Candidatos bajo amenaza

“Hola Beto vas a valer madres”.

Ese fue el mensaje que Alberto Merlo Martínez encontró pegado en la puerta de su casa.

El estudiante de Ciencias Políticas se encontraba haciendo las gestiones para convertirse en candidato independiente por la diputación federal del Distrito VI de Puebla.

Habían sido semanas de acoso, por eso no le dio importancia a la nueva amenaza.

Entró a su casa, su cuartel político, a hacer sus actividades junto con otras compañeras de campaña. 

Era 11 de marzo. Minutos después, tocaron a la puerta y una mujer preguntó si le podían brindar asesoría jurídica. Cuando abrió, tres hombres armados entraron por la fuerza a su domicilio. 

“Fue como en una película de sicarios; arrodillado y apuntándome por atrás. Me ataron de manos y de pies con cinta canela y después de haber hecho una casa un desastre, se fueron”, relató el joven de 23 años.

Tras los hechos,  Alberto presentó la denuncia correspondiente ante la Procuraduría General de Justicia estatal y aseguró que eso no frenaría su intención de llegar a San Lázaro.

Esta historia se une a la de varios candidatos que, apenas iniciada la campaña, ya han recibido amenazas.

No es un caso aislado.

En distintos lugares del país, aspirantes a cargos de elección popular o miembros de sus equipos han hecho públicas las intimidaciones de las que han sido objeto. 

Ante este fenómeno, el Instituto Nacional Electoral (INE) solo ha actuado como intermediario en las peticiones de seguridad que han realizado los candidatos.

La Secretaría de Gobernación (Segob), encargada de evaluar cuáles son los candidatos que requieren seguridad, ha reconocido que no se tiene capacidad para cuidar a todos los aspirantes.

“Nosotros no podemos darles seguridad a todos los candidatos postulados en el país. Sí lo vamos a hacer en algunos estados y en lo que se refiere a candidatos a gobernador”, indicó el titular de la dependencia, Miguel Ángel Osorio Chong.

Sin protocolos

Durante el proceso electoral del 2009, cuando México vivía uno de los picos de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, la violencia contra los candidatos a un puesto de elección popular escaló.

¿Intimidación o extorsión?

Las agresiones que han sufrido los candidatos a un puesto de elección popular en diferentes partes del país buscan, en algunos casos, intimidarlos y obligarlos a abandonar sus aspiraciones políticas.

En otros, se trata de agresiones para intentar extorsionarlos y obtener algo del dinero de las prerrogativas que los aspirantes obtienen para el desarrollo de sus campañas políticas.

Cuando los sujetos armados entraron a la casa del candidato independiente Alberto Merlo Martínez, en Puebla, no se llevaron nada ni lanzaron una sola palabra de amenaza. 

No hubo necesidad, los hechos hablaron por sí mismos. Encañonado en el piso de su casa no necesitó escuchar nada más. 

Los sujetos se dedicaron a destruir el mobiliario: rompieron closets, cajones, y puertas.

“Estas personas aparentemente venían buscando algo, pero no dijeron qué. Me dijeron algo de un supuesto dinero, pero yo no tenía idea de qué me hablaban”, narró Alberto.

Ese hecho fue la culminación de una campaña de acoso en su contra, que comenzó un mes antes, cuando anunció su intención de ser candidato independiente.

“Desde el 16 de febrero, que yo doy rueda de prensa, anunciando que ya cumplí con el requisito de las firmas y de todo lo demás y solicité mi registro como candidato independiente, es cuando se desata una ola de violencia contra mi persona y que ya trastoca mi entorno personal.

“Gente vigilando mi domicilio, mi línea intervenida, la de mi madre, la de mi novia, las de mi gente cercana. Personas que nos siguen, tanto a pie como en carro, que las tenemos identificadas”, afirmó el candidato.

Alberto denunció los hechos al ministerio público y los notificó a la Junta Distrital del INE.

Fue Armando Betancourt, presidente de la Junta Distrital número VI, quien solicitó el apoyo de las autoridades para darle protección al candidato independiente.

