los horarios de trabajo en esa zona dependen de cada patrón y pueden ser de las 6 de la mañana a la 1 de la tarde, de 7 a 12 de la mañana o de 7 am a la 1 pm, dice.

Sin embargo, pese al avance del coronavirus en el país, este sector no ha recibido ningún tipo de medida para que desempeñen su trabajo de manera segura, lo que los pone en una situación
vulnerable y puede ocasionar una grave crisis de salud pública.

Así lo alertó la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas (REJJA) después de realizar un sondeo entre esta población cuando empezaron los primeros casos del Covid-19 en el país.

“Exhortamos urgentemente a las autoridades mexicanas competentes, tanto de los estados de origen como de destino y asentamiento de las personas jornaleras agrícolas y sus familias, presentarles información precisa, sencilla y en sus idiomas sobre las formas de contagio del Covid-19”, pidió en un comunicado.

Sin seguro médico

El lunes 23 de marzo, Hermilo llegó al albergue de jornaleros en Saucillo como cada año, pero ese día ninguna autoridad le informó acerca de las medidas a tomar por el Covid-19.

Hasta esa fecha él desconocía el nombre del virus, sus síntomas y la cantidad de muertes que ha ocasionado en países como China, Italia y España, pues a su comunidad casi no llegan las noticias.

“En la sierra no hay señal, no hay comunicación, escucho solo radio”, dice.

Él se enteró del coronavirus una vez que llegó al albergue por parte de un ex maestro de su hija, quien les avisó que no iba a volver a la escuela.

“Que no iba a tener clases por la enfermedad esa del coronavirus, que le habían dicho sus jefes, que se iban a extender las clases (para después)”, relata.

Hermilo tampoco sabía qué medidas tomar para evitar contagios en los campos agrícolas, donde se trabaja en grupos.

“No nos han informado nada las personas del albergue, que son las que tienen que informarnos”, dice.

Como la mayoría de los trabajadores agrícolas en el país, Hermilio no tiene seguridad social.

“Aquí no nos dan seguro social, nosotros lo que hacemos, lo que tenemos que hacer para la atención médica es tener el Seguro Popular, con él un indígena es atendido gratis en los hospitales”, dice.

Sin embargo, en enero de 2020, el Seguro Popular desapareció y en su lugar se implementó el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el cual ha sido criticado por no operar como se prometió.

Situación que Hermilo no sabía, por lo que solo espera no enfermarse. “Ya si llega, qué le vamos a hacer”, dice.

Trabajo precario

En México se estima que existen casi 3 millones de jornaleras y jornaleros que trabajan directamente en los campos agrícolas, según datos de la Red Nacional de Jornaleros
y Jornaleras Agrícolas (REJJA).

Mientras que la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE 2018) señala que entre 2005 y 2018 se han agregado a las filas de los asalariados del campo casi 900 mil personas de las cuales el 88 por ciento son jornaleros hombres y 12 por ciento mujeres.

“La población jornalera en México sufre de precarización laboral, no solamente por las condiciones en las que desarrolla su trabajo, sino por la ausencia de contratos laborales que, de entrada, no les garantiza la seguridad social y la atención médica”, explica Margarita Nemecio, coordinadora de la REJJA.

Además menciona que solo en algunos espacios donde hay empresas grandes se les provee de algún módulo de salud que les garantiza o les podría garantizar atención médica, pero la gran mayoría tiene que trasladarse a un hospital donde los servicios son muy básicos.

Margarita señala que los empleadores son los primeros que deben de brindar información al respecto debido a la forma de trabajo en estos lugares, que es colectiva.

“Son grupos, trabajan en cuadrilla, si bien no tienen mucho contacto con personal de la empresa, ellos sí trabajan en grupos y cuando se van a rentar o se van a sus viviendas siguen viviendo en colectividad.

“Y donde rentan estos espacios también están en colectividad local, entonces su riesgo es inminente y las características que acabo de describir los vulneran y ponen en una situación crítica si no se toman las medidas, por lo menos preventivas e informativas, que es básico”, explica.

Afectados por el virus

Julián, un indígena me ́phaa de la Montaña de Guerrero, es uno de los primeros trabajadores agrícolas en regresar a su tierra por el coronavirus.

Se encontraba en Villa Unión, Sinaloa, a donde se ha desplazado los últimos 16 años para trabajar en el campo, pero regresó con su familia ante la incertidumbre que ha provocado el Covid-19.

En Sinaloa rentaba un lugar para vivir, pero las personas de la zona le dijeron que mejor volviera a su estado y comenzaron a cerrar locales, por lo que no le quedó otra opción.

