La determinación de último minuto que tomaron el Gobierno de Zapopan y la Universidad de Guadalajara (UdeG) para cancelar el concierto de Gerardo Ortiz, quien ha sido señalado de hacer apología del feminicidio y el narcotráfico, corresponde con los objetivos de las dos alertas de género vigentes en Jalisco.
Tanto el informe técnico que sustentó la emisión de la Alerta de Violencia contra las Mujeres por parte del Gobierno del Estado, como el que fundamentó el Gobierno federal, diagnostican como un problema en Jalisco la reproducción de contenidos con estereotipos que potencian estas acciones.
En el caso del cantante Gerardo Ortiz, quien estuvo a punto de presentarse en el Auditorio Telmex de la UdeG, no solo son cuestionados sus corridos que exaltan la vida de capos del narcotráfico, sino también el video de la canción “Fuiste mía”, que en 2016 lo hizo sujeto a una investigación penal en Jalisco por apología del delito, en específico por feminicidio.
En el Informe del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario para el Estudio y Análisis de la probable emisión de la Alerta de Violencia contra las Mujeres, que dio pie al decreto de la alerta estatal en febrero de 2016, se remarca la presencia en la sociedad jalisciense de actores y productos mediáticos que refuerzan la violencia hacia la mujer.
De las entrevistas realizadas a víctimas indirectas de feminicidios, así como del análisis de contenidos en medios de comunicación, se advierte la falta de sensibilización por parte de las y los reporteros, conductores, periodistas entre otros, así como un alto contenido de programas, comerciales y videos que refuerzan la violencia estructural, colocando a la mujer como un objeto sexual en la mayoría de los casos, y en otros reforzando los roles y estereotipos ‘femeninos’ que fomentan la discriminación
Para evitar la reproducción de contenidos considerados apologéticos de la violencia de género, como sucedió con el video de la canción “Fuiste mía”, ese estudio propuso trabajar con los medios de comunicación.
“Para la generación de acciones que favorezcan la eliminación de contenidos discriminatorios, así como el compromiso de generar espacios dedicados a la inclusión y promoción de una cultura de igualdad”.
El informe considera que la alianza con los medios y con aquellos que tienen una exposición masiva “permitirá sensibilizar e involucrar en acciones preventivas a artistas, conductores y conductoras, locutores y locutoras, guionistas, publicistas, reporteros y reporteras, y en general al personal que labora en dichas empresas de medios”.
Aunque no está claro que se esté realizando en estos momentos, el documento proponía incluso un monitoreo de los productos mediáticos como el video de Gerardo Ortiz, es decir, “la revisión periódica de los contenidos de los medios de comunicación, para destacar el comportamiento de aquellos en los que se promueve y respeten los derechos humanos de las mujeres”.
Finalmente, estipulaba recomendarle al Gobierno federal que en el otorgamiento y revocación de concesiones de medios masivos se calificara “el comportamiento ético y contenidos que difunda cada uno de ellos, en relación con la violencia y la utilización de lenguaje e imágenes sexistas que promuevan estereotipos y discriminación”.
Los informes que sustentaron la emisión de las alertas de género estatal y federal diagnostican como un problema en Jalisco los contenidos que refuerzan la violencia hacia las mujeres
La alerta federal
En el documento técnico que dio pie a la Alerta de Género federal de Jalisco emitida en diciembre de 2018, el Gobierno del Estado reconoce como una acción pendiente la atención de los contenidos mediáticos que favorecen la violencia hacia las mujeres, aunque se destaca la necesidad de contrarrestar los “estereotipos de género”.
En dicho “Informe del Grupo de Trabajo conformado para atender la Solicitud AVGM/09/2016 de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el estado de Jalisco”, se indican como pendientes las actividades dirigidas a eliminar contenidos discriminatorios en los medios de comunicación.
El documento señala que las autoridades como el Gobierno estatal y la UdeG están obligadas a lograr sensibilizar a mujeres y a hombres para la comprensión de que “la violencia es producto cultural y social, que no es natural”, por lo tanto “es susceptible de modificarse para permitir condiciones de vida dignas”.
El objetivo de una entidad con alertas como las de Jalisco debe ser transformar los “estereotipos de género y prejuicios sociales, que validan y legitiman situaciones de desigualdad, inequidad e injusticia social” hacia las mujeres, y en ese afán, el estado está obligado a impedir que tanto autoridades como actores privados “discriminen, violen, interfieran, obstaculicen o impidan el ejercicio de sus derechos”.
Por ello, y justo como pasó con el concierto de Gerardo Ortiz, se debe velar por “eliminar las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que alimenten los prejuicios y perpetúen la noción de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos y los roles estereotipados de las mujeres y los hombres”.
El objetivo de los estados con alertas de género debe ser transformar los estereotipos de género y prejuicios sociales que validan y legitiman situaciones de desigualdad
Cierran las puertas a Gerardo Ortiz
El 25 de noviembre, Zapopan y la UdeG anunciaron que no permitirían que Gerardo Ortiz se presentara en el auditorio de la casa de estudios este 29 de noviembre, pero el anuncio se dio solo después de que el caso llegara a los medios de comunicación y asociaciones a favor de los derechos de las mujeres exigieran que el concierto fuera cancelado.
“La UdeG promueve esta iniciativa para que no normalicemos la violencia como parte de nuestro día a día”, dijo al verse presionado el rector de la UdeG, Ricardo Villanueva Lomelí.
El intérprete fue acusado por la Fiscalía local en 2016 por el ilícito de apología del delito de feminicidio, e incluso obtuvo una orden de aprehensión en su contra. La dependencia también le solicitó a la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía) que indagara al cantante por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