La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla contestó en un oficio que estaba imposibilitada para darle protección a Alberto Merlo Martínez.

“Nos vemos reducidos de elementos policiales así como de unidades oficiales”, dijo la autoridad.

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla respondió con otro oficio en el que aseguran que espera la orden de un superior jerárquico para brindar protección al candidato. Esa orden no ha llegado.

Para Alberto, la agresión en su contra tiene un trasfondo político; aunque no se atreve a hablar sobre sus sospechas de quién es el autor intelectual.

Agresiones generalizadas

Luego de las agresiones sufridas algunos  aspirantes en las elecciones han abandonado la contienda.

Apenas ayer, un nuevo ataque contra una candidato se registró en Sonora,

La víctima fue la aspirante a la gubernatura por el PRI por la Claudia Pavlovich Arellano.

La casa de campaña de la candidata fue atacada con canicas. La agresión dejó  15 hoyos en los cristales del área de Gestión Social.

“Encontraron pedacería como canicas, como catotas”, dijo a Reforma la secretaria General del PRI e integrante de la campaña de Pavlovich, Natalia Rivera Grijalva.

En Morelos, el propio fiscal del Estado, Rodrigo Dorantes, reconoció que se han registrado 10 casos de ilícitos cometidos contra candidatos a un cargo de elección popular, personas cercanas a ellos o instalaciones de partidos políticos.

En esa entidad, seis candidatos a diversos cargos renunciaron a su aspiración tras recibir llamadas telefónicas donde se les extorsionó y los amenazaron de muerte.

Los aspirantes del PAN en los municipios de Amacuzac, Puente de Ixtla, Mazatepec, Coatlán del Río, Tetecala y Tlalquitenango recibieron llamadas de personas pertenecientes a grupos del crimen organizado, quienes les indicaron que deben “bajarse” de la contienda porque ellos ya tienen a sus candidatos.

Gabriela Pérez Cano, candidata del PAN a una diputación federal por el distrito 5 de esa entidad ha sido atacada dos veces.

El 29 de enero un comando armado irrumpió en su domicilio de forma violenta . La primera vez no se encontraba en su casa y los hombres entraron y amagaron a su hijo, menor de edad. 

Al volver, encontró a su hijo todavía amarrado y con un recado: “Dile a tu mamá que deje la candidatura. Este es el primer aviso”.

El segundo avisó llegó el 24 de marzo, cuando nuevamente entraron a su domicilio, pero esta vez lo hicieron de noche mientras ella se encontraba durmiendo.

Tres hombres fueron directamente a la recámara de la candidata, la encañonaron y repitieron la amenaza: o deja la candidatura o sufriría una peor consecuencia.

Pérez Cano decidió seguir adelante, pero antes sacó a sus hijos de la entidad.

Veracruz es otro de los estados donde se han registrado varios casos de amenazas contra candidatos.

Uno de ellos es Juan Carlos Charleston, candidato del Partido Humanista a una diputación federal por el distrito 11 de Veracruz, quien a principios de mes comenzó a recibir llamadas de extorsión.

Medios locales de la entidad publicaron que Charleston recibió llamadas de alguien identificado como Pedro Torres Z, quien le dijo que “tenían que ponerse de acuerdo” para que le entregara dinero. Incluso, le dio un número de cuenta en Banorte donde debía depositar el efectivo.

Charleston respondió que las autoridades electorales aún no le entregaban los recursos para la campaña. Decidió no contestar más llamadas ni mensajes. Siguieron llegando por decenas.

En ese mismo distrito de Veracruz se documentaron también otros dos casos de agresiones contra aspirantes que decidieron abandonar la contienda.

Uno es el de Armando Rotter, exprecandidato del Partido del Trabajo, en cuya casa buscaban irrumpir cuando su esposa salía a dejar a sus hijos a la escuela.

Tres hombres armados entraron al garaje de la casa y la mujer decidió no bajarse del auto y más bien salir a toda velocidad de la casa y dar aviso a la policía. Rotter decidió retirarse de la contienda.

El otro caso fue el de Gersain Hidalgo, quien era precandidato de Nueva Alianza a la diputación federal por ese distrito.

