Campos agrícolas, prisiones a cielo abierto

A los 15 años, Abraham Gómez se vio obligado a huir del lugar donde empacaba tomates y pepinos.

El campo de cultivo estaba enmallado y vigilado por guardias que le impedían escapar, por lo que tuvo que abandonar sus pertenencias para que no sospecharan que no regresaría y lo dejaran salir.

Un mes antes, el adolescente había sido enganchado para trabajar como jornalero en un campo agrícola en San Quintín, en Baja California, al otro extremo de su hogar, ubicado en la comunidad de Yabteclum, Municipio de Chenalhó, en los altos de Chiapas.

En ese trabajo, Abraham empacaba vegetales de las 8 desde la mañana hasta las 12 de la noche, sólo tenía una hora de comida entre las 6 y las 7 de la tarde. Eso sucedió en el 2007 y en ese entonces sólo hablaba tzotzil, relata.

Tras escapar de ahí, trabajó en otros campos y así aprendió a hablar español. El último de esos empleos, lo tuvo en el 2012 en un campo llamado “Casas Grandes” ubicado en Hermosillo, Sonora, donde sus derechos también eran vulnerados, pues por trabajar todo el día le pagaban alrededor de 100 pesos, pero al final se quedaba con 40 o 50, ya que también le descontaban la comida.

“Los reclutadores llegan ofreciendo buena paga, alimentación y un cuarto en buenas condiciones. Luego llegas al campo y resulta que no es así. Es una estafa. Es como si te llevaran a ser un esclavo”, recuerda Abraham, ahora de 26 años.

El lugar donde dormía estaba en malas condiciones, era pequeño y lo compartía con 30 personas más. Tras la muerte de un compañero, también de origen tzotzil, aunado a las complicaciones para trasladar su cuerpo y la falta de dinero para pagar el pasaje de regreso a su pueblo, Abraham decidió formar parte de una movilización que obligó a los dueños del campo a pagar el 70 por ciento del transporte.

En el país laboran más de 2.4 millones de jornaleros, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2015 del Inegi. Muchas personas de este sector son migrantes, que salen de sus comunidades para laborar en otras entidades del país.

Estos trabajadores agrícolas, que incluso migran con sus familias, se encuentran detrás de productos que a diario consumimos, como frutas o verduras, y son los encargados de recolectarlas y empacarlas, pero las condiciones infrahumanas en las que se encuentran algunos de estos trabajadores pueden remontarnos al Porfiriato, pues todavía existen campos que tienen tiendas de raya.

En estos casos, las condiciones laborales en los campos agrícolas se pactan de manera verbal, no hay un contrato formal que les estipule jornadas de trabajo, el salario que van a recibir, si van a contar con una vivienda, ni qué tipo de servicios les van a garantizar, como guarderías para las familias con niños, explica Margarita Nemecio, coordinadora de la Red de Nacional de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas.

“A esto se suman las carencias sociales, como el acceso a la educación, a la salud, necesidades alimenticias y el analfabetismo. También es como otra garantía, pues entre menos sepan y conozcas de derecho es más fácil cooptarlos, que hablen con dificultad el español”, agrega.

Otra de las razones que facilitan que los trabajadores del campo sean explotados es la falta de empleo y de oportunidades en sus comunidades. Es el caso de Abraham, pues él tuvo que dejar la escuela para marcharse a trabajar a un campo por la situación de pobreza que enfrentaba su familia.

“En las comunidades de Chiapas no hay acceso a la educación, ni a la salud. Por falta de dinero me sentí obligado a migrar; mi familia no tenía que comer y yo me preocupaba de todo eso”, relata Gómez.

Una de las formas para reclutar a jornaleros, expone Margarita, es a través de engaños de enganchadores que acuden a comunidades con estas características y pegan carteles o perifonean que hay trabajo y prometen buen salario, vivienda, guarderías, cuando las condiciones reales son otras.

Sin embargo, apunta que en los últimos años factores como la militarización y el narcotráfico han forzado a los pobladores a desplazarse o salir de sus poblados.

La Red de Nacional de Jornaleras y Jornaleros tiene detectados 20 estados de la república donde migran los jornaleros para trabajar. Desde hace 3 años, la Red también ha documentado casos de explotación y trata en Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Zacatecas.

Esclavos invisibles

En México, las personas que son víctimas de trata de personas en campos agrícolas son vulnerables porque la mayoría de las autoridades del trabajo no los detectan al no hacer verificaciones, pese al compromiso del Estado por combatir este delito.

Aunque existen acciones de prevención de trata laboral, servicios forzados y la detección de posibles víctimas, las acciones gubernamentales depende en gran medida de la capacidad institucional para llevar a cabo inspecciones en los centros de terreno agrícola.

Aunado a esto, la capacitación y especialización de las y los inspectores de trabajo en materia de trata de personas es esencial, señala un resumen ejecutivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre la intervención de las autoridades del trabajo en la prevención de la trata y la detección de posibles víctimas.

“Poco más del 50 por ciento de las autoridades del trabajo no informaron o no realizaron acciones al respecto. La falta de fortalecimiento de capacidades en la temática repercute de manera directa en la posibilidad de que detecten a posibles víctimas y actúen en consecuencia”, dice el documento.

Además, la colaboración de las autoridades del trabajo en investigaciones penales para indagar posibles hechos relacionados con la trata de personas es prácticamente inexistente, sólo la Secretaría del Trabajo de Coahuila reporta una cooperación, agrega el informe.

El estudio señala que existe desconocimiento de algunas autoridades del trabajo respecto a sus obligaciones y atribuciones en materia laboral, lo que deriva en una limitada atención a los campos agrícolas y a las personas que trabajan en ellos y un saber escaso sobre la trata de personas.

Entre las acciones que se piden ser implementadas ante esta situación está que el gobierno mexicano ratifique el Protocolo de 2014 relativo al “Convenio sobre el trabajo forzoso de 1930” de la Organización Internacional del Trabajo, que entró en vigor en noviembre de 2016.

Otro de los puntos es elaborar, institucionalizar e implementar un protocolo de prevención, detección e inspección en materia de trata de personas en campos agrí- colas con perspectiva de género.