“Aquí en la montaña de donde somos nosotros no hay nada, no tenemos nada que hacer en la casa, es tierra seca, no hay ni agua, por eso estamos migrando para Sinaloa. A veces nos va bien
y a veces no, este año fue muy jodido porque no hubo nada de jale”, dice.

Julián, de 63 años, explica que en su trabajo no le pagan por día ni por contrato, sino por camión que se llena, ya sea de frutas o verduras.

Él viaja acompañado de toda su familia, que incluye a nietos de tan solo dos, tres, cuatro y cinco años de edad, quienes se quedan en la camioneta mientras los adultos trabajan.

“Muchas veces nos hemos comunicado con las autoridades municipales para que les incluyan desayunos calientes para los niños que van a la escuela, pero el presidente municipal nunca le hace caso a la comunidad, pues ni escuelas tiene para la gente.

“Mejor llevamos a los niños allá, cuando llegamos a rentar a veces llegan maestros a enseñar un ratito, una hora o dos horas; también ahí les regalan el cuaderno y los lápices”, dice.

Históricamente invisibles

Las y los trabajadores agrícolas y sus familias históricamente han sido una población rezagada y a quienes sus derechos laborales y el acceso a la salud se les ha negado.

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), hasta el 2017, en 15 entidades del país se concentraba el 81 por ciento de la población jornalera.

Mientras que el informe “Violación de los derechos de las y los jornaleros agrícolas en México”, de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas (REJJA), señala que la población es de 20 por ciento mujeres y 80 por ciento hombres.

El documento también dice que el 24 por ciento de las y los jornaleros son población indígena hablante de algún idioma o lengua originaria.

Sin embargo, esta información es insuficiente para conocer y comprender su situación.

“En México no se cuenta con información actualizada, por lo tanto no hay un diagnóstico que evidencie justamente toda la problemática que enfrenta la población jornalera.

“Como no hay una base de datos y de diagnóstico y de perfil y de condiciones laborales de vida de la población, cuando te enfrentas con una situación como la del coronavirus todo eso escapa,porque no tienes la información suficiente”, dice Margarita Nemecio, coordinadora de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas (REJJA).

Sin posibilidad de cuarentena

Los trabajadores agrícolas y sus familias viven al día, por eso permanecer en su hogar en tiempos de coronavirus es un lujo que no se pueden dar.

“Ellos difícilmente pueden algunos sí—, darse la posibilidad de decir, tengo un ahorro que me permite aislarme 40 días”, cuenta

Margarita Nemecio, coordinadora de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas (REJJA).

Pero no es la única razón. Debido a que desempeñan un papel fundamental en la demanda de abasto no solo en México, sino también en países como Estados Unidos, por lo
tanto es imposible que puedan irse o aislarse temporalmente.

“El mercado demanda la distribución de los productos a nivel nacional si lo pensamos en ese contexto, y si lo pensamos en el internacional más, por eso es que no los han aislado, porque su distribución depende de esa mano de obra.

“Es lastimoso pensar que aunque son los abastecedores en el mercado para que los supermercados o las centrales de abasto no tengan un desabasto por lo menos de los productos hortofrutícolas en México, no se esté previendo cómo cuidar a los jornaleros”, explica Margarita.

Aunado a esto, tampoco se les da la posibilidad de contar con atención médica, lo cual debería sería la garantía básica, dice.

Trabajadores criminalizados

Los trabajadores agrícolas en algunos municipios de Sinaloa, como Mazatlán, además se enfrentan a la criminalización, explica Margarita.

Las autoridades están realizando operativos para prevenir el trabajo infantil y detienen vehículos que son de las familias de los trabajadores cuando van o regresan de los campos.

“El operativo está diseñado para que niñas, niños y adolescentes no vayan en las camionetas, pero ese es otro punto. Son campos donde los patrones no les ponen albergues ni instancias infantiles, y en el municipio de Mazatlán hay una que está a dos horas, difícilmente una familia va a viajar para dejar a sus niños si entra a las 7 de la mañana”, dice.

Debido a que los agricultores no les ponen el medio de transporte, las familias tienen que emplear sus camionetas para moverse, las cuales son multadas o confiscadas y llevadas al corralón con infracciones muy elevadas al ser consideradas piratas por las autoridades.

La semana pasada, la REJJA tenía registradas alrededor de 20 casos desde diciembre. Según su información, las multan han ido desde los 500 pesos hasta más de 80 mil pesos.

“Esa cantidad en este contexto de coronavirus es criminal. Una familia que tiene que pagar hasta mil pesos de multa o 300 para que no les retiren la camioneta es el salario que acaban de conseguir para el alimento de esos días para una familia”, dice.

En promedio, un trabajador agrícola gana al día entre 100 y 220 pesos, pero hay casos donde se han registrado pagos de 80 o incluso de 40 pesos, señala.

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