Una mañana, al llegar a la sede distrital de Nueva Alianza, Hidalgo se encontró con una leyenda pintada en la fachada del inmueble: 

“La diputación o tu familia, tú eliges”. Hidalgo decidió renunciar a sus aspiraciones políticas.

Otro caso registrado en Veracruz fue el de Liliana Castro, candidata a diputada federal por Morena, a quien apenas este lunes le incendiaron su casa, ubicada en el municipio de Acayucan.

Eran las 3:00 de la madrugada cuando sujetos aventaron bombas caseras y prendieron fuego al domicilio. Dentro, la candidata y su familia se encontraban durmiendo. Lograron salir ilesos, pero la casa se incendió totalmente.

En Michoacán, la candidata del PAN a la gubernatura, Luisa María “Cocoa” Calderón, denunció que candidatos de su partido han sido amenazados en municipios de la región de Tierra Caliente, como La Huacana o Tacambaro.

Sin protocolos establecidos

La semana pasada, los líderes nacionales de los partidos políticos se reunieron con Miguel Ángel   secretario de Gobernación, para tratar el tema de la seguridad de sus candidatos en todo el país.

En esa reunión, el encargado de la política interna del país afirmó que se crearía una “ventanilla única” para que los presidentes de los partidos enviaran las solicitudes de seguridad para sus candidatos.

Esta instrucción, dada apenas esta semana y ya con varias denuncias de candidatos amenazados, denota que no existe en México un protocolo establecido sobre cómo deben reaccionar los candidatos y las autoridades frente a una amenaza o un hecho directo contra ellos.

Gerardo Maldonado, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y coautor del estudio “Elecciones, Violencia y Estructura Social”, señaló que no hay protocolos para actuar en caso de una amenaza y esto ocurre, muchas veces, porque el Estado está rebasado y no puede cubrir todas las necesidades de seguridad.

“Un protocolo así tiene muchas complicaciones porque se debe definir a quién cuidar, a los que ya han sido amenazados o a los que, por las circunstancias del propio municipio, podrían ser también amenazados; y además de sebe definir con qué criterios hacerlo.

“El Estado tendría que establecer estos protocolos con criterios muy precisos”, apuntó Maldonado.

Cuando se trata de amenazas perpretradas por grupos delincuenciales, sostuvo el investigador, se trata también de un intento de hacerse de una posición que tiene la capacidad de gestionar o manejar recursos públicos y no solo económicos.

“Más que el control sobre los propios recursos, es sobre las capacidades que tienen estos individuos para ejercer estos recursos; es decir, los gobernantes. Y recursos no solo económicos, sino de vigilancia, de control de impunidad, corrupción”, expuso.

Maldonado señaló que en las comunidades donde sus candidatos son amenazados, es común que baje el índice de participación ciudadana, por lo que las autoridades deben hacer lo posible por dar certeza de seguridad a los votantes.

En diferentes estados del país se han presentado casos de intimidación contra candidatos a puestos de elección popular

> Gabriela Pérez Cano
La candidata del PAN a una diputación federal por el distrito V en Morelos, ha sufrido dos ataques en su domicilio.

> Armando Rotter
El ahora exprecandidato del Partido del Trabajo, Armando Rotter, dejó la candidatura luego de que intentaran entrar a su casa cuando su esposa salía a dejar a sus hijos a la escuela.

> Juan Carlos Charleston
El candidato del Partido Humanista a una diputación federal por el distrito XI de Veracruz comenzó a recibir llamadas de extorsión desde principios de mes.

> Liliana Castro
Candidata a diputada federal por Morena,  en Veracruz, quien apenas este lunes le incendiaron su casa, ubicada en el municipio de Acayucan.

> Gersain Hidalgo
Era precandidato de Nueva Alianza a la diputación federal por ese distrito, pero una mañana, al llegar a la sede distrital se encontró con un mensaje que lo obligó a renunciar a sus aspiraciones políticas.

> Luisa María Calderón
Denunció que candidatos de su partido en Michoacán han sido amenazados en municipios de la región de Tierra Caliente, como La Huacana o Tacambaro.